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19/12/2019

Paseo Hermitage: vuelven las cercas y las carpas tras un polémico acuerdo con Montenegro

El cambio de gobierno llevó también a un cambio de postura respecto a Florencio Aldrey Iglesias. Pese a que todo ese sector debía pasar a ser público, pondrán 120 carpas privadas y 200 sombrillas gratuitas.

Paseo Hermitage: vuelven las cercas y las carpas tras un polémico acuerdo con Montenegro
(Fotos: Qué digital)

Con un importante cambio de postura respecto al accionar del Municipio entre una gestión y otra, finalmente el gobierno de Guillermo Montenegro cerró un nuevo acuerdo en torno a las playas del Paseo Hermitage – Las Toscas, el cual favorece a Florencio Aldrey Iglesias y a la empresa subconcesionaria Parador Alberus S.A., que responde al empresario hotelero y de medios. Es que esta firma había iniciado una presentación judicial y en ese marco el gobierno de Montenegro acordó que en las dos playas que debían ser liberadas y públicas por completo finalmente podrán montar 120 carpas y 30 sombrillas para la explotación privada a cambio de equipar la parte que queda de espacio público con 200 sombrillas gratuitas. 

Este jueves el panorama en las playas del Paseo Hermitage – Las Toscas volvió a ser exactamente el mismo que el 20 de noviembre pasado cuando un importante sector de las playas 2 y 3 del Paseo Hermitage – Las Toscas volvió a ser cercado y cerrado al paso luego de que en septiembre se levantaran todos los elementos. En el medio, apareció un polémico acuerdo firmado en las últimas horas por el gobierno municipal.

En detalle, ese acuerdo -que no fue difundido íntegramente de manera oficial- se produjo ante una instancia judicial que había abierto un subconcesionario de esos espacios –Parador Albersus SA-. “En la presentación se establece que hasta el 30 de abril de 2020 la empresa podrá disponer de 120 carpas y 30 sombrillas para explotación privada, y al mismo tiempo tendrá la obligación de instalar 200 sombrillas, cada una con tres sillas, que serán para uso gratuito; cestos de basura, sanitarios, y senderos de circulación”, anunció este miércoles a la tarde el gobierno municipal en un escueto comunicado. Qué digital intentó sin éxito buscar mayores explicaciones de funcionarios que formaron parte del acuerdo.

Y el comunicado oficial sumó: “En el acuerdo también queda plasmada la obligatoriedad para el privado de hacerse cargo del mantenimiento, limpieza, cuidado, seguridad y fiscalización de funcionamiento del espacio que representará un 75% destinado a playa pública”.

Este jueves a la mañana la postal en las dos playas en cuestión mostraba que todo volvió a estar como el 20 de noviembre: con un importante espacio cercado a la mitad, en el que incluso ya empezaron a ponerse carpas. Adelante de eso, en un reducido espacio, se ubicaban vecinos y turistas que buscaban disfrutar de la playa en un día de intenso calor. Y a los costados dos espacios liberados, que se supone que son los que así quedarán y en los que se instalarán las sombrillas.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, ubicado al sur de la Playa Bristol, es explotado por el empresario Florencio Aldrey Iglesias desde 1999 y tiene una prolongada vigencia hasta 2029. Hasta ese momento debía estar vigente el nuevo acuerdo alcanzado en mayo pasado, luego de una anunciada quita de la concesión por parte del entonces intendente Carlos Arroyo, que finalmente fue frenada en el marco de la renegociación de las condiciones del contrato.

La Unidad Turística Fiscal que explota Aldrey Iglesias en la zona céntrica de Mar del Plata comprende tres playas, 248 cocheras, un anfiteatro, diez locales y un casino -el Casino del Mar-, que se incorporó a la concesión al cuarto año de iniciar su explotación en 1999.

Y en ese contexto, el acuerdo firmado en mayo pasado por las partes implicaba que de las tres playas que tiene, Aldrey Iglesias se quedaría con la explotación de sólo una de ellas, en tanto las otras dos serían “convertidas en playas públicas que van a ser equipadas -el 40% con sombrillas gratuitas- por el concesionario y van a ser de libre acceso y de uso gratuito”, según se anunció en aquel entonces. La liberación del paso a ese espacio se concretó en septiembre, pero el 20 de noviembre pasado volvió a ser cercado, sólo con algunos espacios a los costado que se podía acceder.

Es que, en el medio, apareció una familia, de apellido Otero, que se presentó como subconsesionaria de ese sector de carpas y de los espacios gastronómicos, algo que insólitamente permite el polémico pliego que le fue aprobado a Aldrey Iglesias en 1999. En ese contexto, aunque reconocían responder a Aldrey Iglesias, sostenían que ellos no habían sido tenidos en cuenta por el gobierno a la hora de realizar el acuerdo de mayo a lo que el gobierno respondió que era el empresario hotelero y mediático quien debía hacerse cargo de su situación.

LA PELEA EN LA JUSTICIA

La presentación judicial ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Simón Isacch, fue presentada el 15 de noviembre por la firma Parador Albersus SA, que presidente Alberto Otero, y desde donde semanas atrás le reconocieron a Qué digital responder a directivas de Hermitage SA y de Aldrey Iglesias.

Esa presentación, concretamente, pidió que el juez dicte una medida cautelar anticipada y que suspenda la resolución del Emtur 470/19, que fue por medio de la cual el 8 de octubre se intimó a Hermitage SA a retirar todos los elementos de las dos playas que debían pasar a ser públicas y equipadas.

Y fue, tal como informó este medio, cuatro días después de haber hecho esa presentación judicial cuando los empresarios dispusieron empezar a colocar nuevamente las cercas y vallas que volvieron a cerrar el espacio que ya había sido abierto en septiembre.

¿Bajo qué argumento la subconcesionaria pidió la suspensión de la resolución? El abogado Víctor Rubén Junco sostuvo -en el marco del expediente al que tuvo acceso Qué digital– que desde 2006 la firma tiene vigente un contrato con Hermitage SA –que asegura haber presentado ante el Emtur- por medio del cual explota un restaurante, módulos gastronómicos, venta ambulante y unidades de sombra (carpas) del balneario 2 y 3.

“Por 15 años estuvo pendiente y aún lo está el acto administrativo expreso –declaración expresa de voluntad de la administración- de habilitarme como cesionario continuador de la concesionaria Hermitage SA en la explotación del balneario N° 3 de la UTF Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, sostuvo la presentación y apuntó que la firma nunca fue notificada del acuerdo firmado en mayo entre la Municipalidad y la firma Hermitage SA ni tampoco de la resolución del Emtur que dispuso empezar el cumplimiento del acuerdo y que se instrumenten las playas públicas en esos dos balnearios.

Tras esa presentación, y antes de resolver la cautelar, el 20 de noviembre el juez Isacch pidió informes y copias de las actuaciones administrativas la Municipalidad y al Emtur. En el medio, el gobierno municipal intimó otra vez a Hermitage SA a que volviera a sacar las cercas que habían vuelto a cerrar el espacio, algo que ocurrió cinco días después.

Entonces, el 21 de noviembre, Parador Albersus SA volvió a presentarse ante el Juzgado en contra de esa intimación a la que consideró un “acto de represalia” de “dudosa validez” ya que volvió a alegar que fue presentada ante la empresa de Aldrey Iglesias y no ante ellos.

¿Por qué el gobierno municipal bajo la gestión de Arroyo nunca notificó a Parador Albersus? Esa respuesta la dieron los representantes legales del Municipio y del Emtur el 28 de noviembre cuando presentaron la respuesta ante el juez.

Concretamente, en esa presentación los abogados municipales sostuvieron que si bien el pliego vigente de 1999 permite la “cesión de la concesión” –tal como hizo Aldrey Iglesias con la firma de Alberto Otero- un tramo del pliego vigente establece que “el concesionario, podrá sub-contratar las obras y locar la prestación de los servicios que considere convenientes, continuando él como único responsable ante el Municipio”.

Entonces, el gobierno argumentó: “En virtud de dicha premisa es que el concesionario ha celebrado contratos de cesión con terceros para el desarrollo de las actividades propias de la unidad. Tal como establece claramente el pliego, el concesionario continúa siendo el único responsable ante el Municipio”. Pero además de ello el gobierno en su respuesta señaló la situación por demás particular de que el subconcesionario en ningún momento haya invertido en septiembre cuando la propia firma Hermitage SA levantó las estructuras.

“Hermitage S.A. procedió durante el mes de septiembre del año en curso a retirar las estructuras de unidades de sombra instaladas y el vallado perimetral, por lo que resulta improcedente el planteo del accionante de que recién toma conocimiento de los alcances del acta acuerdo una vez que el Emtur notifica a la firma Hermitage S.A. los términos de la Resolución N° 470/19”, señalaron los abogados.

Y afirmaron: “No cabe duda alguna que con anterioridad a dicha notificación, la actora (el subconcesionario) tuvo conocimiento del retiro de las instalaciones de los balnearios cuya titularidad de explotación comercial ahora invoca. Este silencio o inercia, durante dicho lapso, resulta sumamente llamativo, ya que si fuera titular de una explotación comercial y de un día para el otro el cedente de dichos espacios (Hermitage SA) invade los mismos y procede a retirar elementos propios de los servicios que se prestan -sin mencionar la promoción periodística de dichos actos- lo más lógico es que el reclamo se hubiera formulado en dicho momento y no varias semanas después”.

De esta manera, entendieron que esa conducta “resultaba indicativa de que el concesionario habría generado el acuerdo de partes pertinente que le permitiera cumplir con las obligaciones asumidas en el acta transaccional que fue suscripta de buena fe por parte del Municipio”.

Tras la respuesta del Municipio en el expediente, el subconcesionario rechazó los términos de la respuesta y pidió que se convoque a una audiencia de conciliación bajo la particular consideración de que estaba a punto de ocurrir un cambio de gobierno.

“En pocos días habrá de producirse el recambio de autoridades administrativas a raíz del acto eleccionario. Nosotros no albergamos ninguna duda que lo que aquí pasó solo identifica una razón: la razón de la sinrazón y la ceguera de una gestión política, que fue en rigor la suma de sinrazón, ceguera y ausencia de gestión”, consideró esa presentación. Y pese a que el juez Isacch resolvió convocar a esa audiencia de mediación y le puso fecha de este 19 de diciembre, el gobierno de Montenegro rápidamente llegó a un acuerdo con la empresa y le permitió establecer a su favor lo que ya tenía definido.

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