Estafas en el Procrear: Pablo Aquino y su mujer irán a juicio
Así lo resolvió el Juzgado de Garantías Nº 4, que no hizo lugar a la oposición formulada por la defensa. La pareja está acusada de haber cometido más de 50 estafas a beneficiarios del programa de créditos.
Cuatros meses después de elevado el pedido por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, el Juzgado de Garantías Nº 4 hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, pese a la oposición formulada por la defensa, y dispuso citar a juicio a Pablo Aquino y su mujer, Natalia Vaccaro, en el marco de la causa en la que se encuentran imputados como autor y partícipe necesario -respectivamente- por las estafas cometidas a beneficiarios del Procrear.
En concreto, según informaron fuentes judiciales, el Juzgado de Garantías N° 4 no hizo lugar a la oposición formulada por la defensa de los imputados, rechazó el sobreseimiento y aceptó los fundamentos previstos por la Fiscalía de Delitos Económicos en relación a las 52 estafas en concurso real que fueron acreditadas en esta primera instancia.
En ese sentido, se precisó, el magistrado interviniente, Juan Tapia, consideró que el autor penal de los hechos es Aquino, en tanto su mujer –quien se presentaba como vicepresidente de la falsa firma mediante la cual se concretaron las estafas- es partícipe necesaria en relación a las 52 oportunidades en las que se corroboró el delito, que afectó a más de cien personas.
De acuerdo a la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, durante los meses de marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”– concretó 52 estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios.
En cuanto al modus operandi, el constructor suspendido publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.
En ese marco también, y según consta en la el expediente que fue elevado a juicio, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.
Sobre esto último, para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna Aquino –conociendo su situación- el profesional hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”.
