Luna Roja: vuelven a denunciar vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería
El balneario estuvo clausurado hasta enero por irregularidades similares. Este domingo volvió a intervenir la Policía Ecológica en el lugar.
En enero, tras un año de clausura de las instalaciones por numerosas irregularidades, el balneario Luna Roja -ubicado sobre el kilómetro 540 de la Ruta 11- concretó su reapertura oficial tras el levantamiento de las sanciones por parte del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y en paralelo a la tramitación de una causa judicial por contaminación a partir del vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería. Pasados nueve meses, este fin de semana largo una vez más la Policía Ecológica se hizo presente en la playa: vecinas y vecinos volvieron a denunciar un nuevo vertido ilegal sobre el arroyo. “Este nuevo episodio viene a destapar varias irregularidades”, cuestionaron desde la asamblea vecinal “Luna Roja”.
Según informaron desde la asamblea vecinal, conformada por impulso del conflicto desatado a entre fines de 2019 y principios de 2020, durante este domingo del fin de semana extra largo cuando muchas personas estaban disfrutando del día de playa en la zona de Chapadmalal comenzaron a percibir lo que calificaron como un “espectáculo increíble” en el sector que forma parte de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur: “Se empezaron a sentir olores nauseabundos y una escorrentía de aguas servidas con espuma discurriendo hacia el arroyo donde se encontraban niños jugando”.
De acuerdo a lo explicado, ante la radicación de la denuncia sobre lo que estaba ocurriendo hasta el lugar llegó personal de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas bajo las instrucciones del fiscal Rodolfo Moure, de la Fiscalía de Delitos Culposos y Ambientales.
“Volvió a pasar. Lo habíamos dicho. No puede haber un complejo de cabañas en una zona de restricción hidráulica, contrariando la Ley de Desagües Naturales y el Código de Aguas, funcionando sin prueba de impacto ambiental ni habilitación de OSSE (Obras Sanitarias) ni Autoridad del agua. La tarde de domingo nos llenó de mierda. Caminamos sobre los fétidos desagües cloacales que salían del complejo de cabañas ilegales, llegando al arroyo Lobería. Metros más allá, niños jugando en el agua”, publicaron desde la asamblea en sus redes sociales sobre lo ocurrido.
En este marco, consideraron que el hecho “viene a destapar varias irregularidades” y así se preguntaron “qué oficina del Estado supervisó y dio los permisos de construcción de este sistema cloacal, hecho a nuevo en 2020” y profundizaron que “OSSE no fue, ya que es zona que se halla fuera del radio de su servicio como lo expresaron en 2020 y procedieron a ‘retirarse’ de la causa abierta”. También, cuestionaron: “¿Cómo pudo la Municipalidad levantar la clausura del balneario y otorgar la habilitación para retomar las actividades sin contar los permisos que acrediten legalidad y seguridad sanitaria para la actividad turística y recreativa desarrollada en el lugar?”. Y pidieron explicaciones a la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA).
En enero pasado, cuando el balneario volvió a funcionar tras casi un año de clausura, quienes asumieron la empresa EJC S.A, concesionaria de la unidad turística fiscal, afirmaron en diálogo con Qué digital que luego de las irregularidades estaba “todo regularizado y saneado”, a pesar de los cuestionamientos que seguían por parte de la asamblea de vecinos.
En ese entonces, los concesionarios afirmaron que se había realizado “un trabajo de fondo de la infraestructura” y en torno a obras para evitar que el vuelco de efluentes cloacales provenientes de las cabañas volviera a suceder habían precisado que se anularon los pozos que “podían tener posibilidad de tener vertidos al arroyo” y que se construyó una cámara decantadora para que el vuelco se produjera en un pozo en el estacionamiento.
Tal como publicó este medio, fue el 21 de enero de 2020 cuando la Municipalidad clausuró el balneario luego de las denuncias de vecinos y vecinas contra el expresidente de la firma, Horacio Ipucha, primero por dañar el homenaje a las víctimas de la “Masacre Luna Roja” y luego por las irregularidades detectadas en el sector público y privado.
Luego, Ipucha dio un paso al costado y la dirección de la firma fue asumida por otros administradores que realizaron trabajos en la infraestructura para lograr que el Emtur, luego de aplicar multas, finalmente habilitara las estructuras mientras en paralelo se mantenía una causa por el vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo en la Fiscalía de Delitos Culposos y Ambientales.
“La empresa responsable de la explotación del balneario y del vuelco, cambió a su administrador general en marzo de 2020, quedando este sometido a la imputación de infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y sometido a proceso penal. Este cambio les liberó de un eslabón podrido pero no de la continuidad de las acciones que someten a la ciudadanía y al ambiente a daños y contaminación. Hay responsabilidades de funcionarios públicos y hay medidas pendientes por tomar: cumplir con la ética exigida a sus funciones es la primera, cumplir con las leyes y con la gente es lo que aún estamos esperando que suceda”, concluyeron este lunes desde la asamblea vecinal a través de un comunicado.
