Registros automotores: tras los anuncios, preocupación por la “seguridad jurídica”
Tras los anuncios de recortes y reducción de personal, la situación en las dependencias de la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad Automotor.
Tras los anuncios del gobierno nacional de cerrar el 40% de los registros de la propiedad automotor y avanzar en una reducción del personal, los trabajadores del sector expresaron su preocupación por el riesgo a la “seguridad jurídica” que implica la medida aunque de todos modos por el momento descartaron la convocatoria a una medida de fuerza nacional que altere el funcionamiento de los mismos.
Durante el fin de semana, luego de que el gobierno anunciara las reformas en la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), trascendió en distintos medios la posibilidad de que esta semana se inicie un paro en las delegaciones de todo el país por las implicancias laborales y jurídicas de los recortes, más allá de la incertidumbre en torno a las reformas anunciadas en paralelo como la eliminación de la cédula azul.
Sin embargo, Martín Lomba, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Registro del Automotor y Motovehículos, señaló en diálogo con A24 que todo partió de un comunicado firmado por trabajadores no identificados pero que, si bien analizaron realizar medidas de fuerza, lo cierto es que no hubo una convocatoria nacional desde el sindicato más allá de lo que pudieran decidir las distintas seccionales locales: a nivel local hay 16 registros según la web de la Dnrpa.
Así, el trabajador advirtió por los riesgos de la fuerte reducción operativa anunciada por el gobierno, de cerrar el 40% de los registros y reducir el 30% del personal mediante jubilaciones anticipadas o retiros voluntarios: “Está en riesgo la seguridad jurídica de las transacciones“, planteó y aseguró que hace meses que sufren falta de pago de salarios y “ahogo financiero” de los registros.
De todos modos, realizó una aclaración para nada menor: la mayoría de los 12 mil trabajadores del área no son estatales, sino más bien -a pesar de ser un área estatal- se trata de una relación de dependencia privada ya que trabajan para quienes concursan y gestionan como encargados del registro, o bien en calidad de “intervención” cuando el cargo político no está formalizado.
Es esa modalidad de administración la que llevó a distintas auditorías en torno a los cargos públicos designados en el área que, según publicó Infobae, se remontan al menos hasta 2019. Y fue ese el principal argumento que esgrimió el gobierno nacional para avanzar en el cierre del 40% de los 1.554 registros en todo el país “empezando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años”.
