Desviaron fondos de un consorcio y construyeron un edificio de siete pisos
La maniobra la detectó la Justicia y dispuso decomisar al menos una cuarta parte de un edificio ubicado en Alvarado y Buenos Aires.
La Justicia Federal ordenó el decomiso de la cuarta parte de un edificio de Mar del Plata en el marco de una causa por lavado de dinero: acusaron a una familia de desviar fondos de un consorcio para adquirir un inmueble. Lo decomisado quedó a disposición de la Unidad de Información Financiera y se dio intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Esta semana se conoció la resolución del juez Santiago Inchausti, del Juzgado Federal N°3, a través de la cual resolvió decomisar de forma “anticipada y definitiva” una parte de un edificio de Mar del Plata por pertenecer a un hombre sindicado como el líder de una organización dedicada al lavado de dinero.
Según la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Eyherabide, el líder de la organización -un hombre que falleció hace tres años- junto a su esposa y sus hijos habían desviado fondos del manejo de un consorcio y la reventa de inmuebles allí emplazados y habían “puesto en circulación” ese dinero.
Según explicaron, todo se desprende de una causa tramitada en la justicia bonaerense que terminó con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 a tres años de prisión de ejecución condicional para la esposa y dos hijos del principal acusado, quien falleció en 2021 durante el desarrollo de la investigación. La condena estuvo centrada en las maniobras que realizaron para “menoscabar el patrimonio de un consorcio del edificio”, el cual entre 2007 y 2020 estuvo a cargo de la familia con la administración de uno de los hijos.
No obstante, tras ello tomó intervención la Justicia Federal ante el posible desvío de esos fondos para comprar en 2013 y en partes iguales un inmueble en Alvarado y Buenos Aires, demolerlo y construir un edificio de siete pisos. Una vez construido, alquilaron sus 18 unidades funcionales con contratos de alquiler y, además, no inscribieron la edificación en el Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, Eyherabide consideró procedente decomisar “los activos de titularidad (del líder del clan) que correspondan en virtud de las maniobras de lavado de activos que se investigan”. El juez, en tanto, falló en esa línea para “asegurar la eventual reparación del daño causado a la sociedad y al Estado”.
Si bien el edificio quedará a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), el magistrado dispuso dar intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que además de analizar el estado de subdivisión y estado de ocupación del inmueble, realice los eventuales contratos de locación para el cobro en una cuenta a cargo del Juzgado interviniente.
