Vivir con una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo
Tras las denuncias de “censura” del INTA al estudio “Sprint”, dos voluntarios relatan su experiencia tras conocer que viven con hasta 10 plaguicidas en la sangre.
Conocer el riesgo que implica para la salud el hecho de vivir con una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo es el reclamo que sostienen distintas organizaciones ambientales pero principalmente, en las últimas semanas, quienes participaron de manera voluntaria de un estudio a escala internacional —liderado en el país por el INTA— en el cual se analizó la cantidad de agroquímicos en la sangre, orina y materia fecal en 73 personas. Los resultados —aún no difundidos públicamente— dejan en evidencia la importancia del uso responsable de fitosanitarios y de la implementación de modelos de producción alternativos, desde una perspectiva de salud pública.
Esteban y Nair viven en la zona de Sierra de los Padres y son dos de los voluntarios que participaron a nivel local del estudio “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en noviembre de 2021 en distintos partidos en el sur de la Provincia de Buenos Aires (entre ellos General Pueyrredon) a través de la toma de muestras para evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana pero también en los ecosistemas.
En medio del conflicto que se desató en las últimas semanas —con su repercusión en Mar del Plata— a raíz de una denuncia pública de “censura” de los resultados por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como organismo nacional a cargo del estudio, Esteban y Nair compartieron su experiencia con Qué digital respecto a los datos obtenidos, de los cuales se desprende —sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas— que las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.
Muchas personas pueden decir ‘ellos tienen los tóxicos’. Pero nosotros representamos todo lo que los argentinos consumen día a día. Tenemos que luchar por otro modelo de producción
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Hace seis años que Nair se instaló de manera definitiva en Sierra de los Padres, una de las zonas rurales de General Pueyrredon históricamente expuesta a los agroquímicos —de manera directa e indirecta— por su cinturón frutihortícola, más allá de la medida judicial que prohíbe a nivel local fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas y que es foco de reiterados reclamos por su incumplimiento.
Esteban, por su parte, es un pequeño productor agropecuario que hace diez años dejó de utilizar agroquímicos para volcarse a un sistema agroecológico de producción de alimentos. Su campo, certificado como “orgánico”, está ubicado en el kilómetro 23 de la ruta 226, casi al límite de Balcarce.
En ambos relatos hay un punto en común. Esteban y Nair no se muestran sorprendidos por los resultados individuales del Sprint a los que el INTA les ofreció acceder y que expresan, a través de tablas y valores, que en sus cuerpos hay distintas cantidades de diferentes agroquímicos.
La exposición a los plaguicidas a través de las fumigaciones a cielo abierto es un hecho. Pero también es un hecho —a partir de las conclusiones a las que llegan a partir del estudio— su consumo o contacto a través de los alimentos, el aire, el agua e incluso a través del polvillo de los hogares.
En ambos casos, el reclamo al Estado pasa por la necesidad de conocer qué implica para la salud el hecho de tener una “mezcla” de diferentes agroquímicos en el cuerpo. Esa es la explicación que esperaban tener el 21 de junio en una reunión informativa y de presentación de datos que fue suspendida por el propio INTA a través de una nota interna dirigida a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, experta en la materia y quien lideraba el proyecto.
Días después, a través de una resolución con fecha del 5 de julio, el organismo “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint conveniado y financiado por la Unión Europea “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”. Esteban y Nair, al igual que otros voluntarios del país, reclamaron al organismo algún tipo de respuesta a través de una nota presentada por una abogada, aún sin respuesta.
El estudio Sprint comenzó en 2020, fue pautado para desarrollarse en cinco años, y participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y EL DERECHO A SABER
Además de las muestras de sangre, orina y materia fecal, Esteban y Nair llevaron colocada durante una semana una pulsera con el objetivo de “captar todos los agrotóxicos, plaguicidas o sustancias” con los que estuvieran en contacto a través del aire y además se les pidió, como parte del estudio que también busca evaluar el impacto en la salud humana de los fitosanitarios en el ambiente, la “basura” de sus aspiradoras.
De los resultados preliminares del estudio Sprint, firmados por Aparicio y a los que accedió Qué digital, se desprende que los voluntarios tienen —sin distinción entre zonas rurales expuestas a fumigaciones y zonas urbanas—, de 2 a 10 plaguicidas en la sangre, de 6 a 13 en la orina y hasta 18 en la materia fecal —con una importante concentración del conocido glifosato—.
También se hallaron hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas, entre ellos la atrazina, sustancia prohibida en Europa y que en el país “se incrementó su uso de manera significativa fuera de registro y sin cumplir con lo establecido por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)”, según datos de un informe nacional publicado en 2021 que analiza la aplicación del plaguicida en los últimos años.
“Por privado se nos ofreció acceder a nuestros análisis personales, pero no tenemos ningún tipo de explicación. Acá el problema no es solo la cantidad de agroquímicos, que ya se sabe que hacen daño de manera individual, sino que no se sabe qué puede causar la mezcla de tantos agrotóxicos, la interacción entre los mismos plaguicidas y sus metabolitos”, sostuvo Nair.
Ser bióloga le permitió, en su caso, realizar otra lectura de sus análisis y vincularlo con algunos problemas de salud que atravesó: “Corroboré, nada más ni nada menos, por qué estuve durante ocho años con tratamientos de fertilidad”.
“Lo más grave es que los 73 somos una muestra de lo que pasa en la Argentina en general. Somos una representación y muchos pueden decir ‘ellos tienen los tóxicos’, pero nosotros representamos todo lo que los argentinos consumen día a día”, cuestionó.
La necesidad de pensar otros modelos de producción que escapen a la agricultura intensiva queda en claro para Nair luego de enumerar todo lo que los químicos “generan en la salud humana”. Entre diferentes enfermedades y patologías, menciona cáncer, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que se presenta “cada vez más en niños y niñas”, problemas tiroideos y celiaquía.
Y explica que los agroquímicos “aumentan la permeabilidad intestinal que es nuestra barrera inmune, entonces al aumentar la permeabilidad entra todo y aparecen por ejemplo las alergias. Pero a su vez, al ser neurotóxicos pueden causar todo lo que es neurodegenerativo, como parkinson y alzheimer”.
En General Pueyrredon hay al menos 200 casos epidemiológicos con “efectos agudos e inmediatos” asociados al uso y/o exposición a agroquímicos. Sin embargo, a esos casos a los que se le realiza una vigilancia intensiva, se suman muchos otros “notificados por historia clínica”.
El registro lo lleva el Programa Municipal de Salud y Agroquímicos —conformado en 2008 de manera independiente por profesionales de la salud de distintos Centros de Atención Primaria en General Pueyrredon y formalizado en 2012—: la mayor parte de los casos que han registrado coincide con trabajadores rurales o poblaciones expuestas.
Al igual que el reclamo hacia el que apuntan los voluntarios del proyecto Sprint, desde el programa municipal advertían en un informe con Qué digital sobre la “diversidad de tóxicos” que se emplean en el campo y que hacen más difícil la tarea de identificarlos y establecer asociaciones específicas con los efectos que causan sobre la salud.
Para recabar “otro tipo” de información epidemiológica, las trabajadoras señalaban la necesidad de contar con instrumentos para el análisis de, por ejemplo, el agua de lluvia —tal como estudió el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y que halló que el agua de lluvia de Félix U. Camet contiene restos de glifosato— o de reactivos para las personas, porque si no las enfermedades o problemáticas solo se pueden “inferir”.
NO SE VEN, PERO ESTÁN
Aunque no se ven, los agroquímicos están presentes en el aire, en los alimentos y en el agua, y son consumidos en el día a día por toda la población: “Esto no es una cosa de la gente del campo, sino de todos”, planteó Esteban en relación a los análisis que demostraron que tanto en las poblaciones rurales como urbanas (en Mar del Plata, por ejemplo) las personas analizadas llegaron a las mismos resultados.
En su caso concreto, esperaba encontrarse con parte de esos resultados porque, cuenta, está expuesto a los agroquímicos que aplican sus vecinos en campos linderos al suyo, pese a que él se dedica exclusivamente a la producción orgánica sin plaguicidas.
Es fuerte cuando lo ves en tu propio cuerpo. Decir yo lo tengo, soy portador de estos químicos
La ciudad de Mar del Plata, desde Sierra de los Padres
“Me parece gravísimo que el INTA, con un proyecto aprobado, ahora no esté avalando el trabajo de sus propios científicos. El proyecto se hizo con un nivel de excelencia muy grande, de manera exhaustiva y con prolijidad. Que ahora no permitan dar a conocer públicamente los resultados es gravísimo”, consideró Esteban teniendo en cuenta que Argentina firmó en 2020 el Acuerdo de Escazú que establece en América Latina y el Caribe el derecho al acceso a la información ambiental además de la participación pública en la toma de decisiones.
“Estamos hablando de datos científicos, no de datos simples u opiniones. Hay que apoyar a la ciencia e investigar cuál es el impacto de estos químicos que ya sabemos que los tenemos todos, pero para saber cuánto de todo esto nos está afectado”, planteó.
OTROS MODELOS DE PRODUCCIÓN
Para Nair y Esteban, el estudio deja en evidencia la necesidad de pensar en otros modelos productivos por fuera de la lógica del agronegocio que, en busca de un mayor rinde, suele aplicar cada vez más plaguicidas para el control de las malezas en una cadena de efectos tanto para el ambiente y los ecosistemas, como para la salud de la población argentina.
El Estado, en vez de censurar y negar una verdad evidente, debería de volcarse más seriamente al desarrollo de otros modelos productivos
Esos modelos alternativos que “permiten producir alimentos y generan trabajo sin necesidad de estar contaminando el ambiente”, defiende Esteban, están aunque considera que “falta la inversión, el desarrollo y la investigación”. En esa misma línea, Nair lamenta que “todo lo que es Monsanto y Syngenta de la agroindustria, está subvencionado” mientras, en el otro extremo, “muchos” de las y los pequeños productores que sostienen otros modelos de producción “no están recibiendo ayuda”.
