Cierre del Centro de Referencia: entre despidos y absoluta incertidumbre
Tras ocho despidos efectuados como parte de la última renovación de contratos, 18 trabajadores tratan de “sostener” el espacio a pesar de la falta de recursos.
De cara al 30 de junio, fecha en la que podría efectuarse una nueva ola de despidos por parte del gobierno de Javier Milei en la administración pública nacional, en el Centro de Referencia (CDR) de Mar del Plata prevalece la incertidumbre luego de 8 despidos concretados y el anuncio de cierre de los 59 centros a nivel nacional. Mientras tanto, sus trabajadores resisten a partir de una tarea que definen como “autogestionada” frente al desguace estatal, la falta de recursos y la ausencia de autoridades designadas.
“Nos autogestionamientos y seguimos atendiendo en el edificio porque nosotros tenemos la particularidad que se da acá en Mar del Plata de que el edificio es propio. Al ser del Estado, antes de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, ellos no gastan ni invierten en un alquiler entonces por eso sobrevivimos un poco más en comparación a otros Centros de Referencia de distintas provincias”, describió en diálogo con Qué digital Patricia Coronel, trabajadora del CDR local y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien permanece en actividad en el edificio del Unzué, en Santa Cruz 3571.
Pero a pesar de ese esfuerzo por sostener el Centro de Referencia, sin recursos y en un panorama de total incertidumbre tras el anuncio de cierre realizado en marzo por el gobierno, las y los 18 trabajadores del sector siguen recibiendo a los sectores más vulnerabilizados de General Pueyrredon que se acercan presencialmente −en un contexto de crisis que impacta con más crudeza en los barrios populares− en busca de asistencia habitacional, alimentos y medicamentos: “Nosotros también estamos vaciados y la gente lamentablemente se queda sin ayuda por parte del Estado”, definen.
En Mar del Plata, el Centro de Referencia funciona desde hace 14 años con el objetivo de acercar a la ciudadanía políticas públicas nacionales pero también articular con programas sociales y otros organismos municipales, provinciales y nacionales como lo era el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que quedó totalmente desmantelado a nivel local tras el último despido, o el Centro de Acceso a la Justicia −donde también hubo dos despidos al momento del vencimiento de contratos en marzo y ahora se anunció su cierre, afectando a los cuatro trabajadores que quedaban− y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, oficialmente eliminado por el gobierno días atrás.
“Desde que se fue el anterior articulador, nos autogestionamos todos los días. Todos los días abrimos. Tuvimos que hacer vaquitas para hacer copias de la llave para que todos podamos tener y también para comprar productos de limpieza porque el Ministerio (de Capital Humano) no envía nada para seguir funcionando y darle a la gente que viene la mejor atención posible”, lamentó Patricia.
Pero más allá de esa falta de recursos que hacen al cotidiano para sostener el espacio físico, asegura que la situación se vuelve más compleja para garantizar la asistencia que, en momentos de crisis, se hace vital para los sectores más vulnerabilizados: “En estas épocas de frío tenemos mucha demanda con las ayudas habitacionales por los temporales y las lluvias como hubo este fin de semana. Cuando empiezan los fríos, en los barrios más populares y las casitas más humildes la gente se calefacciona con lo que tiene, por ahí prenden una goma en el medio del ranchito y eso provoca incendios”, describió.
Bajo ese contexto, la trabajadora lamenta que en este presente muchas veces las y los trabajadores se encuentran sin una respuesta para darles a partir de la propia ausencia del Estado que, asegura, también se repite a nivel municipal.
El corte en la entrega de alimentos también es otro capítulo a nivel nacional que tiene su correlato a nivel local, con su impacto en la capacidad de respuesta del CDR. En medio del conflicto que atraviesa el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello por el almacenamiento de alimentos en depósitos, despidos de funcionarios y allanamientos, la posibilidad de abastecer a los 260 comedores que asistía el CDR en Mar del Plata hasta diciembre se complejiza por recortes, incumplimientos o demoras, más allá del esfuerzo de las organizaciones sociales detrás en busca de sostener esos espacios que garantizan, a muchas familias, un plato de comida al día.
Jornada de protesta en marzo en el CDR de Mar del Plata tras el anuncio de su cierre. (Foto: Qué digital)
El corte total en la entrega de medicamentos, por su parte, también es otra de las situaciones complejas que atraviesa al CDR: “No se entregó ni un medicamento más desde que asumió la gestión”, aseguran. Incluso, en medio de las críticas por el corte en la provisión de medicamentos a pacientes oncológicos a nivel nacional, desde ATE salieron a denunciar que dos personas fallecieron en Mar del Plata por la falta de medicamentos por parte del gobierno.
“Todavía caen personas con algún amparo o demanda al Ministerio para que entreguen la medicación”, afirma la trabajadora. Ante esa falta de posibilidades, Patricia asegura que el único trabajador social del CDR que quedó tras los despidos, busca dar respuesta “como puede tratando de derivar a algún programa de Provincia que más o menos está funcionando”.
“Somos 18 los que quedamos, en su mayoría contratados. Hay algunos compañeros en planta permanente, pero la mayoría somos contratados y no sabemos qué esperar el 30 de junio, si va a llegar el mail que llegó a nuestros compañeros en marzo o cómo seguimos”, planteó Patricia.
“Desde ATE siempre decimos que no se trata de un solo puesto de trabajo, aunque eso de por sí eso ya sea un montón en un contexto de crisis en el que también hay muchos despidos en el sector privado, aunque son más tapados. Cada trabajador menos, es una política pública que se pierde porque no se gestiona, no llega a la gente. Este gobierno nacional va por eso, a sacarle la política pública a la gente. Nosotros quedamos en el medio, trabajando, y somos un estorbo. No nos quieren porque tratamos de ejercer un Estado al servicio del pueblo. A ellos no les interesan las problemáticas reales que tienen las personas”, analizó la trabajadora.
