Más pruebas contra Garello: “No puede seguir en funciones”
La Comisión Provincial por la Memoria presentó otro pedido de juicio político a partir de nuevas pruebas que comprometen al fiscal general en delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó este lunes en conferencia de prensa una nueva serie de pruebas que comprometen al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, por lo que volvieron a exigir que sea sometido a juicio político y desplazado de su cargo.
Acompañados por distintos organismos de Derechos Humanos, integrantes de la CPM dieron a conocer nuevas pruebas contra el fiscal a partir del peritaje de archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) -entidad a la cual pertenecía Fernández Garello durante la última dictadura militar-, los cuales están bajo custodia de la Comisión.
Según explicaron, se trata de dos hechos. El primero de ellos tiene que ver son la supuesta participación del exagente en el secuestro de Mario Ramírez Medina, un ciudadano paraguayo, en manos de la Policía Bonaerense, ocurrido el 9 de febrero de 1979 en su casa de Villa Pineral y frente a sus hijos. Ramírez Medina hoy sigue desaparecido y su caso está documentado en por la Conadep.
El documento de la Dippba que confirma la militancia de Ramírez en el Partido Comunista de su país de origen, y que fue emitido el mismo día de su secuestro, lleva la firma del jefe segundo de la delegación San Martín de dicha fuerza, Héctor Capurro, y de su ayudante, Fernández Garello.
El segundo de los hechos denunciados ocurrió entre 1978 y 1981, también por parte de la delegación San Martín de la Dippba, la cual coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Además, agregan, esos hechos fueron reconocidos por el propio exagente en sus declaraciones ante las justicia, aunque minimizándolos. Este caso, además de hacerlo ante la Justicia, el fiscal lo comentó tiempo atrás en diálogo con QUÉ Digital.
Según los archivos peritados, la CPM descarta que dicho operativo se haya llevado adelante como un simple “censo de ciudadanos chilenos”, tal como lo había calificado el fiscal ante la Justicia, sino que se trató –afirman- de un “minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico contra esas personas”. A partir del supuesto trabajo de Fernández Garello como infiltrado en una casa de familia y en el Club Unión Chile Argentina, la fuerza consideró a los ciudadanos como “peligrosos para la seguridad nacional” y tiempo después fueron secuestrados en el club.
Asimismo, por esa tarea quedó asentado que el exagente fue condecorado por su superior, el comisario Bustos, quien fuera condenado luego por crímenes de lesa humanidad.
La conferencia fue en Capital Federal y contó con la presencia del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien a modo de introducción reflexionó: “Sobre la impunidad no podemos crear ninguna democracia, por eso reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”.
Por su parte, Roberto Cipriano García detalló: “La CPM presentó dos nuevas denuncias: una por la desaparición del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, otra por el espionaje a exiliados chilenos, por ese servicio Fernández Garello fue condecorado. La Procuración tiene que dar un mensaje: alguien que integró la maquinaria del terrorismo de Estado no puede seguir en funciones”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció estos dos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo criminal y correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, Fabián Fernández Garello y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación en la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.
