Estafas en el Procrear: la causa todavía espera una resolución
La Fiscalía de Delitos Económicos debe resolver si pide la elevación a juicio o sobresee a Pablo Aquino y a su mujer, quienes están acusados de cometer más de 40 estafas. Se realizaron nuevas medidas de prueba.
La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos en relación a las estafas cometidas por un constructor en el marco del programa Procrear continúa avanzando, aunque lo hace a paso lento. Es que, pese a que ya pasaron más de dos años desde la comisión de los hechos, la causa todavía espera una resolución, ya que los fiscales deben decidir si solicitan la elevación a juicio o sobreseen a los acusados: el constructor Pablo Aquino, quien con la participación secundaria de su mujer -Natalia Vaccaro- está imputado por más de 46 estafas en concurso real, que afectaron a alrededor de 100 damnificados -beneficiarios del Procrear- y que fueron cometidas entre junio y diciembre de 2014.
De acuerdo a lo que puso saber QUÉ, luego de que a fines del año pasado Aquino finalmente se presentará a declarar y diera su versión de lo sucedido–lo que implicó una ampliación de la acusación y la incorporación de siete nuevos hechos- se concretaron algunas medidas de prueba, como una pericia informática, de interés para la investigación.
Ahora, casi seis meses después de la declaración del acusado, el Ministerio Público Fiscal debe avanzar en cuanto a la situación procesal de Aquino y de su mujer Natalia Vaccaro. Si bien no hay plazos definidos, la expectativa es que en los próximos quince días haya una resolución concreta. Mientras tanto, los acusados permanecen en libertad, aunque les fue impuesta una prohibición de salida del país a modo de medida de coerción personal y además rige una eximición de prisión dictada por la Justicia de Garantías.
LA INVESTIGACIÓN Y LOS DELITOS
Para la Fiscalía de Delitos Económicos se comprobó la existencia del delito porque los contratos de Aquino no llevaban su firma sino la de “una empresa que en realidad no existe”. Los funcionarios judiciales sostienen que la pareja aparentaba conducir una empresa que publicitaban a través de Internet y a la que hacían responsable civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos de construcción de viviendas unifamiliares, “para cuya pantalla además instalaron oficinas que mudaron en diversas oportunidades, manifestando poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de la condición de Aquino de empleado municipal”.
De acuerdo al Código Penal, las penas previstas para este tipo de hechos van de 1 mes a 6 años, aunque cada caso es particular dado que las condenas “no implican una suma aritmética”.
