Monte Peloni: a la espera del fallo y de la resolución por Balquinta
El jueves se conocerá el fallo en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, Casación debe resolver si el represor apartado que fue descubierto caminando en la calle debe ser reincorporado.
Tras dos años de debate, para el próximo jueves está prevista la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad comprendidos en el segundo tramo de la causa Monte Peloni, en la que se investiga el circuito represivo ilegal que operó en la subzona militar 12 y abarcó los distritos bonaerenses de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. Y a cuatro días de que se conozca la resolución, todavía no se sabe si serán 22 o 23 los acusados que deberán escuchar la sentencia.
Es que luego de que uno de ellos, Argentino Alberto Balquinta fuera dejado afuera del debate por supuestos problemas de salud pero a las pocas horas se lo viera caminando en la calle sin dificultad, la querella y la fiscalía esperan que la Cámara de Casación resuelva un planteo para que sea restablecido y escuche la resolución que podría ser la de prisión perpetua. Mientras tanto, en el mismo Tribunal de Mar del Plata debe decidirse si Balquinta pierde el beneficio del arresto domiciliario en otra causa, conocida como La Huerta, que todavía no llegó a juicio.
El juicio por el segundo tramo de Monte Peloni en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata -compuesto en esta oportunidad por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas – comenzó el 18 de agosto de 2017. Si bien en la elevación a juicio fueron 32 los acusados, tres de ellos fueron apartados inicialmente por razones de salud –Jorge Liberto Odorisio, Luis Oscar Calcagno y Luis Alejandro Seambelar- y otros fallecieron a lo largo del proceso o también fueron apartados por “incapacidad sobreviniente” -Juan Carlos Cabrera, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Carlos Alberto Saini, Roque Ítalo Pappalardo e Ignacio Aníbal Verdura-.
Así fue que el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Ángeles Ramos y Juan Manuel Portela, pidió prisión perpetua contra 9 acusados y penas de entre 25 y 10 años contra los otros 14. Entre esos nueve pedidos de prisión perpetua está el de Balquinta -comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia- quien esta semana fue noticia por haber violado la prisión domiciliaria que cumple en otra causa por delitos de lesa humanidad -conocida como “La Huerta- y por haber aparecido caminando sin mayores inconvenientes por la calle en Olavarría un día después de que el Tribunal de Mar del Plata lo separara del juicio de la causa Monte Peloni por presuntos graves problemas de salud.
En ese marco, y teniendo en cuenta que la sentencia está programada para este jueves -un día antes se empezarán a escuchar las últimas palabras de los imputados- tanto la fiscalía como la querella (la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se presentaron ante la Cámara Federal de Casación contra la decisión del Tribunal que desplazó del debate al Balquinta y la resolución -si lo reincorpora o no al proceso- deberá tomarla la sala cuatro con la urgencia que implica que ya el jueves próximo será la sentencia. En este marco, este viernes ingresó el expediente a Casación con lo cual se espera una resolución para los próximos días.
(Foto: Marcelo Núñez)
Mientras tanto, y luego de la denuncia de la Comisión Por la Memoria de Olavarría y de la APDH sobre la situación y la difusión de las fotos en la que se lo ve caminando por la calle, Balquinta tuvo que presentarse el jueves pasado ante el Tribunal de Mar del Plata ya que la prisión domiciliaria que goza en la causa “La Huerta” claramente fue violada. A la espera de una resolución sobre si pierde ese beneficio, el represor habría declarado en la audiencia del jueves que efectivamente él era el de las fotos.
Balquinta en el juicio de Monte Peloni está acusado -y por lo que se pidió prisión perpetua- por un caso de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado entre dos o más personas, un caso de violación, 13 casos privación ilegal de la libertad cometida por funcionario publico agravada por mediar violencia o amenaza en concurso real con tromentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la victima, siete casos de coacción y cuatro casos de robo agravado por el uso de arma de fuego.
