Suplencias en la UCR: la Justicia no tiene injerencia
Eso es lo que el procurador municipal le informó a los ediles. Según expuso, no es en ese ámbito en el que debe dirimirse la cuestión relativa a las irregularidades en los reemplazos. El expediente quedó en comisión.
El caso de las irregularidades en las suplencias en la Unión Cívica Radical (UCR) parece no haber llegado, por el momento, a ningún lado. Es que, si bien hace algunas semanas la comisión de Legislación había resuelto elevar ante el Juzgado en los Contencioso Administrativo una pretensión declarativa de certeza -con el objetivo de que la Justicia hiciera una interpretación de la normativa e indicara cuál es el procedimiento administrativo a seguir- lo cierto es que eso no sucedió.
De acuerdo a lo que precisó el actual vicepresidente de la comisión, Cristian Azcona, antes de elevarse dicha pretensión se había decidido hacerle una consulta al procurador municipal, Mariano Perticarari. En ese sentido, la respuesta que recibieron fue contundente: no es en el ámbito judicial donde debe dirimirse esta cuestión y no corresponde que los ediles utilicen a la Justicia como órgano de consulta.
Entonces, explicó Azcona, se comunicó esta información a los integrantes de la comisión y la idea es que el próximo lunes se vuelva a abordar el expediente, que quedó en comisión, con el objetivo de que, de una vez por todas, se llegue a una resolución respecto a si la UCR incumplió algún tipo de norma a la hora de efectuar los reemplazos dentro de su bloque.
Cabe recordar que la polémica surgió cuando Rosana Morrone, primera suplente en la lista de la UCR, ingresó una nota al Concejo en la que dijo no haber sido convocada por la fuerza para reemplazar Maximiliano Abad y Mario Rodríguez, a pesar de que ambos ediles habían pedido licencias, pero sus bancas habían sido ocupadas por Gonzalo Quevedo, quien en la lista que encabezó Vilma Baragiola en 2011 figuraba debajo de Morrone.
A raíz de esta situación, fueron elevados diversos pedidos de informes, pero ninguno de ellos –ni el de la Procuración Municipal ni el de la Asesoría General de Asuntos de Gobierno de la Provincia.- fueron vinculantes, por lo que la decisión respecto a los pasos a seguir siempre estuvo en manos de los propios integrantes del Concejo Deliberante.
