Torturas y detención ilegal: “Llegaron embarrados, golpeados y con la ropa rota”
La hermana de una de las víctimas dio detalles de lo sucedido. La Comisión Provincial por la Memoria intervino y pidió que protejan a las familias.
Mientras tres de los cuatro policías involucrados en el operativo ilegal desplegado que implicó torturas y un simulacro de fusilamiento contra dos jóvenes de 14 y 16 años siguen detenidos, la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM) intervino en el caso y formalizó un pedido de habeas corpus ante la Justicia para que se garantice la protección de las familias denunciantes. “Llegaron embarrados, golpeados, con la ropa rota“, detalló la hermana de una de las víctimas según reconstruyeron desde la CPM.
Los dos jóvenes fueron interceptados el 17 de septiembre en 210 y Beruti por dos efectivos en un móvil que, con el precepto de “identificarlos” los obligaron a poner las manos contra el patrullero. Luego, con la llegada de un segundo vehículo policial, los golpearon y esposaron antes de llevarlos a un descampado de la zona y practicarles un simulacro de fusilamiento. Todo eso mientras, según explicó al hermana de uno de ellos, habían salido a comprar. Sin saber lo que estaban sufriendo pero al notar que se demoraron más de lo previsto, en la familia empezaron los nervios.
“Mi mamá salió a buscarlos pero no los encontraba. En un momento, desde la esquina de mi casa vio los patrulleros que pasan para el lado de los descampados, no le dio importancia porque es normal que anden deambulando. Ya se había puesto nerviosa por lo que tardaban y a los dos segundos cae mi hermano alterado porque lo había agarrado la policía, le habían pegado“, relató la mujer a integrantes de la CPM.
Luego de que llegaran a la casa, detalló: “Estaban mal, vinieron súper asustados, llegaron embarrados, golpeados, con la ropa rota, lastimados y yo enseguida hice todo legal, como tiene que ser”, continuó.
Al tomar conocimiento de los hechos, la CPM intervino y se presentó como particular damnificado institucional (según lo dispuesto por la Ley Nacional 26.827) ante el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de la jueza Rosa Frende, a la vez que acompañó a la familia en la denuncia penal y administrativa. Mientras tanto, afirman que los jóvenes “aun atraviesan una importante afectación psicológica”.
Según pudo saber Qué digital, la CPM formalizó la presentación ante la Justicia de un habeas corpus con el objetivo de que se garantice la seguridad de las familias que se animaron a denunciar hechos como éstos, los cuales suelen encontrar en el temor a represalias la razón para no ser denunciados.
Además, desde la CPM afirmaron que también se presentaron ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad para exigir que se realice una investigación “exhaustiva y rigurosa” de los hechos, más allá de que los policías hayan sido desafectados de la fuerza.
Desde el organismo, mecanismo local de prevención de la tortura, recordaron que lejos está de ser el primer caso de esas características en Mar del Plata y citaron un hecho similar ocurrido en la vigencia de las medidas de aislamiento, donde dos policías interceptaron a jóvenes que incumplieron la cuarentena, los hicieron arrodillarse y les gatillaron en la cara.
“La CPM viene denunciando la práctica sistemática de la tortura de parte de la policía bonaerense en su actuación cotidiana. Este hecho de inusitada gravedad fue cometido contra jóvenes de 14 y 16 años, sin que la policía cumpla con requerir la intervención de los dispositivos del Sistema de Promoción y Protección de niños, niñas y jóvenes”, remarcaron.
En cuanto a la investigación de los hechos, cabe recordar que este miércoles excarcelaron a la oficial Micaela Estigarribia luego de que en su declaración confirmara la versión de las víctimas de las torturas y se ubicara en un rol “pasivo” en los hechos, en comparación con sus tres compañeros. En consecuencia, el fiscal Juan Pablo Lódola cambió la acusación en su contra a cómplice secundaria y pidió la liberación, en tanto que Jonatan Cabrera, Vanesa Cano y Ariel Estevez Pitrau permanecen alojados en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y Destacamento Femenino tras negarse a declarar en la causa en la que se los investiga por privación ilegal de la libertad agravada y torturas.
