Lesa humanidad: tras violar la prisión domiciliaria, Firpo fue trasladado a la cárcel
El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín revocó el arresto domiciliario que el represor cumplía en Mar del Plata luego de que el domingo fuera a un supermercado.
Tras violar la prisión domiciliaria que cumplía en Mar del Plata para ir en auto junto a su hijo a un supermercado, Luis Ángel Firpo -ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601- fue trasladado este jueves por la Policía Federal a la cárcel luego de que el Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín (que lo juzga actualmente) resolviera revocarle la medida que tenía vigente desde 2014.
Firpo fue fotografiado por un equipo de Qué digital el domingo pasado en un supermercado de la zona de Chaco al 500, a unas cinco cuadras de su casa, mientras debía cumplir la prisión domiciliaria. Este jueves cuando se retomó el juicio que se desarrolla en San Martín y del que el acusado participa de manera virtual la fiscal Gabriela Sosti presentó ante el Tribunal compuesto por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Claudia Morgese Martín y Matías Mancini las imágenes del domingo junto a otras tomadas este miércoles cuando Firpo se encontraba afuera de su casa.
De esa manera, solicitó que se revocara el beneficio, a lo cual adhirieron las querellas. Y finalmente, y luego de que la defensa de Firpo reconociera la violación del arresto domiciliario, los jueces resolvieron revocárselo y ordenar a la Policía Federal que lo vaya a buscar a su casa, ubicada en Brandsen al 4600, y lo traslade -previa revisación médica- a la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo.
El operativo se concretó cerca de las 16, cuando el represor finalmente fue retirado de su casa por la policía.
Firpo es uno de los once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército que son juzgados en el debate denominado “Contraofensiva montonera”, que aborda crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 víctimas entre 1979 y 1980.
El juicio comenzó en marzo de 2019 y actualmente se encuentra la etapa de alegatos a cargo de la fiscalía bajo la acusación de delitos como privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios.
Según lo informado por fiscales.gob.ar, a los agentes incriminados se los acusa de haber reunido información relativa a presuntos grupos u organizaciones “subversivas”, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos, para la ejecución del plan de represión implementado por el gobierno militar hacia las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva montonera”, nombre que se le dio a la convocatoria que realizó, desde el exilio, la dirigencia de esa agrupación a militantes que estaban en diferentes países con el fin de volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar.
La acusación da cuenta que el operativo ejecutado por el Ejército apuntó en contra de 94 víctimas, de las cuales 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas en el acto de la intervención militar, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en la clandestinidad.
