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13/08/2019

Dos acusados llegan a un nuevo juicio por los crímenes de la CNU

Se trata de Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo. El proceso de inicia el 11 de septiembre. En diciembre de 2016 ya fueron condenados otros siete integrantes de la organización.

Dos acusados llegan a un nuevo juicio por los crímenes de la CNU
Eduardo Salvador Ullúa, (Fotos: Marcelo Nuñez)

Tras el primer juicio a civiles desarrollado en diciembre de 2016 en Mar del Plata que condenó a siete integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) -organización que cometió delitos de lesa humanidad previos a la última dictadura cívico militar- a partir del próximo miércoles 11 de septiembre dos nuevos acusados comenzarán a ser juzgados en un nuevo proceso: se trata de Oscar Héctor CorresEduardo Salvador Ullúa, quien fue detenido en abril de 2017 tras estar nueve años prófugo de la Justicia.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, este segundo juicio contra el accionar de la CNU se llevará a cabo en el marco de la continuidad de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha que sembró el terror en Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aval estatal para ello.

Para este caso puntual el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata estará integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita -junto a los siete miembros que ya fueron condenados en diciembre de 2016- con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

A su vez, Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Ullúa fue detenido, tras estar nueve años prófugo, en abril de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando estaba por ingresar a un departamento. Es abogado de profesión: se recibió cumpliendo condena en la cárcel por la causa de narcotráfico “Operación Langostino”, tras recibir una pena a 17 años de prisión, aunque salió con libertad condicional cuando cumplió los 11 años y 4 meses de encierro.

De acuerdo a la causa, los “miembros” de la CNU habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto”, citó el fiscal a cargo de la instrucción.

En el histórico juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua el exfiscal Gustavio Demarchi, Fernando Alberto Otero y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.

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