Agroquímicos: un programa de salud y 200 casos en seguimiento epidemiológico
En la tierra, en el agua, en los alimentos y también en el cuerpo: cómo es el trabajo del programa municipal en el estudio de enfermedades por uso y exposición.
Visibilizar la problemática que genera el uso y la exposición a agroquímicos en Mar del Plata y generar registros cualitativos y cuantitativos sobre los efectos en la salud de trabajadores rurales y personas expuestas fue lo que llevó a un grupo de profesionales de la salud —de Centros de Atención Primaria municipales (CAPS)— autoconvocadas a organizarse en 2008 y, cuatro años más tarde —bajo el Programa Municipal de Salud y Agroquímicos—, a capacitarse y generar instrumentos para acompañar y generar ese registro que hoy suma 200 casos epidemiológicos de “seguimiento intensivo”.
Cuál es la mirada del programa municipal respecto a la gestión de los envases, las fumigaciones ilegales y el aumento de las aplicaciones ante las malezas, resistencia y búsqueda del rinde ante la aparición de enfermedades y problemas respiratorios en infancias asociados a la exposición.
El norte y sur de Mar del Plata, pero también todo el sector que engloba las zonas aledañas al cordón frutihortícola, forman parte del territorio de estudio, registro y seguimiento que trabajadoras de la salud, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras y nutricionistas, entre otras profesionales de los equipos de distintos CAPS, realizan desde el año 2012 bajo el programa municipal que apunta a generar información sobre los efectos del uso y exposición a los agroquímicos.
“La idea inicialmente fue visibilizar la problemática del uso de agrotóxicos en General Pueyrredon y empezar a vincularlo y registrar los efectos que producía en la salud y generar instrumentos para la acción”, describe para Qué digital Silvina Fabregas, integrante del equipo del programa municipal y médica generalista del CAPS Félix U. Camet.
El equipo interdisciplinario está conformado por trabajadoras de distintas áreas de los CAPS Batán, La Peregrina, 2 de abril, Estación Chapadmalal, El Boquerón, Parque Hermoso, Estación Camet y Colonia Barragán.
“Lo que hacemos cada una de las trabajadoras es estar en nuestros puestos de trabajo atendiendo personas o haciendo actividades en los centros de salud. Tenemos reuniones semanales desde 2008 en donde chequeamos todas las acciones que vamos desarrollando en el año con evaluaciones anuales”, detalla Silvina.
ENFERMEDADES ASOCIADAS A LOS AGROQUÍMICOS Y 200 CASOS
Desde la conformación del programa, el principal objetivo se mantuvo claro: recabar información a través de una ficha con datos cuantitativos y cualitativos en torno a enfermedades asociadas a los agroquímicos.
La metodología, desde aquel entonces, consiste en relevar todos aquellos casos que llegan a los centros de salud que, en general, coinciden con trabajadores rurales o poblaciones expuestas “simplemente por ser vecinos de un campo” como dos características principales que definen en buena parte a ese registro.
Sin embargo, a los 200 casos de enfermedades con “efectos agudos e inmediatos” sobre los cuales realizan una “vigilancia epidemiológica intensificada”, detalla Silvina, se suman todos aquellos notificados por historia clínica.
“Lo que siempre vemos y está asociado a los agroquímicos y fuimos recabando son problemas respiratorios que se exacerban, es decir, problemas respiratorios que aumentan por ejemplo para una persona asmática o con EPOC al estar en contacto con tóxicos en el ambiente, en el aire o por trabajar con ellos“, asegura.
En consecuencia, algunos casos epidemiológicos pueden presentar síntomas “aumentados” que “resultan de muy difícil manejo” produciendo —entre otros efectos sobre la salud— disfonía, alteraciones en la voz, tos, irritación en los ojos, picazón, reacciones en la piel, mareos, náuseas, convulsiones e, incluso, efectos más graves “según la vía de ingreso y el producto”, explica la médica.
FUMIGACIONES ILEGALES Y “DIVERSIDAD DE TÓXICOS”
Una de las problemáticas más difíciles de abordar, según definen desde el programa, es la “diversidad de tóxicos” que se emplean en los campos, algo que, entre tantos químicos, vuelve más difícil la tarea de poder identificarlos y establecer asociaciones específicas con los efectos que generan sobre la salud. Esa situación incluso, describe Silvina, se traslada a quienes trabajan con los agroquímicos y que en muchos casos “no saben lo que están utilizando”.
“Cuanto más se habla del tema y la comunidad esté más enterada más importante va a ser y más se le va a poder hacer frente a este problema”, analiza. Desde septiembre de 2014, a instancias de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, se mantienen suspendidos a través de una medida cautelar los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296 que permitían fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales de General Pueyrredon “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” (algo que todavía, a pesar del paso de los años, no sucedió).
En el marco de ese proceso que continúa abierto, la Suprema Corte ratificó en 2019 la suspensión de los artículos clave de la normativa y le exigió al gobierno local que procure “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento”, algo que, tampoco sucede a pesar de las denuncias que se repiten como una constante por fumigaciones ilegales a menos de mil metros de los núcleos urbanos en la zona oeste, sur y norte de General Pueyrredon.
Los barrios de El Marquesado, Gloria de La Peregrina y Félix U. Camet son algunos de los que forman parte de ese escenario mientras vecinos y vecinas reiteran sus cuestionamientos a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, área encargada de supervisar el efectivo cumplimiento de la disposición de la Justicia bonaerense.
(Foto: archivo / Qué digital)
“En estos años lo que hicimos fue asesorar y acompañar desde los equipos de salud cuando en los barrios empieza a haber una mayor visibilidad del problema o denuncias de vecinos y equipos alarmado por lo que estaba sucediendo. En Félix U. Camet (a partir de una serie de denuncias y la última pública realizada desde la asociación vecinal en septiembre de 2022) las fumigaciones se alejaron, pero todavía existen“, aclara Silvina.
Pero más allá de la denuncia como una herramienta que considera clave, y por fuera de la tarea del programa municipal en el seguimiento de las enfermedades asociadas, para la médica del CAPS de Félix U. Camet se hace evidente la necesidad de habilitar, desde el gobierno municipal, investigaciones que permitan recabar “otro tipo de información epidemiológica” como los resultados que arrojó tres meses atrás el estudio encabezado por el Grupo “Aguas” de la Universidad Nacional de Mar del Plata que halló restos de glifosato en el agua de lluvia del barrio.
“Desde el punto de vista del Municipio todavía nunca se articularon los medios necesarios para analizar aguas o a las personas. Es un limitante que tenemos en la parte de salud: podemos identificar las problemáticas, inferirlas, pero muy pocas veces tenemos a disposición los reactivos tanto para el agua como para las personas. Es una de las cuestiones para seguir trabajando”, explica Silvina en lo que podría hacer una diferencia fundamental a la hora de acceder a información pública sobre, por ejemplo, qué cantidad de agroquímicos están presentes en el aire de General Pueyrredon y cuáles son las condiciones del agua de lluvia y de consumo de uso domiciliario que, en definitiva, impactan en la presencia de agroquímicos en el cuerpo.
“En las playas del sur los equipos médicos estuvieron muy alarmados por el agua contaminada y su probable asociación en niños con problemas en el desarrollo neurológico“, señala la médica respecto a la contaminación que se detectó a comienzo de 2022 en Playa Serena luego de un análisis que realizó el INTA-Balcarce vinculado con la posibilidad de infecciones en menores y que derivó, por parte de las y los vecinos, en fuertes reclamos al gobierno de Guillermo Montenegro por “no atender un gravísimo problema de salud”.
UNA PROBLEMÁTICA MÁS ALLÁ DE LA SALUD
La aplicación de agroquímicos aumenta, año tras año, en un país que continúa posicionándose como uno de los principales a nivel mundial con más cantidad de hectáreas de cultivos, cultivos transgénicos y producciones a gran escala de soja, maíz y algodón, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). ¿Cuál es el motivo del aumento en las aplicaciones con millones de litros utilizados por año?: la resistencia de los cultivos a los herbicidas y, también, la búsqueda de un mayor rinde desde el agronegocio.
Ese escenario, que también se refleja a nivel local con el importante número de producciones que se generan en el cordón frutihortícola de General Pueyrredon, demandan la formación de, según señala Silvina, equipos interdisciplinarios “porque si no es imposible desde el consultorio abordar la problemática” que, en definitiva, se extiende mucho más allá de la salud y que involucra por ejemplo, no solo al derecho a la soberanía alimentaria de las poblaciones, sino a conocer el impacto que generan sobre el ambiente y cuál es su gestión.
En el aire, en la lluvia, en la tierra, en los alimentos. En algún lado tienen que estar todos esos millones de litros que se aplican porque no se inactivan, siguen presentes y están en nuestros cuerpos, en todos lados
BIDONES CLANDESTINOS, UN PROBLEMA AÚN “SIN SOLUCIÓN”
Semanas atrás se desplegó en la zona de la avenida Mario Bravo y Pehuajó un importante operativo en el que se decomisaron centenares de bidones o envases de agroquímicos acopiados de manera ilegal y ahora, a instancias de la Fiscalía N°11 a cargo de Rodolfo Maure, se investiga si los mismos eran utilizados para fabricar productos de uso humano como tanques de agua, sillas, vasos y juguetes.
Como parte del operativo, no solo se secuestraron los envases del predio que era utilizado como espacio de acopio, sino grandes cantidades de plástico molido listo para ser reutilizado y elaborar otros productos en otro de los predios donde el material era manipulado por empleados sin ningún tipo de habilitación, protección ni tratamiento, con olores irritantes en el ambiente e incluso arrojando residuos a las cloacas.
Desde 2016 rige a nivel nacional la Ley 27.279 que establece la responsabilidad de los fabricantes de agroquímicos para el tratamiento de los envases en los que comercializan los productos altamente contaminantes utilizados por productores agrícolas.
Además de prohibir el abandono, vertido, quema y/o derramamiento de envases vacíos en cualquier parte del país, la normativa establece la creación de un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios a través del cual las empresas productoras deben facilitar un programa de recepción, almacenamiento, tratamiento y reciclaje controlado de los bidones a través de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) adonde los productores deben llevar los envases recuperados para evitar que se conviertan en una fuente más de contaminación.
Sin embargo, muchas veces es el propio Estado el que termina haciéndose cargo de la creación de esos centros de disposición. En Mar del Plata hasta 2021 hubo un Centro de Almacenamiento Transitorio, ubicado en Azopardo al 1.050, construido por la Municipalidad pero a cargo de Transervice SRL. En la zona, además, hay otros en Balcarce, Necochea (2) y Tandil. En total, en la Provincia hay alrededor de 30 CAT habilitados aunque, pese a ello, en 2021 se aplicaron multas millonarias a grandes empresas multinacionales y nacionales por no tratar adecuadamente los envases.
“Todo ese material que viene en bolsas, bidones o en distintos empaques está en el ambiente. Es un producto tóxico, diversos productos tóxicos. Los envases son una de las problemáticas que desde hace mucho se viene hablando y que nosotros, a través de nuestros relevamientos, veíamos que la mayor parte de los trabajadores rurales no sabía qué hacer con los envases“, cuenta Silvina desde el programa municipal.
“Un tanto los quemaba, otro tanto los enterraba y un porcentaje menor hacía la perforación del envase y triple lavado, algo que no invalida que después se puedan reutilizar y se reciclen de una manera no correspondiente. Es muy complejo el manejo de los residuos porque tienen que tener un tratamiento especial“, grafica.
Más allá de la normativa que establece la responsabilidad de las grandes empresas productoras, Silvina se refiere a la responsabilidad de los municipios que, considera, “no tienen un manejo que esté bien diseñado”. En síntesis, los envases “se acumulan en depósitos (ilegales), se entierran o se queman” con consecuencias ambientales desconocidas y con la presencia de altos contaminantes sobre los suelos que “no se inactivan” y “siguen ahí” como parte de una realidad que, considera Silvina, aún no tiene soluciones concretas.
