Un sector de colegios privados, contra el tope de cuotas acordado por otras cámaras
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada cuestionó el acuerdo replicado a nivel provincial. Consideraron que “resulta falto de claridad y consenso”
A pocas horas de firmado a nivel provincial el acuerdo para aplicar topes al aumento de las cuotas de las escuelas privadas con subvención estatal, una de las asociaciones del sector mostró su desacuerdo con la implementación. Consideraron que el acuerdo “resulta falto de claridad y consenso”.
El acuerdo, como parte de la política de “Precios Justos” con la que el gobierno busca contener la inflación sin control, fue firmado a nivel nacional la semana pasada y en las últimas horas se concretó la adhesión provincial con la firma del acta por parte de siete cámaras del sector: la Asociación Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), de la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Acidepba), de la Asociación de Instituciones Privadas Argentinas (Aiepesa), del Consejo de Educación Católica (CEC), del Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), del Espacio de Gestión Educativa (EGE) y de la Federación Cooperativas de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (Feceaba).
Apenas algunas horas después, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) -que agrupa a más de 2.300 colegios de todos los niveles de enseñanza– salieron a exponer su desacuerdo con la firma del convenio con el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.
“Nuestra postura y nuestros aportes expresados en la reunión preparatoria no fueron tomados en cuenta e incluso exceden los términos originalmente propuestos por Nación”, acusaron y consideraron que “el acuerdo resulta falto de claridad y consenso”.
La medida implica la fijación de topes a aplicar en los aumentos de las cuotas, según los meses incluidos dentro del acuerdo: marzo 16,80%, abril 3,35%, mayo 3,35%, junio 3,35% y julio 4,00%. El convenio tendrá vigencia, según se detalló, hasta el 31 de julio.
Más allá del rechazo, desde la asociación repararon en que “teniendo en cuenta que de ese acuerdo surgirá una resolución oficial de la Dirección General de Escuelas” todos sus asociados “cumplirán con las pautas allí fijadas e intentará mantener la calidad de la enseñanza y de los servicios educativos que prestan cada una de las escuelas asociadas”.
Además, plantearon que “sólo resta esperar una instrumentación lo menos traumática posible administrativa y financieramente”.
