Buscan prohibir la circulación de vehículos con caños de escape modificados
La iniciativa busca establecer multas y sanciones para quienes utilicen caños de escape que produzcan ruido de impacto.
Centrándose en la contaminación sonora y ruidos molestos que impactan sobre todo en personas con trastorno del espectro autista, un proyecto de ordenanza busca prohibir la circulación de motos y vehículos en general que no cuenten con caños de escape homologados o que hayan sido modificados y provoquen ruidos de impactación por la aceleración, desgaste, defectos o falta de silenciador. Para quienes incumplan con la medida, la normativa establece multas y sanciones de hasta $540 mil.
La iniciativa, ingresada al Concejo Deliberante por el concejal del Frente de Todos Miguel Guglielmotti y que ahora deberá tratarse en comisiones, busca prohibir la circulación de motos, ciclomotores, cuatriciclos y vehículos de todo tipo y cilindrara sin caño de escape homologado.
En detalle, la normativa se extiende a todos aquellos vehículos que posean caños de escape modificados o que produzcan ruido de impacto por aceleración, desgaste, defectos o sin silenciador. En la misma medida, el proyecto de ordenanza prohíbe su comercialización e instalación.
Al momento de presentar los argumentos la propuesta, desde el bloque se centraron en la contaminación sonora y los ruidos molestos que generan los vehículos con caños de escape no homologados y que “producen efectos negativos en la salud física, auditiva y psicológica de la población” y que afectan, sobre todo, a personas con trastornos del espectro autista.
Si bien distintas normativas nacionales y también municipales como la Ordenanza 12032 que establece un marco normativo centrado en la erradicación de ruidos molestos y que va desde los boliches hasta las vibraciones y vehículos, el proyecto de ordenanza se centra en la necesidad de sancionar una normativa específica para regular la circulación de los rodados y la venta de los instrumentos.
En ese sentido, el expediente apunta a generar, desde el gobierno municipal, campañas de concientización sobre los efectos de los sonidos que emiten los caños de escape ilegales y establece la aplicación de multas y sanciones.
Con la Subsecretaría de Inspección General como autoridad de aplicación y organismo encargado de controlar el cumplimiento de la norma en articulación con dependencias municipales, provinciales y nacionales, las multas (con porcentajes mínimos y máximos) partirán de la suma de diez salarios mínimos del personal municipal.
Así, por ejemplo, quienes comercialicen o instalen caños de escape no homologados deberán abonar una multa que podrá partir desde el 50% hasta el 100% es decir que, en base al último acuerdo salarial municipal de 2023 con un salario mínimo del personal municipal de $54.052, la multa podría alcanzar (en su tope máximo) valores de alrededor de los $540 mil.
Para los vehículos que incumplan con la normativa y no adecuen los escapes, las multas oscilarán entre el 30% y 40% de la suma de los diez salarios mínimos ($216 mil) y se aplicarán según el nivel de reincidencia y el horario y lugar (teniendo en cuenta la cercanía a, por ejemplo, establecimientos escolares, sitios de salud o espacios públicos de recreación).
De todas maneras, la iniciativa también establece, dentro del plazo de un año desde la promulgación de la ordenanza, una reducción del 50% de las sanciones y, transcurrido el plazo, entre los primeros 60 y 120 días las personas infractoras tendrán la posibilidad de adecuar sus caños de escape en un plazo que no supere los 30 días de producida la sanción.
Según sostiene el expediente, el proyecto cuenta el apoyo de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automor (Smata), el Sindicato de Cadetes, Mensajeros y Motoristas, el Sindicato de Empleados de Comercios Zona Atlántica y la Asociación Civil “Mundo Azul TEA” Mar del Plata.
