Ley “ómnibus”: empresarios piden que diputados voten en contra del capítulo pesquero
Desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) exigen “responsabilidad y compromiso” a los legisladores que tratarán la ley “ómnibus”.
De cara a la sesión del próximo martes donde se podrá en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación el dictamen de mayoría que consiguió el oficialismo sobre la ley “ómnibus”, empresarios nucleados en el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) ratificaron su rechazo a la modificación de la Ley Federal de Pesca, exigen “responsabilidad y compromiso” a los legisladores y esperan que “cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad” el capítulo pesquero.
Días atrás, tras trascender las modificaciones propuestas por el gobierno al texto original del proyecto y antes del plenario de comisiones donde –no sin polémica– terminó aprobándose un dictamen de mayoría de la ley, desde CEPA ya habían anticipado su rechazo de plano a cualquier modificación del Régimen Federal de Pesca y consideraban necesario la eliminación del capítulo referido al sector.
Este viernes, de cara a la sesión del próximo martes, volvieron a emitir un comunicado donde, más allá de la incertidumbre sobre el contenido final del dictamen, lamentaron que se haya insistido con las reformas pese a algunos cambios y sembraron su última esperanza en los legisladores que tratarán la norma.
En ese sentido, desde la entidad empresarial exigieron “responsabilidad y compromiso en el debate de los próximos días en el Congreso” y, sobre todo a los legisladores que escucharon la postura del sector, que “cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad todo lo referido a la pesca“. “Apelamos a los legisladores que entendieron las razones que se les brindaron”, apuntaron.
En el comunicado, desde CEPA decidieron manifestar su “total preocupación por el dictamen de mayoría con el que el oficialismo logró alzarse en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, calificaron como “grave y preocupante” que con objetivos recaudatorios “insista en propiciar la licitación de las cuotas pesqueras al mejor postor”, como una de las modificaciones propuestas de un régimen que, remarcan, “no está cuestionado por ninguno de los operadores del sector, ni tampoco por las provincias con litoral atlántico”.
Además, remarcaron la capacidad actual de las empresas pesqueras nacionales que -más allá de las condiciones en las que lo realizan y en las que se redistribuye ese ingreso- procesan más de 793 millones de toneladas en 377 plantas procesadores y exportando el 90% del total, según CEPA.
“El sector realiza constantemente inversiones millonarias en plantas y barcos y genera en forma directa más de 46.000 empleos registrados y en forma indirecta más de 80.000, a lo que se debe agregar además, lo que las empresas abonaron por la adjudicación de las cuotas y los cánones de extracción que se abonan todos los años por las capturas realizadas”, añadieron.
Además, en cuanto a los derechos de exportación –retenciones– plantearon la necesidad de mantener los valores vigentes, de entre el 0 y el 9%, en lugar de avanzar a una tasa única del 15% tal como buscaba el gobierno.
“Si el proyecto original era malo, la actual propuesta no es mejor, es nefasta para la actividad“, insistieron al tiempo que remarcaron que el daño al sector ya se provocó con la sola presentación del proyecto ya que se frenaron inversiones ante la falta de certezas.
Por último, desde la entidad adelantaron que se reservarán la posibilidad de iniciar acciones judiciales “contra toda norma que produzca daño o menoscabo a los derechos de sus asociados”.
