Manantiales: otra denuncia por múltiples infracciones y reclamos al gobierno
La asamblea vecinal Luna Roja elevó un expediente al Municipio y al Emtur. Piden una inspección oficial, apertura de un acceso público y la habilitación de baños públicos.
Como parte del plan de lucha y de los reclamos públicos iniciados en enero de 2021, la asamblea vecinal Luna Roja formalizó una nueva denuncia ante la Municipalidad contra el balneario Manantiales Club de Mar, ubicado sobre la Ruta 11 a la altura de Chapadmalal, por múltiples infracciones al pliego de concesión vigente hasta 2031. Es que pese a que los cuestionamientos se mantienen desde el año pasado, hasta el momento el Ente Municipal de Turismo (Emtur) mostró una postura alejada de los planteos vecinales, más allá de la imposición de alguna multa por infracciones contra la empresa Rivan SA.
El escrito, ingresado formalmente el 21 de julio tanto a la mesa de entradas de la Municipalidad como al Emtur, además de denunciar quince hechos señalados como infracciones, requiere al gobierno municipal diversas medidas, entre ellas la realización de una inspección para constatar lo planteado y respuestas ante lo denunciado como la apertura de un acceso público y la habilitación de baños públicos en la unidad turística fiscal (UTF) “Arroyo Lobería” explotada bajo el nombre comercial “Manantiales Club de Mar”.
La presentación formulada por la asamblea Luna Roja lleva el título “Manantiales Club de mar: 30 años de discriminación, clandestinidad y contaminación” y expone a lo largo de quince hechos diversas situaciones que, apuntan desde la organización vecinal, representan infracciones a la normativa vigente que debe cumplir la empresa concesionaria y que debe ser controlada por el Emtur.
El escrito está dirigido al propio intendente Guillermo Montenegro, al jefe de departamento de Unidades Turísticas Fiscales del Emtur, Marcelo Trovar, y al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.
“Presentamos formalmente la denuncia por graves irregularidades e incumplimientos a las normas municipales, todas representando perjuicios para el afluente turístico y comunidades colindantes”, sostiene en su introducción el informe y acusa que la empresa “vulnera palmariamente las condiciones fijadas por el Concejo Deliberante, no reconoce sus propias faltas, e incluso con carácter beligerante y con total confianza en su temerario accionar, llega a demandar judicialmente al mismo Estado municipal, pretendiendo la total impunidad de su oprobioso accionar”. En este último punto reparan en una demanda realizada por la firma ante una multa impuesta en 2020.
Entre los hechos denunciados, la asamblea reitera uno de los principales reclamos sostenidos desde el año pasado: la falta de acceso o de posibilidad de permanencia en los espacios que debieran ser públicos. “Se permite ingresar sólo a quienes contratan servicios arancelados, excluyendo a aquellas personas que desean visitar las áreas de la unidad en calidad de uso público. Esta acción es discriminatoria”, plantea y enumera que la UTF “no cuenta con bajada pública, ni con baños públicos ni con espacios públicos de ningún tipo”.
Asimismo, describe que la UTF cuenta con tres accesos, de los cuales “dos de servicio (están) cerrados con cadena y candado, y un tercer acceso el cual cuenta con dos barreras que impiden el libre paso”. Y señala en torno a las bajadas públicas que “el concesionario posee la totalidad de sus accesos cerrados durante los días de semana, de lunes a viernes durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, salvo fines de semana largos y vacaciones” y que “también cierra el acceso en horarios nocturnos, incluso en temporada de verano”.
Por otro lado, la presentación denuncia la existencia de “dos basurales a cielo abierto, daños en diversos sectores de áreas de esparcimiento y estructuras inutilizadas” y la colocación de instalaciones fuera del perímetro de la UTF. Y repara en el espacio conocido como la “excapilla” que la empresa usaba como depósito y que el año pasado fue “recuperada para el uso público” por parte de la organización, lo que motivó la formación de una causa penal a partir de una denuncia del concesionario.
Asimismo, enumera como irregularidades la falta de obras comprometidas en el pliego licitatorio y denuncia, tal como lo hizo en una causa penal abierta en la Justicia Federal que derivó en abril de 2021 en un allanamiento de la Policía Federal, la existencia de “instalaciones clandestinas para el tratamiento de aguas sanitarias, sin permiso para su implementación, construcción ni utilización y sin ser registradas ante la Autoridad del Agua”.
Tras la enumeración de los distintos cuestionamientos, desde la asamblea Luna Roja le piden al gobierno municipal, entre otros puntos, “la apertura inmediata con carácter urgente de un acceso público a la UTF, la inmediata instalación de baños públicos abiertos todo el año y la clausura preventiva del los siete pozos ciegos y el sistema conexo de aguas sanitarias y todo sistema de agua que no cuente con permiso y habilitación expedida por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires”.
Además, requieren que se lleve a cabo una inspección “a efectos de constatar todas las infracciones denunciadas” y que se “proceda a las sanciones correspondientes”.
Meses atrás, en el marco de un expediente iniciado a partir de los reclamos vecinales en el Concejo Deliberante se conocieron dos respuestas de Emtur: por un lado, una promesa de inicio de obra en torno a la falta de acceso público y peatonal y, por otro, una afirmación de las autoridades de “no tener conocimiento” sobre avances en la causa que investiga la posible contaminación del arroyo Lobería, que atraviesa al balneario.
Una de las respuestas llegó firmada por la asesora legal del Emtur, Carolina Muzzio, en la que repasó que a principios de 2021 mantuvieron una reunión con las y los integrantes de la asamblea Luna Roja y que el ente “tomó nota de las supuestas irregularidades denunciadas”, aunque planteó que “las apreciaciones formuladas resultan subjetivas en varios puntos y sometidas a intereses particulares de los presentantes”. También planteó que “las cuestiones esgrimidas por los concesionarios en relación a la imposibilidad de avanzar con la obra tal como fuera prevista merecieron su análisis y las infracciones pertinentes”.
Por su parte, una segunda respuesta firmada por la presidencia del Emtur reparó en que en noviembre se llevó a cabo una reunión con la Autoridad del Agua provincial en forma conjunta con la Secretaría de Obras municipal donde se planteó la problemática del sector: “Se han mantenido reuniones con la firma concesionaria, y la misma ha planteado las obras correspondientes a la intervención del acceso público y peatonal”. En ese sentido, desde el Emtur puntualizaron que el expediente hacia diciembre del año pasado se encontraba bajo el análisis de la Dirección de Control en Unidades Turísticas Fiscales (UTF) dependiente de la Secretaría de Obras.
