Exigen que se declare la garrafa social como servicio público
Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron que la actual regulación “es insuficiente” y que “se ha reducido el subsidio”. Y cuestionaron que el Estado “se ha corrido de su rol en desmedro de los usuarios”.
Para los miles de marplatenses que no tienen acceso a la red de gas natural las garrafas representan un servicio esencial. Y, a nivel nacional, ante la advertencia de que la actual regulación de la “garrafa social” es “insuficiente” la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina impulsa una proyecto de ley para que sea declarada como un servicio público “a fin de garantizar el precio de referencia y la efectiva fiscalización y control del Estado”.
Según informaron desde la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, a nivel nacional la asociación resolvió adherirse a un proyecto de ley que fue presentado meses atrás en el Congreso de la Nación y que modifica la Ley Nacional N° 26.020 que establece el “Régimen de la Industria y la Comercialización de Gas Licuado de petróleo” con el objetivo de “garantizar el precio de referencia de la denominada garrafa social, la efectiva fiscalización y control del Estado y la declaración de la garrafa como servicio público”
Según expresaron, la modificación de la norma tiende a favorecer a los sectores de menores recursos y aquellos en que aún no ha llegado el gas natural por redes “posibilitando mediante diferentes mecanismos la adquisición regular, confiable y económica de la garrafa”. Es que advirtieron que pese a que a través del tiempo “se han instituido diferentes programas con el mismo fin, hoy la regulación es insuficiente”
De esta manera, detallaron que “se ha reducido el subsidio afectando el costo, con el agravante de acceder a la misma, ya que no se consigue o se paga por ella un precio exhorbitante llegando en algunos casos a duplicar su valor”. Y señalaron que “el Estado se ha corrido de su rol de control y fiscalización en desmedro de los usuarios”.
“La declaración de servicio público significa proteger los derechos de todos los argentinos y argentinas frente a las empresas que vulneran los mismos en pos de maximizar sus ganancias”, plantearon los defensores del pueblo y destacaron que “el Estado debe contar con herramientas y mecanismos para tener injerencia en la regulación de los precios y debe verificar y penalizar cuando los precios máximos de referencia no son respetados”.
