Basural: dictaron una medida cautelar y suspendieron el proceso licitatorio
La resolución fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2. Una empresa interesada denunció un “direccionamiento” del pliego para que gane el proceso otra firma.
Al hacerse eco de una acción impulsada por una empresa que acusó la existencia de un “direccionamiento” para que el proceso licitatorio del basural quede en manos de empresas que ya prestan servicios para el Municipio, la Justicia dictó este lunes una medida cautelar y frenó la licitación para que una nueva empresa se haga cargo de la operatoria del predio de disposición final de residuos. Lo hizo al plantear dudas sobre las características dispuestas para que las firmas interesadas puedan acreditar su capacidad técnica para llevar adelante la tarea.
El freno al proceso licitatorio en marcha, y en el cual se esperaba conocer las ofertas el 27 de diciembre, fue dispuesto este lunes por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, Marcelo Fernández, en el marco de una presentación realizada por la empresa Estrans SA en la que cuestionó en duros términos las condiciones que fueron impuestas en el pliego de bases y condiciones aprobado el 13 de octubre en el Concejo Deliberante.
Puntualmente, la firma Estrans SA presentó el pedido de dictado de una medida cautelar para suspender el proceso licitatorio puesto en marcha por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) al acusar que la existencia en el pliego de “cláusulas que procuran su contratación direccionada en favor de un tercero“.
De esa manera, la empresa planteó la existencia de cláusulas “para favorecer la contratación de quien se encuentra actualmente operando el predio de disposición final de residuos”, y entre ellas a las firmas Ciageser SA y Esur además de 9 de Julio, aunque esta última en realidad se encarga de la recolección e higiene urbana y no de la operatoria del predio en sí misma.
Entre los diversos puntos cuestionados uno de ellos remarcó que un artículo del pliego (el 16.3) requiere como exigencia contar con una capacidad técnica determinada que puede incluir “servicios de recolección de residuos, barrido y servicios especiales de residuos sólidos” lo que, al entender de la empresa, se trata de servicios que “carecen de vinculación con lo que resulta ser objeto de la contratación”. Justamente esos servicios permitidos para acreditar capacidad técnica son los que presta, por ejemplo, la empresa Ciageser en la ciudad y también la 9 de Julio.
Ese fue el punto del que también se tomó el juez Fernández para hacer lugar al pedido de dictado de una cautelar y suspender el proceso licitatorio. Es que sostuvo que el pliego permite en torno a la capacidad técnica requerida “acreditar servicios que prima facie no se encuentran vinculados al objeto del futuro contrato que es objeto del procedimiento puesto en marcha” lo cual, afirmó “podría implicar una afectación de los principios de concurrencia y de efectiva competencia, que resultan propios del procedimiento de contratación”.
Asimismo, el juez reseñó que ese mismo planteo había realizado la firma Estrans SA de manera administrativa ante el Emsur sin tener respuestas positivas.
De esta manera, el magistrado dispuso retrotraer la licitación al momento previo a su convocatoria y suspendió “provisionalmente” al artículo del pliego cuestionado “en cuanto para acreditar capacidad técnica por los oferentes, prevé la posibilidad de aceptar la acreditación de experiencia en materia de recolección, barrido y servicios especiales de residuos sólidos urbanos”
Conocida la resolución, desde el gobierno de Guillermo Montenegro adelantaron que apelarán la resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Desde hace más de un año la operatoria del predio -inaugurado en 2012- está a cargo de tres empresas (Ciageser en el “playón social”, Ashira en el relleno sanitario y Esur en la planta de lixiviados) a partir de una silenciosa contratación directa iniciada en julio de 2021 por ocho meses y prorrogables por cuatro más, con extensión hasta la actualidad, tras lo que fue la salida de la Ceamse del predio, que se había hecho cargo desde 2018 en medio de una fuerte crisis y la saturación del predio.
Durante la aprobación en el Concejo Deliberante -por parte del interbloque de Juntos por el Cambio más Nicolás Lauría- del nuevo pliego ahora cuestionado desde la Justicia el concejal Alejandro Carrancio (Creciendo Justos) había acusado al gobierno municipal de confeccionar un pliego para favorecer a una empresa. “Este pliego está direccionado, este pliego busca que una empresa que está operando, y que cuando hicimos la visita dijo que le interesaba ser la adjudicataria, que es Ciageser, que seguramente va a ser la que va a ganar la licitación”, denunció.
Además, sostuvo que “lo que es un secreto a voces alguien lo tenía que decir” y calificó el pliego como “un maquillaje de una licitación para que gane un amigo”.
En medio del proceso abierto para la licitación, y a la espera de conocerse las ofertas, ocho empresas se habían mostrado interesadas formalmente en presentarse: las tres actuales (Ashira, Ciageser, Esur), 9 de Julio –que tiene a cargo todo el proceso de recolección, Estrans, Tecsan, Transervice y Pasalto Materiales.
