Contra la baja de imputabilidad: “Es una medida regresiva”
Desde la Asociación Judicial Bonaerense analizan el proyecto de reforma. Afirman que los porcentajes de delito juvenil son comparativamente ínfimos y que la problemática “no se soluciona con un cambio normativo”.
En el marco de las actividades organizadas desde el espacio “No a la Baja” en torno a la propuesta del gobierno nacional que busca la baja de la imputabilidad de los jóvenes, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advirtieron que se trata de “una medida regresiva” con la que intentan abordar un problema complejo.
Alberto Agote, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, fue uno de los disertantes del debate organizado días atrás por el espacio “No a la Baja”, nacido a principios de año a partir de la organización de agrupaciones sindicales, políticas y civiles que, como réplica del movimiento homónimo que funciona a nivel provincial y nacional, buscan generar conciencia de las consecuencias de la estigmatización juvenil.
En diálogo con QUÉ Digital, Agote aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil propuesto por el ministro de Justicia, Germán Garavano, “lo único que logra es precarizar y vulnerar la situación de muchos niños que caen en el sistema penal, el cual además es selectivo y apuntado a los niveles con menos posibilidades de la sociedad. Es un abordaje complejo que no se soluciona con un cambio normativo“.
Además, advirtió que esa inclinación del sistema penal desvía la atención de los estratos más altos del delito: “Se focaliza en esos sectores vulnerables y resta recursos para la investigación de delitos complejos o de bandas criminales complejas que en definitiva son las responsables de la inseguridad en la población”.
Según Agote, uno de los principales objetivos que persigue la divulgación de estos cambios, radica en la demagogia: “Quieren demostrar que ‘se está haciendo algo a favor de la seguridad de la población’, cuando en realidad no se está haciendo nada. Los proyectos de ‘mano dura’ son recurrentes en años electorales, sobre todo teniendo en cuenta que está instalada la criminalidad juvenil como un grave problema social”.
Sin embargo, aclaró que pese a la estigmatización generalizada contra los niños, los números de la justicia dicen lo contrario: “No hay ninguna estadística ni ningún estudio concreto que demuestre que está en aumento o que se ha vuelto más peligrosa, todo lo contrario. Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia demuestran que los índices de delitos cometidos o denunciados con respecto a los niños están en baja desde hace, por lo menos, cinco años. En comparación al total de delitos, es un porcentaje ínfimo”, aclaró.
Ante esta propuesta estatal, desde la organización plantean otras medidas que pueden ayudar a combatir la problemática, como desarrollar en plenitud el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los niños, que “son leyes que están vigentes en el país y que no se aplican porque no se les da el presupuesto necesario para garantizar que el 47% de los niños que se encuentran bajo la línea de la pobreza en Buenos Aires tengan acceso a recursos para desarrollar su vida y tener posibilidades”, explicó.
Asimismo, afirmó que otra forma de enfrentar el delitos en los jóvenes sería establecer programas de prevención y trabajo de campo en los sectores más vulnerables, donde es necesario tener presencia territorial” porque por su vulnerabilidad son más proclives a caer en manos de bandas criminales que los pueden reclutar y utilizar como peones, con la complicidad policial y judicial, quienes también administran el delito en los barrios”, manifestó.
En sintonía con sus reclamos, el colectivo realiza a menudo actividades culturales de debate y difusión en distintos ámbitos, para sumar cada vez a más personas para el debate de la reforma. “Allí ponemos a consideración nuestros argumentos de por qué consideramos que una medida de ese tipo es regresiva y no tiene consecuencias en una mejora en la seguridad de la población”, concluyó.
