Arroyo Lobería: recomiendan monitoreos y un abordaje intersectorial del “riesgo sanitario”
Así se desprende del análisis de dos grupos de investigación de la Universidad Nacional en torno a las denuncias de la Asamblea Luna Roja.
El vertido de efluentes al arroyo Lobería por parte de las firmas concesionarias de las dos unidades turísticas fiscales involucradas -los balnearios Luna Roja y Manantiales de Chapadmalal- sumaron en las últimas semanas nuevas interpretaciones, a través de dos informes realizados por parte de grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata en los cuales recomiendan tareas de monitoreo por parte del Estado y un abordaje “intersectorial” de la contaminación denunciada por la asamblea ciudadana de vecinos.
Los operativos realizados en enero de 2020 -por parte de la Autoridad del Agua a instancias de la Fiscalía de Delitos Culposos- y en abril de 2021 -por parte de agentes federales- en los balnearios Luna Roja y Manantiales incluyeron toma de muestras del arroyo Lobería que atraviesa a los balnearios. A eso se suman los resultados dados a conocer por la asamblea a través de muestras particulares que también confirmaron la presencia de altas concentraciones de contaminantes orgánicos. En paralelo: multas, clausuras, allanamientos y el inicio de causas judiciales.
Ahora, esos resultados de muestreos “oficiales” realizados el 20 de enero de 2020 y el 14 de abril por personal de Obras Sanitarias y Autoridad Del Agua, respectivamente, fueron analizados por el Grupo de Investigación de Salud Socioambiental (SSA) de la Escuela Superior de Medicina, a pedido de la asamblea ciudadana.
Así, en parámetros microbiológicos, los investigadores concluyeron en que “existe riesgo para la salud que utiliza el espacio público” en cuestión por la presencia de 240-280 UFC/100 ml de enterococos y 500 NMP/100 ML de enterococos, respectivamente, en las aguas del arroyo Lobería.
En ese sentido, advierten que el incremento de enterococos en esos niveles “aumenta la incidencia de la patologías gastrointestinales tales como gastroenterocolitis, con probables complicaciones como deshidratación, consecuencias sistémicas como síndrome urémico hemolítico, dermatopatías, enfermedades de vías respiratorias y conjuntivitis”.
En lo que respecta a los parámetros fisicoquímicos, afirmaron que los resultados no solo señalan la existencia de contaminantes de naturaleza biodegradable, características de efluentes domésticos y aguas cloacales, sino también relevaron la presencia de contaminantes que calificaron como “más recalcitrantes” asociados a otras fuentes de contaminación como industrias, agroquímicos o basurales, lo que genera exposición a “múltiples químicos ambientales” por parte de la población.
Los allanamientos en Manantiales incluyeron tomas de muestras en 2021.
A su vez, en su análisis de los valores hallados, destacaron que en el muestreo de 2020 se destacan concentraciones de nitratos y nitritos (hasta 34 mg/L y hasta 0,32 mg/L, respectivamente) que superan “los valores a largo plazo establecidos en pautas de calidad del Consejo Canadiense de Medio Ambiente para la protección de la vida acuática”.
Puntualmente en cuanto al hallazgo de nitratos, consideran que al superar el 1 mg/L son indicadores de aportes originados en actividades antropogénicas, en cuanto que las concentraciones superiores a 0,05 mg/L de nitritos serían producto de líquidos cloacales. Frente a ello, reflexionaron: “Las elevadas concentraciones de ambos contaminantes resultan de preocupación, tanto por el impacto en la biota acuática del arroyo como por la potencial intoxicación debido a la ingesta accidental del agua”.
En cuanto a las muestras tomadas en 2021, señalaron que la concentración de nitrógeno amoniacal representa no solo un aumento en comparación a las muestras previas sino también niveles superiores a los relevadas en otros arroyos. “La ingestión de agua contaminada con amonio puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea“, mencionaron al respecto y remarcaron que en los tres casos (nitritos, nitratos y amonio) resultan un riesgo a la salud de la población que utiliza el arroyo Lobería como espacio recreativo”, concluyeron.
Por su parte, como medidas de prevención ante la evidente riesgo de exposición, consideraron importante notificar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre las diarreas agudas asociadas al uso de las aguas recreativas del arroyo Lobería, sobre todo en los centros de salud de la jurisdicción que las registren.
A su vez, remarcaron la importancia de que las autoridades municipales y provinciales lleven adelante “acciones promopreventivas” tales como la emisión de alertas en forma conjunta con los administradores del recurso agua y comunicación sobre el estado del recurso hídrico en tiempo real, así como establecer un “programa de monitoreo del agua y manejo del riesgo”.
A su vez, recomendaron la conformación de una “mesa intersectorial” para abordar la problemática en torno al arroyo Lobería: “El uso del agua recreacional y el ambiente deben ser evaluados de manera integral, interdisciplinaria y con participación comunitaria”, concluyeron.
A su vez, desde la Escuela pidieron que se expida al respecto el Grupo Biodiversidad en Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quienes también redactaron una serie de recomendaciones similares como la implementación de un seguimiento y “un programa de relevamiento de estadística sanitaria que permita vincular casos de afecciones derivadas de actividades recreativas en estas aguas con los niveles guía nacionalmente aceptados”.
En ese sentido, ambos informes aclararon que pocos países mantienen un registro de infecciones frecuentes transmitidas por usos recreacionales del agua, y en Argentina “no existe evidencia o es extremadamente escasa”. De todos modos, reconocieron que hay criterios de “balneabilidad” de aguas dulces o marinas como el EPA, que fueron utilizados como parámetros por el gobierno nacional a la hora de realizar en octubre de 2019 sus “Directrices Sanitarias para uso seguro de aguas recreativas”.
Ambos informes fueron utilizados por la Asamblea Roja para solicitar que intervenga el Concejo Deliberante a través de su oficina de vinculación científica legislativa, creada por ordenanza 24.324. La solicitud fue ingresada a la comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios.
