Un habeas corpus por la salud de las mujeres detenidas en Batán
La Justicia falló a favor del pedido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria y exhortó al Ejecutivo de Buenos Aires para que garantice el acceso a la salud de las reclusas. “La imposibilidad de atención médica es una forma de tortura”, habían denunciado.
El Juzgado de Garantías Nº3 hizo lugar a un habeas corpus colectivo solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por “las graves condiciones de detención que padecen las mujeres en la Unidad Penitenciaria 50 de Batán” y exhortó al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a garantizar el acceso a la salud de las detenidas.
La presentación había advertido sobre la precaria asistencia a la salud: falta de personal médico, de provisiones farmacológicas y de móviles de traslado, y deficiente infraestructura para garantizar la integridad de los niños alojados con sus madres.
La titular del juzgado, Rosa Frende, hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por la CPM y justificó el fallo por el “agravamiento ilegal y arbitrario” de las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la UP 50. “La imposibilidad de acceder a la atención médica se constituye como una forma de tortura”, denuncia la CPM desde el 2010.
En ese marco de actuación, durante la última inspección a Batán en noviembre pasado, la CPM volvió a constatar la existencia de “inhumanas condiciones de detención”, lo que motivó la presentación del habeas. En respuesta a lo expuesto por el organismo, la Justicia se presentó en el lugar y, luego de entrevistarse con el jefe médico del área de sanidad y con mujeres alojadas en el pabellón 1 y el sector de aislamiento, avaló las denuncias realizadas por la CPM.
En su resolución, la jueza Frende exhortó al Poder Ejecutivo provincial a incrementar la flota automotriz para la UP 50 de Batán (ambulancias para traslados) y el personal médico (principalmente, especializado en ginecología y pediatría) y de enfermería. Además, reclamó que se arbitren los medios a su alcance para otorgar suficiente provisión farmacológica, insumos y adecuada alimentación.
En otro punto del dictamen, la jueza de garantías solicita que, en la medida de las previsiones presupuestarias, se adecuen las instalaciones de la penitenciaria para asegurar un trato digno para los niños que son alojados junto a sus madres.
“La CPM celebra esta medida judicial que se hace eco de las reiteradas denuncias expuestas por el organismo en los últimos años y exige que se cumpla íntegramente con su resolución. En ese sentido, el organismo advierte que ya existían fallos de la misma índole que nunca terminaron de concretarse. En esos antecedentes, se remarca la actuación del Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, que ordenó una sanción económica de 30 pesos por mujer detenida por día. La sentencia fue por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que obligaban al Poder Ejecutivo provincial y al Servicio Penitenciario Bonaerense a garantizar el acceso a la salud a todas las mujeres detenidas. Sin embargo, la Cámara de Apelación marplatense revocó la aplicación de esta sanción aun cuando reconoció las denuncias sobre las extrema”.
