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02/02/2020

Los excluidos de El Rápido: en la calle, con miedo, desprotección y algo de esperanza

Ante la suspensión provisoria de la firma, unas 70 personas quedaron en la calle. Denuncian una disminución de personal planificada entre las empresas y la UTA, que además los amenaza ante la inacción del Estado.

Los excluidos de El Rápido: en la calle, con miedo, desprotección y algo de esperanza
La boletería de El Rápido, en plena temporada, empapelada con los reclamos (Fotos: Qué digital)
Sebastián Alí

Autor: Sebastián Alí

[email protected] @aliseba4

Al menos una vez por semana, un grupo de los trabajadores damnificados por el traspaso provisorio de las líneas de El Rápido a las tres empresas que se hicieron cargo de los recorridos concurren a la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la espera de que desde el gremio les indiquen dónde y cuándo ir a cobrar las migajas que les reparten las firmas por los sueldos que aún les adeudan, o bien el dinero que aceptaron a cambio de su desvinculación. Entre ellos también están los que no fueron incluidos en el prometido traspaso y se negaron a cerrar acuerdos que incluían, por ejemplo, renunciar a décadas de antigüedad.

El 10 de octubre del año pasado, en medio de un fuerte conflicto con nueve días de paro a partir de la grave situación económica presentada por la empresa de colectivos El Rápido, el gobierno provincial -a través de la Subsecretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo- anunció la suspensión provisoria de la firma y puso los recorridos, provisoriamente, en manos de tres empresas que empezaron a trabajar a las pocas horas: Plusmar quedó como encargada de cubrir los servicios sobre la Ruta 88 en localidades como Necochea, Tres Arroyos y Bahía Blanca, entre otras; Expreso Tigre Iguazú -que pertenece a Vía Bariloche– se hizo cargo de los recorridos que cubren las localidades ubicadas sobre la Ruta 226; y Unión Platense tomó los recorridos comprendidos sobre la Ruta 2.

Paralelamente, el gobierno provincial garantizó el traspaso de las fuentes laborales de El Rápido a las tres firmas. Pero pese a que eran en total 282 empleados de El Rápido, con el paso de los días sólo anotaron a 212 en las tres empresas y al menos 30 de ellos aceptaron monedas a cambio de su desvinculación. Para los que quedaron fuera de ese traspaso, se trató de una reducción de personal planificada y consensuada, y la situación para ellos es más que delicada: sin contar a la treintena que se desvinculó con indemnizaciones módicas, hoy hay 70 personas en la calle.

Se trata de quienes esperan en silencio poder recuperar sus puestos. Y lo hacen en silencio porque aseguran que desde el propio gremio, que debería plantarse frente a los empresarios de Plusmar, Expreso Tigre Iguazú (Vía Bariloche) y Unión Platense, los amenazan y los desmovilizan, ante una evidente y escandalosa falta de intervención estatal, ya sea del Ministerio de Trabajo o de la Subsecretaría de Transporte provincial, pre y post cambio electoral.

Denuncias de amenazas, connivencia sindical, acuerdos viciados de nulidad y en pasillos de hoteles, desesperación, deudas, concentración de poder, un monopolio de Vía Bariloche con antecedentes. A todo eso se le suma la incertidumbre respecto a qué pasará más allá de la segunda semana de abril, cuando caduquen los 180 días en los que El Rápido fue suspendido por irregularidades mientras las mencionadas empresas hacen uso de las rutas con permisos precarios.

“El sector del transporte es corrupto”, dicen, con tanta naturalidad como resignación, como si no hubiera una estructura estatal que, al menos en teoría, existiera para proteger a los trabajadores de situaciones como estas, donde la evidente connivencia del gremio con las empresas tiene de rehenes a quienes resultaron perjudicados en medio de un cambio -provisorio- de manos. Pero además, se trata de un cambio de manos que, al igual que otros casos, tiende a la concentración de tanto poder como riqueza por parte de un puñado de empresas. La falta de un freno a todo esto -una herramienta que está en manos del Estado- es lo que agrava una situación en la que el horizonte no está para nada claro para los trabajadores.

En Mar del Plata son 40 las personas que quedaron en la calle, de las cerca de 70 que no fueron parte del traspaso –tanto choferes como personal de tierra-. Son quienes, además, se negaron a aceptar las irrisorias indemnizaciones (por ejemplo, 8 o 10 mil pesos por cada año trabajado) y a renunciar a la antigüedad acumulada que otros 30, desesperados y desprotegidos, sí aceptaron.

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TRES LÍNEAS, TRES EMPRESAS, UN GREMIO Y UNA EXCUSA

En octubre de año pasado, tras conocerse la suspensión de las líneas 417, 301 y 344 de El Rápido, la UTA convocó a una asamblea entre sus trabajadores en la que, para sorpresa de muchos, a pesar de declaraciones públicas del ministro de Trabajo -por aquel entonces- Marcelo Villegas, les advirtieron que sólo 212 de los 282 empleados pasarían a ser contratados por las tres compañías beneficiadas con los recorridos tras el decreto exprés.

La excusa para dejar afuera a esas 70 personas –cuentan los damnificados- fue que pertenecían a la línea nacional que aún posee El Rápido, que no entró en la suspensión pero que de todas maneras no funciona por sus serios problemas financieros y también, según aseguran, porque la “mesa chica” de la Terminal no se lo permite.

“Todos saben en el ambiente que los empleados no pertenecen a líneas, sino a las empresas”, comentan los trabajadores en diálogo con Qué digital. La asamblea terminó con promesas del gremio de que “habría trabajo para todos”, aunque ya habían decidido distribuir esa lista de 212 trabajadores en 23 empleados para Unión Platense, 103 para Tigre Iguazú y 82 para Plusmar.

LOS SUELDOS: ADEUDADOS, EN CUOTAS, IMPAGOS E INCLUSO FRENADOS POR MOVILIZARSE

En el acta de traspaso, además, los trabajadores aseguran que las empresas debían hacerse cargo de los sueldos de septiembre, los cuales El Rápido no pagó, algo que resultó ser el puntapié para la retención de tareas de los trabajadores, que terminaría con la suspensión de la empresa. De eso, el personal de tierra sólo recibió algunas cuotas, a diferencia de los choferes que lo recibieron todo.

“’Yo te pago septiembre pero tenés que aceptar la indemnización, o no hay nada’, nos dijeron. Ahí empezamos a ver que en los 212 ya no estábamos incluidos definitivamente’”, cuentan los trabajadores que quedaron en la calle. Pero además de septiembre, no recibieron su pago por octubre, noviembre, diciembre ni el aguinaldo, entre otras cargas patronales. “Empezaron a dar 5 mil pesos por mes”, relatan los trabajadores, sobre las migajas que llegaron a ser de $15 mil.

Si aún quedaban esperanzas de cobrar lo que les debían, la UTA se encargó de desecharlas cuando empezaron a presentar las correspondientes cartas documento: “Cuando empezamos a judicializarnos, la UTA preguntó quiénes habíamos mandado telegramas a las empresas para sacarnos del listado de esos 15 mil pesos que repartían a los desempleados. Los que mandamos carta documento dejamos de cobrar eso, que es parte de los sueldos que nos debían, lamentan.

LA UTA, LA GARANTÍA DE PODER Y LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS, ANTE UN ESTADO AUSENTE

Desmovilizando y administrando los pagos de las deudas, la Unión Tranviarios Automotor es el nexo entre las empresas en conflicto y los empleados excluidos, tal como haría cualquier gremio. Sin embargo, la reducción de personal y las deudas no fueron tratadas a instancias del Ministerio de Trabajo, sino en el marco de acuerdos por fuera de toda institución estatal donde las empresas y el sindicato escuchaban a los trabajadores, pero siempre desde el otro lado del mostrador.

El sindicato siempre frenó todo el accionar. Nosotros nos mantuvimos muy pacíficos. Ellos no nos dejaron hablar más. Después de una nota radial nos llamaron desde el sindicato para apretarnos y preguntarnos por qué estábamos hablando de esa manera”, advierten los trabajadores en diálogo con este medio.

“Nos citaban en un hotel que pertenece a Vía Bariloche. Nos hacían subir de a uno y nos decían concretamente ‘ustedes no tienen trabajo’”, explican y señalan que así les ofrecieron los 10 mil pesos por año trabajado más el “acompañamiento” en la judicialización contra El Rápido. “Estas empresas ahí empiezan a negociar con la necesidad de la gente. Hubo compañeros que renunciaron a 35 años de antigüedad por problemas familiares y aceptaron esa indemnización”, relatan.

“No ignoramos que hay una connivencia entre el sindicato y estas empresas y quizás con el Estado también. Porque esta es la figura compleja de esto. La gestión anterior tendría que haber cerrado esto antes del 10 de diciembre, eso está claro. Mientras, las empresas y la UTA dilataron y se sacaron gente de encima amenazándonos”, ratifican.

Así, entre los pasillos de los hoteles, los trabajadores aseguran que el propio Adrián Giménez -secretario adjunto de la UTA Mar del Plata- les dijo: ‘Si ustedes se judicializan pierden, si se ponen del lado del dueño de El Rápido ante una posible vuelta, pierden. Y si se sueltan de nuestra mano, pierden’.

“La UTA es el mediador para favorecer al empresario. Hacen el trabajo de desgastar a la gente, frenarla, desmovilizarla y que no reclame. Cuando ya estás desesperado aceptás lo que te dan y te terminan dando nada. Es muy abusivo. Es una operación donde se le ha faltado el respeto a la gente demasiado. El sindicato no puso un freno y, ¿a todo esto, dónde están los organismos del Estado? Esta gente hace esos acuerdos en un departamento, en el hotel de la empresa, fuera de toda homologación del Ministerio de Trabajo”, insisten.

EL RÁPIDO Y RÍO PARANÁ, EJEMPLOS DE MAL SERVICIO Y CONCENTRACIÓN DE PODER

Tanto El Rápido como lo había sido previamente la empresa tandilense Río Paraná tenían servicios más que deficientes, motivo por el que la Subsecretaría de Transporte les suspendió las rutas. En consecuencia, el denominador común entre ambos casos resulta ser la aparición en del grupo Vía Bariloche, a través de sus empresas subsidiarias, para tomar los servicios que el subsecretario de Transporte de la gestión anterior, Fernando Riavec, les había concedido con un año de diferencia, tal como publicó Gabriela Cesarini en el sitio Blanco Sobre Negro.

“No desconocemos el mal servicio que estaba prestando El Rápido en su momento ni la gravísima situación financiera que tiene. Eso es real. La Subsecretaría interviene por una irregularidad en las rutas. Pero ahora le pasaron el monopolio al grupo Vía Bariloche. Dos años atrás pasó lo mismo con Río Paraná y quedaron 30 personas en la calle, fue el mismo accionar”, cuentan los trabajadores.

“La empresa está concursada, por lo que al sacarle las líneas no tiene ingresos y la llevaron a una quiebra abrupta. Si en estos 180 días la empresa no recupera una línea para poder seguir trabajando, obviamente va a ir a la quiebra. Nosotros se lo explicamos a la Justicia. Nos dijeron que teníamos que hacer mucho ruido para que se haga visible pero no podíamos o no nos dejaban. No nos dejaban actuar y nos amenazaron en la cara y delante de todo el mundo”, agregan.

LOS 70, MIENTRAS TANTO, EN LA CALLE

Entre tanto, las familias de los desempleados están subsistiendo como pueden. Algunos, más complicados que otros y con el agravante de la suspensión de la cobertura que brindan las obras sociales. La situación necesitó, entonces, de la solidaridad, y organización para, por ejemplo, recaudar fondos a través de una obra de teatro a beneficio de los empleados que peor la están pasando.

“Sobrevivimos con ahorros, ayuda de la familia, amigos. Como podemos. Todos somos trabajadores y vivíamos de ese sueldo. Con el agravante de lo que significa reinsertarse en el mundo laboral a nuestra edad. Tenemos un promedio de gente que quedó en la calle de 50 años. Justamente la gente que quedó afuera es la de más antigüedad”, señalan.

Además, en el transcurso de los meses de conflicto, ya fallecieron dos de los trabajadores, en un contexto de total desprotección, sin siquiera telegramas de despido ni obras sociales.El Rápido nos da de baja en AFIP por el artículo 229 de la Ley de Contratos de Trabajo por traspaso, no sabemos por qué, quizás por este mecanismo de la resolución. Nos dio de baja a los 282 de la nómina esperando que nos den de alta en estas tres empresas. Esto a lo que lleva también es a que nos quedemos sin obra social. Algunas obras sociales ni siquiera respetaron la obligación de esperar tres meses para darte la baja. Hay otros dos compañeros que están muy enfermos”, exponen.

“Hay compañeros que siguen yendo al sindicato a esperar respuestas, aferrados a una ilusión. No los entendemos porque ya desde Vía Bariloche nos dijeron que para nosotros no va a haber trabajo. El Estado actuó por el servicio, pero en la parte laboral de sus empleados, no está actuando”, concluyen.

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