Puerto: por un conflicto en Chubut, empresas acusan un “gran perjuicio a la actividad”
Cámaras empresarias de Mar de Plata rechazaron la implementación de un cobro exigido en la provincia del sur para la descarga del langostino.
La puesta en marcha en la provincia de Chubut de una medida que implica el pago de un gravamen por parte de los titulares de los barcos por cada cajón de langostino que descarguen en esa jurisdicción generó un conflicto que empezó a repercutir en Mar del Plata a través de un comunicado emitido por las cámaras de empresarias en el que acusaron que la situación “genera un gran perjuicio a la actividad pesquera en su conjunto”.
El comunicado fue emitido en las últimas horas por parte de diversas cámaras empresariales del sector de la pesca con fuerte presencia en Mar del Plata y, principalmente, manifiesta un “profundo rechazo al intento de aplicación por parte de la Provincia del Chubut del Fondo Ambiental Pesquero (FAP)”.
Se trata, básicamente de un gravamen que debe abonarse por parte de las empresas por cada cajón de langostino que descarga en esa jurisdicción con un valor equivalente a un litro de gasoil. No se trata de una medida nueva sino que desde que fue fijada en 2018, a partir de los reclamos, planteos y oposiciones encontradas en el sector, no se había aplicado hasta ahora, cuando la Provincia decidió ponerla en marcha.
Contra esa implementación, que además supone pagos retroactivos no abonados desde su vigencia, las empresas resolvieron en los últimas días que los barcos lleguen a Chubut pero que no descarguen los cajones, lo cual ya empezó a repercutir también en múltiples actores de la cadena como los estibadores y las plantas de procesamiento.
Mientras el conflicto se encuentra a la espera, según publicó elchubut.com.ar, de una posible derogación de la normativa que podría definir la legislatura provincial, las cámaras empresariales con fuerte presencia en Mar del Plata emitieron un comunicado en el que volvieron a cuestionar la decisión.
“Las leyes y decretos que regulan el llamado ‘Fondo Ambiental Pesquero’ (Ley I-620) y cualquier otra norma que imponga abonar por la descarga de productos pesqueros en puertos de la Provincia de Chubut, son inconstitucionales por ser las mismas violatorias de lo dispuesto (…) en la Constitución Nacional que expresamente prohíben la imposición de impuestos o tasas que impidan la libre circulación de productos en todo el territorio nacional, la creación de aduanas interiores, el establecimiento de derechos de tránsito y la imposición de derechos a la producción de los buques que realicen sus tareas de pesca en el Mar Argentino y obstaculizan la libre actividad comercial”, apuntaron.
En ese sentido, pidieron a las autoridades que “se abstengan de ejercer cualquier acto o medida que pueda significar el intento de restringir el libre acceso a los puertos de la Provincia del Chubut, y de cualquier medida que se adopte que pueda impedir la libertad de trabajo y comercio” ya que acusaron que “las mismas contribuyen a alterar la paz social, afectando la normal operatoria en el desarrollo de la zafra de langostino en aguas nacionales”.
Asimismo, también sostuvieron que este tipo medidas sólo generan un gran perjuicio a la actividad pesquera en su conjunto, incluidas a la radicadas en la Provincia del Chubut, en un año complejo para la pesca y el país en el cual debemos sostener la actividad productiva y generadora de divisas”.
El escrito está firmado por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa).
