Aumento de luz: razonabilidad, subsidios y sinceramiento
Para Luis Arias, el juez platense que inicialmente frenó la suba, más allá de los valores hay varios aspectos que analizar en relación a la energía eléctrica. “Hay muchas cuestiones que discutir dentro del servicio público”, aseguró.
“Siempre que se aumentan los valores no sabemos por qué se aumentan; hay un sinceramiento pero no sabemos en qué consiste”. Con esa frase, el juez de primera instancia de La Plata Luis Arias -quien interviene en el amparo que alcanza a EDEA- resumió el trasfondo de situación detrás de los aumentos en la tarifa eléctrica. Es que, para el magistrado, la inexistencia de una audiencia pública viola el derecho a la información y no clarifica la realidad respecto a subsidios ni inversiones.
En ese sentido, y si bien se prevé el desarrollo de la audiencia el próximo 28 de julio, lo cierto es que al tratarse de un servicio público la misma debería haberse realizado antes y no a partir de los reclamos de los usuarios, muchos de ellos judicializados. Para Arias, hay dos cuestiones en discusión: una tiene que ver con la audiencia y el derecho a la información y la otra con la razonabilidad de la tarifa, es decir, hasta qué punto el incremento afecta el salario del trabajador sin lesionar derechos fundamentales.
“Cuando hablamos de la audiencia, hay que tener en cuenta que cuando el Estado decide que una actividad sea servicio público la sustrae de la economía de mercado y la somete a un régimen especial para beneficiar a la gente”, explicó el magistrado, quien cuestionó el hecho de que “siempre que se aumentan los valores no sabemos por qué se aumentan; hay un sinceramiento pero no sabemos en qué consiste”.
Justamente en ese sentido, graficó: “No sabemos si pagamos la quita de subsidios, un retraso inflacionario, inversiones a futuro, o si estamos asegurándole la rentabilidad a las empresas”. Por eso, entonces, la importancia de las audiencias públicas, porque son -o deberían ser- el espacio para que la población esté al tanto de esa situación.
“Eso no ocurre y hoy el servicio lo pone al usuario en peores condiciones, como si estuviera en la economía de mercado”, consideró el juez, quien reparó en la necesidad de que el gobierno dé a conocer “todas las facetas del aumento tarifario, porque Argentina ha tenido una larga historia de tarifas que comprenden inversiones que nunca se realizan”.
Al respecto, Arias enumeró las constantes “promesas de inversiones que surgen cada vez que hay aumentos”, pero entendió que “el usuario no las puede controlar porque no sabe que ya está pagando esas inversiones muchas veces”.
RENTABILIDAD, VENTAJAS Y SUBSIDIOS
Ante este escenario, para el juez platense es importante debatir no solo esta situación, sino también “por qué hay un servicio eléctrico a cargo de Edenor y Edesur en un área que tiene una gran rentabilidad, que le da ganancia a esas empresas en detrimento a las del interior”. “No es lo mismo -continuó el magistrado- el conurbano a los pueblos por ejemplo, en cuanto al tendido eléctrico, el costo de transporte, de transformadores; es mucho más barato en el conurbano, hay mayor rentabilidad”.
Sobre esto último, el juez consideró que para subsanar esa situación “el subsidio no solamente lo tiene que poner el Estado nacional para no afectar derechos, sino que los usuarios que están en esa situación de ventaja tienen que subsidiar con sus tarifas a los que están en desventaja”.
“Todas estas cuestiones lo que marcan es que hay que discutir si la tarifa es plana, si será horaria, qué hacemos con los usuarios electrodependientes”, advirtió el funcionario judicial, quien reiteró la necesidad de que se concrete la audiencia pública “porque hace falta una democratización de esta rama del Estado que es tan importante e impacta cotidianamente en el bolsillo de la gente”.
