Liberté: tras los reclamos, restablecieron horarios y actividades educativas
En el marco de las limitaciones que sufre la cooperativa carcelaria, el Servicio Penitenciario dio marcha atrás con las reducciones horarias.
En el marco de las distintas limitaciones que sufre la cooperativa Liberté y su taller en la Unidad Penal N°15 de Batán y a la espera de resoluciones en torno a la judicialización de las mismas, en los últimos días el Servicio Penitenciario dio marcha atrás con la reducción horaria que afectaba el normal desarrollo de actividades educativas que llevan adelante.
Luego de la censura sufrida en una entrevista televisiva donde desde la TV Pública apuntaban al Servicio Penitenciario, y luego de que dieran a conocer la presentación de un habeas corpus contra la paralización total de las actividades productivas, al menos una parte de la cooperativa integrada por personas privadas de su libertad y víctimas del delito empezó a normalizarse.
Es que a principios de mes desde el Servicio Penitenciario les informaron una sorpresiva reducción de los horarios de permanencia en el territorio donde llevan adelante, entre otros proyectos, una Diplomatura Universitaria en Integración Social, por lo que tuvieron que suspender diferentes actividades y compromisos asumidos, sin una razón clara y generando -según relataban- una “crisis” en las tareas educativas.
Sin embargo, días después, luego de reuniones y diálogo con las autoridades, lograron destrabar al menos una de las limitaciones que pesan sobre la cooperativa y el taller: “Este logro nos permite retomar nuestras actividades con el entusiasmo y compromiso de siempre, honrando los compromisos laborales y educativos que hemos establecido”, anunciaban, en agradecimiento también a la dirección del penal.
Sin embargo, se trata de solo una de las trabas que perjudican el funcionamiento del espacio que desde 2014 apunta no solo a darles un buen pasar a las personas privadas de su libertad sino también darles herramientas para la vida posterior al cumplimiento efectivo de la pena.
En ese sentido, en junio presentaron un habeas corpus luego de un bloqueo completo a las actividades comerciales y productivas que desempeña la cooperativa, sucedido en marzo y en el marco de actuaciones llevadas adelante por el Juzgado Ejecución Penal N°1, Ricardo Perdichizzi.
En el marco del tratamiento de ese recurso, en agosto tuvieron el visto bueno del juez Juan Tapia, aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apeló esa decisión y, mientras tanto, incumple la orden de reapertura de las instalaciones hasta resolver la cuestión de fondo.
“Las condiciones de trabajo bajo las que veníamos desarrollando la actividad, encuentran sustento tanto en los orígenes mismos del Taller, como en lo oportunamente acordado en el contexto del habeas corpus tramitado durante el año 2018. Es decir, durante 9 años se trabajó sin mayores problemas; con una dinámica aceitada entre los diversos actores que conformamos la población penitenciaria (población y personal del SPB); tampoco han existido observaciones, sanciones, ni falta alguna de parte del Taller y sus miembros que justifiquen una actitud como la adoptada en la actualidad”, señalaron en el escrito donde además reseñan los impactos y pérdidas que sufre la organización.
