A casi dos años, las mujeres del Repunte todavía no tienen pensiones
A 22 meses del hundimiento del buque fresquero, las familias de los marineros aún no disponen de los certificados de presunción de fallecimiento, lo que les genera un fuerte perjuicio.
Días atrás se cumplieron 22 meses del hundimiento del buque fresquero “Repunte”. Hace 22 meses que las familias perdieron a sus seres queridos y buscan justicia. Pero también hace 22 meses que perdieron el sustento económico que generaban cada uno de los diez marineros para esos hogares y, aún sin los certificados de presunción de fallecimiento, no pueden cobrar las pensiones que necesitan para afrontar el día a día en la ciudad con mayor desempleo del país.
Claro está que las mujeres del Repunte “hicieron escuela” en muchos aspectos que hacen a la lucha por justicia ante los hundimientos -antes naturalizados- en el Puerto, y también en lo que hace al cambio necesario de las condiciones de precariedad a las que son expuestos los trabajadores embarcados.
Pero increíblemente, la “escuela” de las mujeres del Repunte llega incluso a desempolvar la letra chica de la ley. Porque una vez que pasó la tragedia iniciaron los trámites para obtener los certificados de presunción de fallecimiento, trámites que se demoraron al extremo ante el desconocimiento que existía entre los abogados al tratarse de un recurso que pocas veces es ejecutado en estos casos.
En diálogo con QUÉ Digital, Gabriela Sánchez, referente de la Multisectorial Ningún Hundimiento Más y hermana del capitán del Repunte, Gustavo Sánchez, se refirió a la situación: “Los certificados de presunción de fallecimiento lamentablemente todavía no están. Esto nos ayudaría mucho económicamente a las familias. Perdimos casi un año porque ningún abogado sabía cómo hacer el trámite porque nunca antes se lo había iniciado”.
“Ahora ya están tramitados pero tienen que pasar por seis edictos. Pero en el medio nos agarró la feria judicial. Calculamos que para agosto van a salir los primeros”, afirmó.
No obstante, relató cómo la falta del certificado impide afrontar otros trámites del día a día de las familias, como “dar de baja una cuenta de teléfono, una tarjeta de crédito”. “No podés hacer nada. Pero al menos para la cuestión cotidiana, tener la pensión y una obra social te soluciona las cosas”, graficó.
La falta de una obra social es otra de las consecuencias que afecta y mucho la vida de las familias: “Acá hay muchísimos menores que quedaron sin asistencia psicológica porque ya las obras sociales no están. Lo que sí estamos teniendo algunos es IOMA, que se hizo cargo de los que se quedaron sin nada e iniciaron el trámite. Ese fue uno de los logros, que obtuvimos cuando el año pasado nos reunimos con Vidal y muchos en ese momento todavía tenían las obras sociales del Somu o del Simape y entonces no lo iniciaron, pero ahora por suerte los volvieron a tramitar. Se necesita tener una entrada mínima y la pensión sería de gran ayuda”, detalló.
Cabe recordar que tiempo atrás, QUÉ Digital habló al respecto con la abogada de algunas de las familias, Lorena Arias, quien explicó el primer año de demoras se debió a que hubo que esperar, en un primer momento, seis meses para iniciar la presunción de fallecimiento, y seis meses más para publicar los edictos correspondientes, previo a obtener el certificado que te habilite a iniciar la pensión en Anses.
En ese sentido, tiempo atrás elaboraron un proyecto junto a colegas y familiares de hundimientos para acelerar los tiempos de asistencia, en el cual se plantea que las presunciones en casos de hundimientos se inicien una vez finalizado el operativo de búsqueda y recate, sin necesidad de publicar edictos por seis meses.
