Manantiales: una multa de $250 mil, apelación y más críticas por incumplimientos
Semanas atrás el gobierno municipal ratificó una infracción contra la empresa Rivan SA. Desde la asamblea Luna Roja renuevan las críticas contra la concesión.
Un reciente rechazo por parte del gobierno municipal a un recurso de apelación presentado por la firma Rivan SA -que explota el “lujoso” balneario Manantiales Club de Mar- contra una multa de $250 mil renovó las críticas de las y los vecinos de la zona, impulsores de manera paralela de una causa judicial por contaminación. Es que cuestionaron que la sanción impuesta (de septiembre de 2020) es por la falta de presentación de un Legajo Técnico de Obra acordado en el pliego y plantearon que esa obra “no es otra cosa que la bajada pública, los baños públicos y el área de uso recreativo que debería estar abierto al público los 365 días del año y que el concesionario asumió realizar en el contrato de concesión en 2012“.
El reclamo de las y los vecinos nucleados en la asamblea “Luna Roja” se centra en que “nueve años después les llegó una multa”.
Concretamente, según la documentación oficial, la multa fue impuesta el 20 de octubre del año pasado a partir de un acta de infracción labrada el 9 de septiembre en la Unidad Turística Fiscal denominada Arroyo Lobería y que es explotada comercialmente bajo el nombre de “Manantiales Club de Mar”.
En detalle, la multa impuesta por el Ente Municipal de Turismo (Emtur) fue de $256.930, equivalente al 20% del canon actual por la transgresión al artículo 48º de las cláusulas generales del pliego, es decir por la falta de presentación del Legajo Técnico de Obra.
El decreto a través del cual se interpuso la sanción reparó en que la firma ya contaba con una infracción previa y una multa abonada “por incumplimiento a la presentación formal exigida y que pese al tiempo transcurrido y las múltiples comunicaciones habidas entre las autoridades del Ente y los representantes de la firma, sumado a los plazos adicionales concedidos para la reformulación de un proyecto alternativo, a la fecha no se ha dado cumplimiento con esta obligación formal”.
La multa 20 de octubre del año pasado fue formalizada en un decreto publicado en febrero en el Boletín Oficial municipal y en abril pasado otro decreto firmado por el intendente Guillermo Montenegro la ratificó teniendo en cuenta que la empresa había presentado un recuerdo de apelación, que fue rechazado.
Conocida la decisión del gobierno de confirmar la multa impuesta, desde la asamblea vecinal “Luna Roja” puntualizaron que la infracción da cuenta que “desde el año 2012 no se cumplimentó el requerimiento en cuanto a la presentación de los planos de obra“.
En este sentido, analizaron: “Más allá del mero carácter deficitario por parte de la administración municipal sobre observaciones que pudiéramos hacer al incumplimiento sostenido durante nueve años que concluye con una multa irrisoria para los montos que maneja dicha empresa, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para preguntarnos a qué tipo de obras se refieren, y también, si dicho incumplimiento menciona o no las negligencias más significativas del caso Manantiales Club de Mar”.
Y así plantearon que la obra en cuestión “no es otra cosa que la bajada pública, los baños públicos y el área de uso recreativo que debería estar abierto al público los 365 días del año y que el concesionario asumió realizar en el contrato de concesión en 2012″.
Pero más allá de esos puntos, desde la asamblea se preguntaron por otras denuncias realizadas desde hace años entre ellas “el volcado de efluentes cloacales que la comunidad de Playa Chapadmalal viene denunciando desde el año 2009″ y “la falta de permisos para el uso del recurso agua que el concesionario debió tramitar ante la Autoridad del Agua y que el Emtur nunca exigió su cumplimentación”. También cuestionaron en torno al motivo de infracción en sí “cómo piensa la administración pública resolver una obra que debió haber contado con instancias de participación de la ciudadana y que el Municipio nunca implementó?”.
En el inicio del año integrantes de la asamblea “Luna Roja” llevaron adelante a una protesta en el balneario para denunciar diversos incumplimientos al pliego, entre ellos la falta de accesos públicos que garanticen la circulación y el paso de las y los vecinos, tal como lo habían empezado a reclamar desde fines del año pasado.
Por su parte, en abril pasado la Policía Federal junto a otros organismos estatales llevaran un allanamiento a partir de una denuncia que se tramita desde hace más de un año en la Justicia Federal por contaminación: el vertido de efluentes cloacales en el arroyo Lobería.
La concesión de la unidad turística fiscal (UTF) “Arroyo Lobería” a cargo de la firma Rivan S.A tiene vigencia hasta 2031. Entre las características que presenta la explotación privada del balneario, según el pliego, aparece el alquiler de unidades de sombra, hospedaje, gastronomía y hasta SPA, piscina y gimnasio.
