Sprint: el INTA se apartó del estudio sobre agroquímicos y Argentina quedó afuera
La decisión fue tomada por el Consejo Directivo del organismo y oficializada a través de una resolución a tres días del cambio de gobierno.
Lo que era de esperarse finalmente sucedió. A tres días del cambio de gobierno, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se retiró del proyecto “Sprint” que buscaba estudiar y medir la cantidad de agroquímicos en el cuerpo humano y también en los ecosistemas. La decisión, por la cual Argentina quedó fuera del proyecto a escala internacional, fue dispuesta por el Consejo Directivo del organismo al que participantes voluntarios habían elevado una nota formal en octubre para pedir su continuidad por la relevancia en materia de salud pública que revisten los resultados obtenidos.
La decisión fue formalizada a través de una resolución firmada el 7 de diciembre por el entonces presidente del Consejo Directivo del INTA, Mariano Garmendia, en la cual se ordenó a Ariel Pereda, a cargo de la Dirección Nacional del organismo desde septiembre, a notificar a la investigadora y coordinadora a nivel internacional del estudio, Violette Geissen, del retiro de Argentina del proyecto “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés) del que participaron 73 voluntarios y voluntarias de distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos General Pueyrredon.
Fueron ellos, junto a investigadores del propio organismo, quienes desde julio critican sostenidamente el accionar del INTA. Primero fueron las denuncias de censura −que tuvieron lugar en la delegación local del INTA− respecto los resultados que debían presentarse el 21 de junio y que, sin una justificación razonable, el organismo estatal suspendió al tiempo que apartó y silenció a la ingeniera agrónoma e investigadora experta a cargo del proyecto, Virginia Aparicio, quien debía de presentar esos resultados.
Pero de todas maneras, los resultados individuales llegaron a cada participante y fue allí donde se conoció que, sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas, las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.
Los resultados llegaron en un lenguaje técnico y sin una explicación oficial de qué implica para el cuerpo humano vivir con una mezcla de tantos agroquímicos, lo que también despertó el malestar entre quienes participaron del estudio.
Fue en ese contexto y tras las denuncias públicas de censura que el INTA, sin embargo, decidió redoblar la apuesta y a través de una resolución con fecha del 5 de julio, “pospuso” la participación de Argentina en el Sprint “hasta tanto no se contara con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Desde entonces, tal como siguió Qué digital a través de distintas publicaciones, el reclamo de las y los participantes voluntarios se centró en la continuidad de Argentina en el Sprint mientras desde el organismo prevaleció el silencio.
El Sprint inició en 2020 y estaba pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan de él Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza y República Checa.
Argentina fue uno de los países elegidos y financiado por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado. A lo largo del estudio que se mantuvo vigente hasta comienzos de 2023, se tomaron distintas muestras para medir y evaluar cantidades de agroquímicos en el cuerpo humano y también en el ambiente (suelos y agua, por ejemplo).
Campo de producción orgánica, sin aplicación de agroquímicos, de Esteban, uno de los voluntarios de General Pueyrredon (Foto: Qué digital)
Durante los primeros días de octubre y sin muchas posibilidades de huir de la emboscada del público, el organismo nacional se refirió por primera vez al estudio durante un Congreso de Alimentos en Paraná, Entre Ríos, ante los cuestionamientos de una profesional de la salud. Allí, Garmendia aseguró que los resultados “no estaban prohibidos” y también planteó que hubo una suerte de “error inicial” por parte del INTA en cuanto al abordaje del proyecto.
Entre sus declaraciones, sumó que buscaban “subsanar” ese accionar e involucrar a los ministerios de Salud por el peso en materia de salud pública que arrojaron los resultados y que carecen de un análisis profesional desde el área, en sintonía a los planteos de las y los participantes.
Pero lo más importante llegó días después cuando en una reunión virtual, Pereda se comprometió con quienes participaron del estudio a elevar su pedido de continuidad al Consejo Directivo aunque, a poco de asumir en su cargo, rápidamente se excusó con que él “no tenía nada que ver” y que esa era el área de máximo poder de decisión que definiría la continuidad o no del proyecto.
Así, mientras los participantes lograban recabar más información desde otras puntas, como a través de una reunión en Nueva York en la que Geissen informó que en comparación a los países europeos muestreados en Argentina hay cantidades superiores de agroquímicos en el polvo de las casas de familias rurales y en la materia fecal, finalmente ocurrió aquello que tanto temían: era cuestión de tiempo para que el INTA se apartara del estudio.
Según pudo saber Qué digital, la decisión fue tomada por el Consejo Directivo -conformado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado- en donde todos, salvo la Federación Agraria Argentina, votaron a favor de la salida de Argentina del proyecto.
Los organismos que pusieron su voto a favor de esa decisión -que, en sí, afecta el acceso a información pública que aún no tiene el país sobre agroquímicos y los efectos de su aplicación desmedida en el campo argentino como así también de su consumo diario a través de diferentes vías- fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; facultades de Agronomía de universidades nacionales; facultades de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales; la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aaacrea); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro); las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
