Un primer informe sobre la interrupción legal del embarazo en la Provincia
El relevamiento busca garantizar cifras oficiales y el acceso al sistema sanitario. Los datos abarcan los registros de enero a junio de este año.
En enero, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, oficializó la adhesión al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (ILE) como un componente integral de la política sanitaria. En el marco de la pandemia por el coronavirus, elevaron un primer informe de gestión sobre la respuesta del sistema sanitario, con el objetivo de que las mujeres y personas con capacidad de gestar “puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva y su deseo de maternar”.
Luego de adherir al protocolo nacional, el gobierno bonaerense se aseguró de que todas las Regiones Sanitarias, hospitales públicos y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) fueran equipados con los insumos necesarios como también con asistencia técnica y capacitación del personal sanitario.
En relación al misoprostol, en el informe se detalla que se realizaron dos compras al Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF- de Santa Fe por un total de 192.084 comprimidos, lo que representa unos 16.000 tratamientos. “La disponibilidad del misoprostol permitió visibilizar a la ILE como una práctica de salud”, remarcan en el informe y además agregan: “Su distribución a todos los equipos de salud que ofrecen servicios de ILE facilitó el acceso de les usuaries a interrupciones seguras, tanto en forma ambulatoria en el primer nivel de atención como en las instituciones hospitalarias”.
Por otro lado, en el informe se destaca que previo a diciembre de 2019 en la Provincia de Buenos Aires, “el acceso a la práctica de ILE fue sostenida por algunos equipos de salud distribuidos de un modo desigual en el territorio, las colectivas feministas y el equipo técnico del programa de SSR”. En consecuecia, lamentaron que “las mujeres y personas con capacidad de gestar no contaban con un Estado provincial que asegurara las condiciones materiales, técnicas y políticas para acceder a un aborto seguro”.
El informe revela que entre enero y junio del 2020 hubo un total de 5.784 prácticas. “El 87% corresponden a interrupciones legales del embarazo (5.028)”, indica el relevamiento del porcentaje restante, un 3% corresponden a atención post aborto, aborto espontáneo, entre otras. También observaron un 10% de ausencia de identificación de la práctica, lo cual motiva a seguir trabajando con los equipos en el registro de la información.
Del total de interrupciones legales de embarazo registradas hasta junio, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% fue principalmente en hospitales provinciales.
Otro dato relevante es el tiempo gestacional que cursan las personas que solicitaron la práctica de ILE, tanto referida a la primera consulta como al momento de la resolución. “El 88% de las personas llegan a la primera consulta durante el primer trimestre de embarazo”, informaron.
En cuanto al rango de edades se observa que casi el 56% de las personas registradas tienen entre 19 a 28 años. Mientras que el 8% corresponden a menores de 19 años, específicamente 12 niñas entre 9 a 13 años y 236 adolescentes entre 14 y 18 años.
En tanto que entre abril y mayo las demandas de ILE a nivel provincial “superaron las 500 secuencias mensuales”. En el documento explican que la duplicación de casos se dio en parte por las medidas de aislamiento, pero también con la decisión política en salud púbica para el “acceso a ILE que promovió los llamados para poder acompañar las consultas de ILE”.
En relación a las prácticas de interrupción legal de embarazos en la Provincia, para resolver la falta de datos oficiales sistematizados y confiables, se construyó un sistema de gestión de la información y monitoreo para documentar las características de las prácticas de ILE y uso de misoprostol, como también la distribución de insumos, la identificación de efectores que realizan ILE, las acciones de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas, y la información de las solicitudes de acceso a servicios de la línea 0800 Salud Sexual y su resolución.
