Piden el arreglo del ascensor y un relevamiento del Minella
Luego de la denuncia pública de dos periodistas por el elevador del estadio, desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana buscan que el Emder tome cartas en el asunto para garantizar la accesibilidad de las instalaciones.
El bloque de concejales de Unidad Ciudadana pidió a la Municipalidad, a través de un proyecto de comunicación, que arregle el ascensor del estadio José María Minella y a la vez realice un relevamiento de las instalaciones para efectuar las reparaciones que sean necesarias para “garantizar la accesibilidad”.
En las últimas horas, el periodista Federico Espinoza emitió una dura carta contra el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) donde denunció las dificultades que le genera a su colega Juan Ignacio Ricci la rotura del ascensor del José María Minella para llegar con su silla de ruedas al sector de prensa.
En consecuencia, desde el Concejo Deliberante, el edil Balut Tarifa Arenas se hizo eco de la situación y trasladó estas inquietudes al Departamento Ejecutivo para poder avanzar hacia una solución, que tanto Juan como todas las personas con discapacidad que quieran asistir a ese sector del Mundialista, demandan desde hace años.
En concreto, a través de u proyecto de comunicación el edil exige que el Ente Municipal de Deportes (Emder) “realice todas las gestiones necesarias para garantizar la inmediata y urgente reparación de todos los ascensores”.
Pero no sólo eso, también recomienda que se haga un relevamiento del estado general del estadio y, en virtud de los resultados que arroje, confeccione un plan de obras “garantizando que todas las acciones cumplan con el estándar de asegurar la accesibilidad universal”.
“Es lamentable ver como muchos elementos del Estadio están ausentes de mantenimiento y/o no cumple con estándares de accesibilidad universal, impidiendo o dificultando el uso de las instalaciones para las personas con discapacidad”, lamentó el concejal.
Asimismo, además de hablar de “una obligación ética y moral”, se refirió a la necesidad de que se cumpla con la “obligación legal” plasmada en la ley 26.378 que impone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
