Dudas en torno a la “auditoría” que realizará el gobierno sobre el Reprocann
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense adelantaron que “investigarán” el alcance de la medida anunciada por el gobierno nacional.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sembró dudas y adelantó que intervendrá ante la intención del gobierno nacional de auditar el Registro de Productores de Cannabis (Reprocann), anunciado esta semana de manera oficial. Ante el ajuste y los anuncios, aumentaron las quejas y los reclamos ante el organismo.
En 2020, el gobierno nacional derogó una cuestionada reglamentación de 2017 de la Ley Nacional N°27.350 y estableció una nueva, y en marzo de 2022 se creó el sistema del Registro del Programa Cannabis, encargado de registrar a las y los usuarios que acceden a la planta de cannabis y sus derivados para tratamiento medicinal, terapéutico, paliativo de dolor o para cultivo controlado. Al menos hasta 2022, el registro tenía 180 mil inscriptos, de los cuales 120 mil habían sido autorizados a cultivar.
Sin embargo, el gobierno de Milei se refirió a esa política por primera vez el lunes, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que el gobierno de Javier Milei comenzó una auditoría en torno al Registro: “Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el Registro de productores de Cannabis popularmente conocido como Reprocann. Se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnóstico basados en evidencia científica”, adelantó.
Frente a esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se hicieron eco y anticiparon que investigarán los pormenores de la auditoría que llevará a cabo la gestión de Milei para conocer el alcance de la medida.
“El organismo que conduce Guido Lorenzino monitoreará en profundidad el proceso que iniciará la administración de Javier Milei para evitar la eventual vulneración del derecho a la salud de pacientes y usuarios, algo que está reconocido en las constituciones Provincial y Nacional, y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”, explicaron en un comunicado de prensa.
Puntualmente, desde la Defensoría buscan evitar que bajo la justificación de supuestas irregularidades se avance en regresiones contra una política pública que “ayuda a miles de personas que utilizan cannabis medicinal para sus tratamientos”.
En el transcurso de los días, además, desde el organismo requirieron al titular del Reprocann, Carlos Gallego, como también al Ministro de Salud, Mario Russo, que brinden información detallada sobre en qué consisten las auditorías, sobre todo luego de que el ajuste de 140 mil millones en el Ministerio de Salud derivara en graves consecuencias, por ejemplo para pacientes dependientes de la Dirección de Asistencia por Situaciones Especiales (Dadse).
“Según la respuesta que nos ofrezcan vamos a decidir los pasos a seguir, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo central que es que se respete el derecho a la salud”, expresó Lorenzino.
Tal es el nivel de preocupación que desde el lunes aseguran que crecieron exponencialmente los reclamos en la Defensoría por la vigencia del Reprocann: en total, aseguran que solo desde el 8 de abril recibieron 180 quejas, es decir, desde antes del anuncio de la auditoría.
Esos reclamos presentados ante la Defensoría -explicaron- abarcan el retraso de la entrega de certificados del Reprocann para pacientes y organizaciones no gubernamentales, y luego -desde el lunes- se sumaron más respecto a las dudas que generó el anuncio oficial.
