Aborto: a un año de la sanción, el objetivo de “institucionalizarlo” a nivel local
A un año, afirman que la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir es la que garantiza el derecho y reclaman “una decisión institucional” del Municipio en la política.
Este jueves se cumple un año desde la sanción de la ley 27.610 de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” pero, a pesar del paso del tiempo, todavía hace falta dar pasos firmes para garantizar un pleno acceso al derecho. Es que si bien hay decenas de establecimientos de salud que lo garantizan tanto en Mar del Plata como en el resto de la Zona Sanitaria VIII, aseguran que todavía falta una “decisión institucional” del Municipio para sostener esa política pública a nivel local, por fuera del trabajo de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. El balance del acceso al aborto a un año de convertirse en ley.
No sin un previo fuerte debate social y parlamentario cargado de intereses individuales y religiosos, desde el 30 de diciembre de 2020 el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es ley en todo el país. Desde ese momento, si bien se dieron grandes pasos para garantizar su cumplimiento, también hubo fuertes trabas y, a su vez, todavía resta un camino por recorrer.
Amalia Musso es referente local del área de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Región Sanitaria VIII, y quien de puño y letra apuntó meses atrás contra el “accionar ilegal” del Municipio de General Pueyrredon por la orden emitida de no atender demandas de IVE en las guardias de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Hoy en día, tras esa polémica con la Secretaría de Salud que conduce Viviana Bernabei, Musso indicó que el Municipio informó de manera institucional que “lo están garantizando en los CAPS a través de la Red” pero no se refirieron a la prohibición explícitamente. De todos modos, sostiene que la nota emitida en su momento está sin efecto “por ser ilegal”.
“Todas las presentaciones como la del juez (Alfredo) López o institucionales en contra han sido desestimadas. Las instituciones no pueden ser objetoras, declararse provida. Son cuestiones personalistas que intentan hacerlas institucionales, generalmente personas objetoras, obstructoras que le quieren encontrar la vuelta a impedir el acceso a un derecho a las mujeres”, explicó en diálogo con Qué digital en torno a las dificultades que se encontraron a nivel local y en la región en estos doce meses.
Cuando asumió en su cargo, a mediados de 2020, Musso indicó que en el sistema de salud municipal había una importante carga de personal “objetor” pero que, también, se encontraba la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que como organización de profesionales de salud municipales se encargaba -y se encarga- de garantizar el acceso a un tratamiento seguro: “El Municipio lo garantiza a través de la red, no por una decisión institucional“, cuestionó.
Por su parte, en cuanto al resto de los 16 municipios que conforman el área de influencia de la Zona Sanitaria, Musso señaló que en otros municipios de la Provincia hubo casos en los que los secretarios de Salud debieron dejar sus cargos debido a la incompatibilidad de sus posturas obstructoras. “Comprendieron que al ser ilegal la obstrucción no podían seguir al frente de la gestión”, indicó.
En suma, a nivel local, explicó, se garantiza en 22 CAPS “periféricos” a través de la Red de profesionales, a los que se suma el Hospital Materno Infantil -orientado al segundo trimestre de embarazo, es decir, la intervención “legal”- y el Hospital Interzonal -orientado al primer trimestre de embarazo, es decir, la intervención “voluntaria”-. “Los dos hospitales provinciales tienen equipos y reciben derivaciones de complicaciones o segundo trimestre de toda la región”, aclaró.
MÁS ALLÁ DE LAS TRABAS, UN AÑO DE AVANCES EN EL DERECHO A DECIDIR
En primer lugar, la referente destacó el aumento de “más del 150%” de los efectores garantizan la práctica desde la implementación de la ley en la Provincia: antes de la ley había 38% de efectores y al momento pasaron a ser un 93%. “Eso significa que se garantizaba la ley en 51 municipios y ahora se está garantizando en 125 de los 135 municipios“, introdujo, y aclaró que en esos diez municipios restantes hay efectores de salud provinciales que lo garantizan, por lo que solo en cinco casos deben trasladarse a otras localidades.
El debate y la posterior ley permitió dar pasos importantes en materia de salud y, uno de ellos, además, pasa por la conformación de los equipos profesionales estatales. Además, Musso destacó el rol de la Provincia en lo que hace a las capacitaciones virtuales del personal encargado de garantizar el acceso al aborto: “Esas capacitaciones tienen altísimos porcentajes de participación. Porque la ley también hizo que haya interés y necesidad de aprender a garantizarlo“.
Asimismo, destaca que la Ley no solo erigió al Ministerio de Salud de la Provincia como “contralor” del cumplimiento del derecho sino que, además, es el principal proveedor de misoprostol “en tiempo y forma” e incluso al sector privado. “Eso cuesta un montón, cuesta que las obras sociales garanticen el acceso a misoprostol. Si la mujer no accede en la parte privada , o no lo hace en tiempo y forma, el Ministerio de Salud lo provee a todo aquella que lo requiera”, reconoce.
Puntualmente en lo que respecta a la Zona Sanitaria, la funcionaria destacó que fue una de las primeras en garantizar el derecho de manera pública en todos sus 16 municipios: en diciembre solo faltaba uno, y hacia el mes de febrero de 2021 ya todos los distritos ofrecían la posibilidad de acceder a la práctica.
En síntesis, y a la espera del informe completo que difundirá este jueves el Ministerio de Salud, según números preliminares, se calcula que hubo, en los 16 municipios de la región, alrededor de 1800 prácticas. “Más allá del número acá lo importante es que fueron 1800 abortos seguros de mujeres o personas con capacidad de gestar. Sin complicaciones, en lugares públicos y con acceso a tratamientos, tecnologías y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias”, destacó.
“La estructura del aborto legal, de la lucha de la sociedad y la decisión política realmente trajeron transformaciones importantes en las instituciones, fundamentalmente transformaciones hacia el acceso a derechos de mujeres y diversidades. Esto es fundamental. Los desafíos continúan porque todavía falta. Falta que quede bien institucionalizado. Que no sea dependiente de la buena voluntad de las personas o de la cantidad de profesionales que disponga un municipio. Se garantiza, pero todavía depende mucho de la persona profesional y de los recursos que aporte el municipio”, cerró.
