Liberté: presentaciones judiciales ante el “bloqueo” de las actividades productivas
Presentaron un habeas corpus por un freno al taller que, afirman, se extendió buena parte del año, con pérdidas e incertidumbre.
Luego de las denuncias de censura por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, la cooperativa Liberté de la cárcel de Batán dio a conocer que inició acciones judiciales -puntualmente con la tramitación de un habeas corpus- contra un bloqueo a sus unidades productivas que afecta a sus instalaciones desde hace meses y que no solo genera pérdidas sino que pone en riesgo el futuro de los emprendimientos. “El único derecho del que estamos privados es la libertad ambulatoria”, apuntan y advierten que atenta contra sus posibilidades de reinserción.
En las últimas semanas la cooperativa integrada por personas privadas de su libertad y familiares de víctimas y que funciona con más de diez unidades productivas dentro de la Unidad Penal N°15 fue noticia por una denuncia de censura en una entrevista televisiva y, además, por reducciones en el horario de permanencia en las instalaciones desde donde realizan actividades educativas, como una Diplomatura de Extensión en Integración Social.
Esas limitaciones, sin embargo, son un capítulo más de un conflicto latente que, aseguran, ya se había intensificado este año con una paralización total de las actividades económicas y comerciales que llevan adelante: fue en febrero cuando el SPB prohibió el acceso de proveedores de materias primas y en marzo vedó la venta de productos elaborados en la Unidad Penal N°15, aunque no tenían en claro el por qué de las limitaciones.
En ese marco, según dieron a conocer, en junio presentaron un habeas corpus luego de aguardar durante meses las promesas de reapertura por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y en agosto Juan Tapia, titular del Juzgado de Garantías N°4, resolvió hacer lugar y ordenar reabrir las instalaciones. No obstante, denuncian que el ministerio incumple con esa orden mientras, en tanto, el organismo del gobierno provincial aguarda por la resolución de la Cámara tras haber apelado la medida.
A partir de las acciones judiciales, desde la cooperativa pudieron conocer que el conflicto surge de actuaciones del titular del Juzgado Ejecución Penal N°1, Ricardo Perdichizzi. El magistrado, explicaron, había solicitado al SPB informes sobre el funcionamiento del almacén de la cooperativa, una de las múltiples unidades productivas que tienen, en el marco de una instrucción sobre el sistema de ingreso de mercaderías por parte de familiares a los presos, aunque desde la cooperativa afirman que se trata de un sistema ajeno al funcionamiento del comercio.
Sin embargo, manifestaron que la respuesta por parte del jefe del SPB, Xavier Areses, fue la de paralizar completamente las unidades productivas de la cooperativa y no solo del almacén, con todo lo que eso implica: ante las consecuencias de la medida, formalizaron la presentación del habeas corpus considerando que se “agravaron” las condiciones de detención en distintos aspectos y calificando la decisión como “irrazonable e ilegítima”.
El actual habeas corpus no fue el único presentado para permitir el funcionamiento de la cooperativa ante las limitaciones impuestas, sino que entre fines de 2017 y 2018 se suscitaron una serie de hechos que también derivaron en una presentación tramitada por el Juzgado de Garantías N°5 de Mar del Plata ante las limitaciones impuestas por el Servicio Penitenciario.
“Las condiciones de trabajo bajo las que veníamos desarrollando la actividad, encuentran sustento tanto en los orígenes mismos del Taller, como en lo oportunamente acordado en el contexto del habeas corpus tramitado durante el año 2018. Es decir, durante 9 años se trabajó sin mayores problemas; con una dinámica aceitada entre los diversos actores que conformamos la población penitenciaria (población y personal del SPB); tampoco han existido observaciones, sanciones, ni falta alguna de parte del Taller y sus miembros que justifiquen una actitud como la adoptada en la actualidad”, señalaron en el escrito.
EL IMPACTO DEL BLOQUEO A LA COOPERATIVA
¿Cómo afecta al taller esta situación? El impacto lo sufren desde distintos ámbitos, considerando que el taller productivo de Liberté actualmente abarca a 200 internos a través de sus 13 unidades productivas institucionalizadas desde 2022 en una cooperativa: huerta, artesanías en madera, apiario, cría de gallinas, cría de conejos, fábrica de carteras, fábrica de relojes, herrería, carpintería en aluminio, marroquinería, entre otras como el almacén y restaurante.
Por ejemplo, a partir de esta traba judicial, tuvieron que interrumpir las donaciones mensuales que realizan al Fondo de Apoyo a Víctimas, en colaboración Pensamiento Penal y Víctimas por la Paz. También, unos 20 colaboradores del taller se quedaron sin trabajo y sin ingresos, se generaron pérdidas por 500 mil pesos en mercadería perecedera, interrumpieron las “viandas solidarias” con las que alimentaban a unas 60 personas privadas de su libertad de manera gratuita, no pueden afrontar costos de mantenimiento y alimentación de conejos y gallinas de los criaderos, y afirman que existe un riesgo a la continuidad de la Diplomatura y otras actividades educativas online que brinda el taller.
“El único derecho del que estamos privados la libertad ambulatoria. ¿Cuál es el sustento para que todo aquello que hemos venido realizando de la noche a la mañana pretenda ser prohibido? Queremos trabajar, queremos estudiar, queremos brindar nuestro aporte a la sociedad y, sin embargo, hoy día no podemos“, plantearon.
Al hacer referencia a “meses del más absoluto bloqueo”, advirtieron que se reducen ingresos de productos de almacén pero también de todo tipo de materia prima; alimento tanto para las gallinas como para los conejos que se crían; y también de cueros, maderas, hierros y demás implementos “que son necesarios para una actividad normal”, señalan.
“La prohibición emanada del Servicio Penitenciario, no sólo perjudica el “hoy” y el “ahora” de los miembros del Taller, sino también nuestro futuro, pues lisa y llanamente nos impide formarnos no sólo como personas, sino como trabajadores para ser un elemento útil dentro del ejido social una vez que recuperemos nuestra libertad“, añadieron.
LA EXIGENCIA DE UN CONVENIO
La falta de un convenio con el SPB, no obstante, sería uno de los argumentos para impedir el retorno al funcionamiento habitual tras el inicio de las actuaciones judiciales. Desde la cooperativa aseguran que ya trabajaron en los requisitos y en su redacción, pero lamentan que tras haber conseguido formalizar la cooperativa entre 2020 y 2022, todavía no pudieron concretar la firma del mismo, por atraso de las propias autoridades que lo propusieron.
Desde la organización aseguran que la suscripción de ese convenio no se concretó ni se tienen certezas de su concreción hasta el momento: incluso, solo después de la presentación del habeas corpus el SPB les presentó un borrador de convenio que, sin embargo, contaba con muchas mayores atribuciones a las trabajadas entre las partes hasta el momento.
En el convenio, denuncian, “el Servicio Penitenciario pretende tener una injerencia inusitada” en la cooperativa y que, además, contempla solo la actividad del almacén, ignorando el resto de las actividades del taller. Además impone otros requisitos que chocan con el espíritu de la cooperativa, como por ejemplo la renuncia de los asociados una vez que se egresen de la cárcel, la adopción de facultades que competen al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el querer fijar el precio de venta de la mercadería y el disponer diariamente de los movimientos bancarios.
“¿De qué servirá entonces firmar un convenio sea hoy mismo o en otros seis meses si ya no quedarán recursos para continuar produciendo? Hoy por hoy el Taller Liberté se encuentra asfixiado“, señalan en su presentación.
