Estafas en el Procrear: Pablo Aquino fue citado a declarar
Deberá presentarse ante la Justicia, al igual que su esposa. Ambos están imputados por 46 estafas y tienen prohibido salir del país. Para la Fiscalía de Delitos Económicos está probada la comisión del delito.
Más allá de la situación interna en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que las estafas cometidas por el constructor Pablo Aquino en el marco del Procrear han sido investigadas por la Justicia desde un primer momento y por eso hay una causa en marcha. En ese contexto, desde la Fiscalía de Delitos Económicos confirmaron que el profesional fue citado a declarar, junto a su mujer Natalia Vaccarro, y que ambos están imputados por 46 estafas en concurso real, que afectaron a alrededor de 100 damnificados y que fueron cometidas entre junio y diciembre de 2014.
Puntualmente, en el transcurso de los primeros meses del año la Fiscalía llevó adelante una serie de allanamientos, recopiló escuchas telefónicas, tomó declaraciones testimoniales y secuestró documentación. Todos estos elementos fueron de suma relevancia para la descripción de los hechos imputados, que son 46 y que afectan a 100 damnificados.
Por eso, ahora, Aquino fue citado a prestar declaración indagatoria y luego el Ministerio Público Fiscal tendrá cuatro meses para continuar con la causa. En concreto, el delito por el que se lo investiga -junto a su mujer- es el de estafas reiteradas en concurso real y por el momento no habría elementos que dieran cuenta de la existencia de terceras personas involucradas en los ilícitos, aunque no se descarta ninguna hipótesis ya que restan producir pruebas como pericias informáticas en los computadoras secuestradas.
Respecto a la situación de Aquino y su mujer, para la Fiscalía de Delitos Económicos se comprobó la existencia del delito porque los contratos no llevaban su firma sino la de “una empresa que en realidad no existe”. En detalle, los funcionarios judiciales consideraron que la pareja aparentaba conducir una empresa que publicitaban a través de Internet y a la que hacían responsable civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos de construcción de viviendas unifamiliares, “para cuya pantalla además instalaron oficinas que mudaron en diversas oportunidades, manifestando poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de la condición de Aquino de empleado municipal”.
De acuerdo al Código Penal, las penas previstas para este tipo de hechos van de 1 mes a 6 años, aunque cada caso es particular dado que las condenas “no implican una suma aritmética”.
En cuanto a la investigación en sí misma, la Justicia aseguró que actuó luego de que solo 2 familias se presentaran como particulares damnificados, más allá de que las estafas afectaron a alrededor de 100 personas. En el transcurso de los meses fueron notificados tanto la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) como el Banco Hipotecario, entidades que aportaron información y colaboraron.
EL DERECHO A LA LIBERTAD
A su vez, y en lo relativo a la libertad de Aquino, desde la Fiscalía destacaron el hecho de que desde un principio tanto él como Vaccaro estuvieron sujetos a derecho y siempre pudieron ser localizados, por lo que no existió nunca riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Sí les fue impuesta una prohibición de salida del país a modo de medida de coerción personal y además rige una eximición de prisión dictada por la Justicia de Garantías, por el tipo de delito y por el hecho de que “en principio es un sospechado y tiene derecho a permanecer en libertad hasta que llegue el proceso”.
