Municipalización de Punta Mogotes: cruces entre el gobierno local y el provincial
El área de Legal y Técnica municipal consideró que no hay impedimentos para avanzar con el trámite. La administración del complejo, a cargo de Provincia, sostiene lo contrario.
El objetivo de lograr la municipalización del complejo Punta Mogotes, que es controlado actualmente por un ente interjurisdiccional conformado en su parte mayoritaria por la Provincia de Buenos Aires y por el Municipio en minoría, volvió a ser tema de debate en el Concejo Deliberante al retomarse esta semana el tratamiento de un proyecto de ordenanza presentado el año pasado por el oficialismo. En ese contexto, se produjo la llegada de dos informes claves y contrapuestos: desde el área Legal y Técnica municipal consideraron que no hay impedimentos para avanzar y desde la administración del complejo sostienen lo contrario.
Para entender parte del debate que volvió a retomarse en el Concejo Deliberante -mientras Juntos por el Cambio lo impulsa también en la legislatura provincial- hay que tener en cuenta que fue en 1979, en plena dictadura cívico militar, cuando comenzó la construcción de los 24 balnearios del complejo Punta Mogotes y que para esas obras el Municipio y la Provincia crearon la entidad “Proyectos especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado” y pidieron un crédito al Banco Provincia.
Por su parte, en la continuidad de la deuda contraída, en 1984 se firmó un convenio entre la Municipalidad y la Provincia que creó un ente interjurisdiccional para administrar el complejo Punta Mogotes como continuadora de “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado”, en el cual se fijó una participación del 70% del gobierno provincial y 30% de la Municipalidad. Desde entonces y hasta la actualidad la Administración de Punta Mogotes es dirigida por un consejo compuesto por tres miembros: dos son designados por la Provincia y el restante por la Municipalidad.
La normativa estableció que, al ser cancelado el crédito tomado, se daría por terminado ese convenio y en torno a este punto surgen las diferencias. Por un lado, quienes sostienen que se debe restituir la administración del espacio a la Municipalidad una vez concluido el convenio y quienes defienden que debe dividirse entre Provincia y Municipio. Por otro lado, quienes sostienen que la deuda existente con el Banco prescribió y quienes aseguran que aún sigue pagándose.
A partir de todos esos antecedentes, el año pasado el radicalismo presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a denunciar el final del convenio celebrado en 1984 y a la liquidación del ente “Administración Punta Mogotes” y su restitución de administración, uso y explotación a la Municipalidad al considerar “extinguida la deuda del ente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
Ese fue el expediente que esta semana volvió a ponerse en discusión en la comisión de Turismo del Concejo y allí se conoció la incorporación de dos informes claves.
Por un lado, el de la Subsecretaría Legal y Técnica municipal plantea, concretamente, que “no existen impedimentos legales para avanzar en la iniciativa impulsada en el proyecto de ordenanza” ya que afirma que “la deuda con el Banco Provincia estaría saldada” y que “de los estados contables de la administración Punta Mogotes no surge que exista deuda con el Banco Provincia ni tampoco consta reclamo alguno por parte de la Provincia a la Administración por el pago de la deuda”.
También sostiene que “desde que es reconocida la deuda con el Banco Provincia (1984) han pasado casi 40 años por lo cual cualquier tipo de deuda que pudiera existir se encuentra extinguida por prescripción”.
Sin embargo, el de la administración de Punta Mogotes, encabezada por el dirigente Fernando Maraude en representación del gobierno provincial, afirma todo lo contrario: “En la actualidad el compromiso asumido de pago de la deuda en cuotas sigue vigente y abonándose en forma mensual, cumpliendo el ente con su obligación de los plazos establecidos. La deuda no ha sido alcanzada por prescripción alguna, restando aún abonar 581 cuotas acordadas, según decreto 4209/97″.
Asimismo, sostiene que efectivamente en torno al dominio del complejo, “la cancelación de la deuda existente con el Banco Provincia, generada originalmente por “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado” y que luego fue asumida por la Administración Punta Mogotes con el cumplimiento de todas las obligaciones de esta última, como el cumplimiento de todas las obligaciones de esta última, da derecho a dejar sin efecto y extinguir su existencia“.
Pero afirma que “si bien no existe un régimen específico que regule el destino de los bienes que forman parte de su patrimonio -que están afectados al cumplimiento de un fin específico y sólo deberán distribuirse una vez satisfechas las deudas-, los mismos deben ser adjudicados en las proporciones de la participación que corresponde a cada uno de los miembros que la integran”.
En el mismo sentido, asegura que “las previsiones previstas a favor de los municipios -entre los que se incluye al de General Pueyrredon- jamás implicaron transferir o ceder la titularidad dominial de las playas y la ribera costera, ni a los municipios ni a las entidades que administraron sucesivamente la explotación del complejo”.
