Procesan a un policía y a un prefecto por estafas y defraudaciones con inmuebles
Están acusados de integrar una banda junto a otras cuatro personas, una de ellas prófuga, dedicada a la adquisición fraudulenta e ilegal de casas y terrenos.
Un integrante de la Policía Bonaerense y otro de la Prefectura fueron procesados por la Justicia Federal de Mar del Plata en una causa en la que se los acusa de integrar una banda dedicada a cometer estafas y defraudaciones a través de la adquisición ilegal de casas y terrenos. Hay otras cinco personas imputadas, entre ellas el acusado de ser el líder de la organización y un prófugo.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Santiago Eyherabide, tuvo a cargo de la investigación que se inició a partir de una denuncia anónima recibida tiempo atrás en la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Y el avance de esa investigación con once allanamientos -la mayoría en Mar del Plata- concretados el 8 de noviembre pasado y detenciones derivó en los últimos días en el dictado del procesamiento de seis de los acusados.
La definición estuvo a cargo del titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, que procesó a seis imputados: cinco por integrar una asociación ilícita conformada para adquirir de manera fraudulenta o ilegal viviendas y terrenos mediante la confección y utilización de documentos falsos y un sexto por tenencia ilegítima de arma de fuego.
Pero además, como parte de la investigación, hay un séptimo acusado que se mantiene en calidad de prófugo y que se sospecha podría ser uno de los líderes de la organización.
Una de las particularidades de la investigación es la participación en la asociación ilícita de un integrante de la Policía Bonaerense, concretamente de la comisaría quinta, y otro de la Prefectura Naval Argentina, que cumplían roles fundamentales en la banda, de acuerdo a la acusación.
Para dos de los seis procesados, el acusado de liderar la organización y el prefecto, se dictó también su prisión preventiva, mientras que para otros dos -el padre del líder y el acusado por tenencia de arma- también aunque en su caso se espera que ello se levante cuando depositen una caución de entre 2 millones y 500 mil pesos. A su vez, para quienes no se dispuso que queden detenidos mientras sigue la causa es para el policía y para la única mujer que integraba la banda, con vínculo con una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires.
CÓMO OPERABA LA BANDA
De acuerdo con la resolución del juez Inchausti en base a la acusación trazada por la fiscalía, el modo de operar de la organización, al menos desde agosto de 2022, apuntaba a la adquisición ilegal de inmuebles, como lotes, terrenos y casas, a partir de documentación adulterada y también se sospecha del uso de documentos falsos o sellos aparentes.
A esa instancia, de acuerdo ala acusación, llegaban “por medio de distintas modalidades, como por ejemplo la tenencia de material o instrumentos para cometer falsedades documentales, la intimidación a través de la usurpación de autoridad o de título, o incluso utilizando alguna forma de amedrentamiento ostentando una autoridad falsa o con la utilización de armamento”.
De esa manera, con esas operaciones ilegales concretadas, las propiedades eran vendidas, intercambiadas por otros bienes o conservadas: uno de los casos descubiertos tuvo como víctima a un hombre a quien los acusados contactaron para “asesorarlo” en el trámite para escriturar su propiedad, pero sin embargo un accedió a su título de propiedad.
“La mecánica consistía en realizar cesiones fraudulentas de boletos de compraventa con el propósito de simular la trasmisión de tales terrenos y transcribir dichas cesiones en escrituras, convenciendo así a los ocupantes de los terrenos que habían regularizado la posesión y que contaban con título de propiedad”, indica el procesamiento.
En todo ese armado era fundamental el aporte de los integrantes delas fuerzas de seguridad involucrados. Es que, según la causa, el policías integrante de la comisaría quinta brindaba información a partir de la constatación de lotes de terrenos con titulares fallecidos o que acumulaban una importante deuda por impuestos.
A su vez, los investigadores definieron en esta instancia que el prefecto, por su parte, no sólo asistía a los eventuales compradores sino que les cobraba el dinero pactado o intervenía en los procesos de adulteración de documentación. Y concluyeron que se valía de su actividad “para obtener información sobre investigaciones en curso y posibles allanamientos y dar aviso con anticipación a la organización”.
