Contaminación en Luna Roja: tras los reclamos, volvieron a clausurar el balneario
A dos semanas del vertido de efluentes cloacales al arroyo Lobería, el gobierno municipal clausuró la unidad turística fiscal al señalar que “se encuentra en riesgo la salubridad pública”.
La deficiente política de control municipal de los espacios públicos y, fundamentalmente de las concesiones privadas, derivó una vez más en la clausura del balneario Luna Roja, ubicado en la zona de Chapadmalal, luego de las múltiples denuncias públicas e intervenciones hechas por los propios vecinos y vecinas que detectaron hace dos semanas un nuevo vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería y las playas proveniente de las cabañas que, pese a los reclamos, funcionan con el aval oficial en la unidad turística fiscal (UTF).
En enero pasado, tras un año de clausura de las instalaciones por numerosas irregularidades, el balneario ubicado sobre el kilómetro 540 de la Ruta 11 había concretado su reapertura oficial tras el levantamiento de las sanciones por parte del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y en paralelo a la tramitación de una causa judicial por contaminación a partir del vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería.
Pero pasados pasados apenas nueve meses de esa reapertura, el fin de semana largo pasado una vez más las irregularidades quedaron en evidencia: vecinas y vecinos detectaron un nuevo vertido ilegal de efluentes cloacales provenientes de las cabañas construidas en el balneario.
Tras dos semanas de silencio del Emtur y del gobierno municipal sobre lo sucedido y nuevas acciones de reclamo llevadas adelante por vecinas y vecinos nucleados en la “Asamblea Luna Roja”, finalmente el sábado a las 11.30 se formalizó un acta por parte del Distrito Descentralizado Chapadmalal que dispuso la “clausura preventiva” del baleario que es explotado por la firma empresa EJC S.A, a cargo de Leonardo de Siena
En el acta, desde el área municipal señalaron que existen informes y actuaciones de las que “surge una posible contaminación en las aguas y arenas del lugar” y si bien llamativamente repara en que “no existe certeza absoluta en relación a la forma en que fueron tomadas las muestras ni el autor responsable de las mismas y de la contaminación que da cuenta” plantea que “se encuentra en riesgo la salubridad pública”.
En uno de los accesos a la unidad turística fiscal un mensaje colgado por los concesionarios durante el fin de semana hasta pareció burlarse de la situación: “Estamos cerrados preventivamente para readecuar nuestra estructura de cara al inicio de temporada para sorprenderlos con una nueva forma de disfrute de nuestro mágico espacio”.
UN CONFLICTO REPETIDO
En enero, tras un año de clausura de las instalaciones por numerosas irregularidades, el balneario Luna Roja -ubicado sobre el kilómetro 540 de la Ruta 11- había concretado su reapertura oficial tras el levantamiento de las sanciones por parte del Emtur y en paralelo a la tramitación de una causa judicial por contaminación a partir del vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería.
Pasados nueve meses de la reapertura, el domingo 10 de octubre una vez más la Policía Ecológica se hizo presente en la playa: vecinas y vecinos volvieron a advertir un nuevo vertido ilegal sobre el arroyo proveniente de las cabañas que se encuentran construidas en el marco de la concesión.
Había sido el 21 de enero de 2020 cuando la Municipalidad clausuró el balneario luego de las denuncias de vecinos y vecinas contra el expresidente de la firma, Horacio Ipucha, por las irregularidades detectadas en el sector público y privado. Luego, Ipucha dio un paso al costado y la dirección de la firma fue asumida por otros administradores que realizaron trabajos en la infraestructura para lograr que el Emtur, luego de aplicar multas, finalmente habilitara las estructuras mientras en paralelo se mantenía una causa por el vertido de efluentes cloacales en la Fiscalía de Delitos Culposos y Ambientales.
En enero de este año, cuando el balneario volvió a funcionar tras casi un año de clausura, quienes asumieron la empresa EJC S.A habían afirmado en diálogo con Qué digital que luego de las irregularidades estaba “todo regularizado y saneado”, a pesar de los cuestionamientos que seguían por parte de la asamblea de vecinos.
