“Se debe evitar vincular al abogado con sus defendidos”
El Colegio de Abogados local emitió un comunicado, tras la polémica en torno a la representación legal de uno de los imputados por el crimen de Lucía. Pidieron respetar “el debido proceso y el derecho de defensa” y no ventilar detalles de causas en trámite.
Tras la polémica en torno a la salida del abogado Cristian Prada de la Municipalidad -conocido el hecho de que el letrado asumió durante algunas horas la defensa de Juan Pablo Offidani, uno de los imputados por el crimen de Lucía Pérez-, el Colegio de Abogados de Mar del Plata emitió un comunicado en el que repudia “toda acción que pretenda afectar el libre ejercicio profesional”.
En ese marco, y aunque sin hacer referencia al caso de Prada, desde la institución repararon en la recurrencia “de la presentación de denuncias de parte de colegiados vinculados a restricciones al ejercicio profesional”.“Repudiamos toda acción que pretenda afectar el libre ejercicio profesional, asimismo, repudiamos el uso de toda otra metodología que conlleve la violación de los derechos que asisten a nuestros colegia dos en su función”, apuntaron desde los abogados, al tiempo que ratificaron las garantías constitucionales del ordenamiento constitucional “como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.
Sobre esto último -y tras las críticas en relación al rol de los letrados que asisten a personas implicadas en delitos de trascendencia mediática-, el Colegio de Abogados dejó en claro que “en toda circunstancia debe evitarse vincular la persona del abogado con la de sus defendidos ya que tal actitud colisiona con dichos principios, lesiona la independencia de la labor profesional y la función específica que nuestro sistema confiere a los letrados”.
“Resulta propicia la oportunidad para recordar a las autoridades judiciales y las partes interesadas en todo proceso, sobre la necesidad de mantener incólume el valor de la justicia”, apuntaron en el comunicado, al tiempo que instaron a los profesionales a “evitar y/o limitar las manifestaciones públicas sobre causas en trámite”, para poder así “abocarse plenamente a administrar e impartir justicia”.
