Amenazas contra referentes de AMI: prisión preventiva para un expolicía
El acusado es la expareja de una mujer que lo denunció por violencia de género con representación legal de la titular de AMI.
A dos meses de realizada la denuncia pública y judicial por parte de la referente de la ONG Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) de Mar del Plata, Claudia Vega, la Justicia Federal procesó y dictó la prisión preventiva para un expolicía que está acusado de ser el autor de las amenazas: se trata de la expareja de una mujer que era representada legalmente por la referente de AMI, que es abogada, en una causa por violencia de género.
Claudia Vega –abogada- es la presidenta de AMI y Patricia Vozzi la secretaria, y ambas recibieron en mayo de manera simultánea mensajes de WhatsApp a través del mismo número con graves amenazas, de tono “fascista y antifeminista”, según remarcaron, que en un tramo se expresaba contra las personas que son representadas por Vega en causas judiciales al calificarlas como “lacras humanas que no merecen ser defendidas”.
Y justamente esa terminó por ser la clave de la causa judicial encabezada por la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri: de acuerdo a la investigación, el autor de las amenazas fue un ex integrante de las fuerzas especiales de la Policía Bonaerense y expareja de una mujer que es representada por Vega en una causa iniciada por violencia de género en la Justicia provincial.
Los avances en la causa, de la que oficialmente no se conoció ningún dato hasta este miércoles, derivaron en la detención del acusado, tras haber permanecido prófugo, y en los últimos días en el dictado de su procesamiento y de la prisión preventiva en una resolución del juez Santiago Inchausti. Además, se le fijó un embargo de $1 millón con el objetivo de “garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberle y reparación de las víctimas”.
De acuerdo a la resolución del juez, y en línea con lo planteado por la fiscalía, el objetivo de las amenazas realizadas contra la abogada y dirigente de la ONG que trabaja en el acompañamiento del colectivo LGBTIQ+ era evitar ciertas actuaciones en los expedientes en los que el imputado fue denunciado por violencia de género en la justicia provincial.
Inchausti al dictar el procesamiento planteó que el expolicía llevaba adelante distintas acciones contra su expareja “como método de dominación en el marco del círculo de violencia” en el que la había involucrado y remarcó que se comprobó que obtuvo y puso a nombre de ella gran cantidad de armas y bienes, registró líneas telefónicas bajo su titularidad y creó correos electrónicos con su nombre.
Asimismo, reparó en que la línea telefónica desde la cual se realizaron las amenazas había cambiado de titularidad justo el día anterior al hecho y se había fijado a nombre de la mujer. En ese contexto, el juez señaló que en una de las denuncias formuladas ante la Justicia provincial la mujer había acusado una serie de amenazas que le efectuaron desde un mail que estaba registrado bajo sus datos personales.
A la hora de argumentar el dictado de la prisión preventiva, el juez planteó que al haber integrado una fuerza policial “cuenta con un entrenamiento físico, que le permitiría cumplir agresiones sobre la persona de las víctimas, también que tiene conocimiento en el uso de armas y acceso a estas, asimismo que cuenta contactos y medios necesarios para sustraerse del accionar de la justicia”.
LA INVESTIGACIÓN Y LA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL
Según informó la fiscalía desde fiscales.gob.ar, a lo largo de la investigación se realizaron entrecruzamientos de llamadas y se analizó su impacto en las antenas de telefonía celular además de una serie de allanamientos en domicilios del entorno del implicado en los que se secuestraron distintos tipos de armas, 2586 municiones, un silenciador, una mira holográfica táctica y los documentos de identidad tanto del hombre como de su expareja y el hijo de ella.
“De todo ello se deriva que las amenazas infundidas sumado a las circunstancias personales del imputado (ex funcionario de fuerzas especiales) con el material incautado hacen a todas luces que dichas amenazas sean serias e infundan miedo por la integridad de las amenazadas”, resaltó el juez Inchausti.
En su resolución, el juez entendió que el objetivo de las amenazas del acusado era que la abogada no desempeñara su función como representante legal de su expareja y agregó que, de acuerdo al contenido de los mensajes, podría vincularse con la ideología que tiene la damnificada. Para el juez, el accionar del imputado “no era otro que el de sometimiento y vulneración de estas mujeres víctimas y compeler a que la abogada de su ex mujer no realizara actos que pudieran involucrarlo”.
Por otro lado, desde la fiscalía explicaron por qué la causa sigue bajo el trámite de la Justicia Federal teniendo en cuenta el tipo de delito y pese a algunos planteos de incompetencia que fueron rechazados.
“La actuación de la fiscalía estuvo guiada, desde el inicio, por el deber de la debida diligencia reforzada que se desprende del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las mujeres. Se planteó la actuación articulada en función de ese deber, más allá de las cuestiones de competencia que se pudieran suscitar y que, incluso cuando efectivamente se plantearon, fueron rechazadas por el magistrado”, resumieron.
