Luna Roja: a casi dos años de la primera clausura, citan a declarar al exadministrador
Horacio Ipucha deberá declarar ante el fiscal Pablo Cistoldi, acusado por contaminación de aguas y daño ambiental del arroyo Lobería.
A casi dos años de la primera clausura de Luna Roja por el vertido ilegal de efluentes cloacales, este miércoles Horacio Ipucha, el exadministrador de EJC S.A, la firma que concesiona el balneario de la zona sur, deberá declarar ante el fiscal Pablo Cistoldi en el marco de la causa penal iniciada en su contra, en la que está imputado por contaminación de aguas y daño ambiental al arroyo Lobería, hecho ocurrido al menos hasta hace unos 22 meses.
En enero de 2020, una inspección realizada por la Policía en el marco de una denuncia presentada por vecinos y vecinas luego organizados en la “Asamblea Luna Roja“, derivó en la -primera- clausura del balneario ubicado en el kilómetro 542 de la Ruta 11. La denuncia estaba centrada en la existencia de desagües cloacales clandestinos que vertían efluentes sobre el arroyo, por parte de las polémicas cabañas construidas sobre la arena y a pocos metros del curso de agua.
“El nombrado debió contar con un medio de disposición y tratamiento de excretas acorde al lugar donde se encuentra el Complejo, siendo zona de médanos, donde el suelo tiene poca o nula capacidad de depuración”, reza el escrito que presentó el fiscal para su citación.
Además, Cistoldi señala que Ipucha debió “prever que era temporada alta turística, era fin de semana, debiendo extremar los recaudos para asegurar las condiciones de higiene y salubridad de las personas y no desnaturalizar el ambiente”.
Sin embargo, el fiscal considera que el empresario prefirió priorizar “ilícitamente la finalidad de lucro del emprendimiento” y que “optó por contaminar las aguas que desembocan en la playa generando riesgo para la salud y afectando el destido de ese entorno”.
Asimismo, señala que dos días después de la clausura, se estableció que la calidad del agua poseía parámetros microbiológicos como coliformes totales y fecales y enterococos por un valor de 1.500 UFC/100 ml. Es decir, habría evidencia de una contaminación encuadrada en la Ley de Residuos Peligrosos N°24.051, por lo que para el fiscal puede ser motivo de reclusión o prisión de tres a diez años y multa $ 10.000 a $200.000 para su autor.
Cabe recordar que un año después de esa primera clausura, el balneario volvió a abrir en el marco de la concesión vigente de EJC S.A, pero con un nuevo administrador, Leonardo De Siena. En ese entonces, luego de recibir multas por parte de la Municipalidad, recibieron la habilitación para volver a funcionar con la implementación de un nuevo sistema séptico, con el cual sus directivos aseguraban que estaba “todo regularizado y saneado“.
Sin embargo, el pasado 25 de octubre, el balneario fue clausurado nuevamente de forma preventiva luego de que la Municipalidad entendiera que “se encuentra en riesgo la salubridad pública” ante un nuevo vertido de efluentes cloacales denunciado por la asamblea y evidenciado en nuevos informes realizados, entre ellos un estudio particular llevado adelante por la asamblea en un laboratorio privado que arrojó exceso de materia fecal en muestras de agua y arena tomadas en el lugar tras el vertido.
En cuanto a este último y nuevo hecho, desmentido por el concesionario, para la asamblea se diferencia de lo ocurrido previamente en que no hubo premeditación “pero sí negligencia, clandestinidad y faltas contravencionales“.
En este punto, recalcaron la necesidad de “crear nuevas maneras de control” por parte de los distintos sectores del Estado, como también avanzar hacia la “transparencia en la gestión de los bienes comunes”, sobre todo mediante la correcta implementación de la Ordenanza 25.052.
