Caso Fernández Garello: la AJB acusa un “potente entramado de protección”
El gremio de trabajadores judiciales bonaerenses cuestionó la decisión de la Cámara de Casación de anular el procesamiento por delitos de lesa humanidad del fiscal general.
Después de que la Cámara Federal de Casación resolviera anular el procesamiento del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que ya había sido elevada a juicio, el gremio de trabajadores judiciales bonaerenses cuestionó la resolución y acusó que “cabe preguntarse si esta decisión no forma parte del potente entramado de protección política y judicial”
La resolución fue tomada el viernes pasado por la sala segunda de la Cámara de Casación con los votos de los magistrados Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci (y la disidencia de Alejandro Slokar) al entender que el procesamiento dictado contra el actual fiscal general de Mar del Plata supuso una “afectación a garantías constitucionales“. De esa manera, y al valorar el estado de avance de la causa, se ordenó extender los efectos de la decisión a todas las instancias del proceso ya atravesadas, entre ellas la elevación a juicio.
A una semana de esa decisión, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) -impulsora de la causa junto a diversos organismos de derechos humanos- salió a repudiar el fallo. “Entre los argumentos utilizados por Mahiques y Yacobucci para anular el procesamiento entendieron que el procesamiento dictado contra Fernández Garello carece de fundamentación suficiente, atento que no se realizó una evaluación integral de los elementos de la causa, y se sustentó sólo en fórmulas legales y fundamentos aparentes prescindiéndose de valorar cuestiones esenciales”, repasaron.
Y en el plano técnico y jurídico expusieron: “Resulta llamativo que Yacubucci y Mahiques realicen un riguroso juicio de certeza sobre la imputación del fiscal general marplatense como si evaluaran la cuestión en una sentencia definitiva. Por el contrario, en esa instancia sólo se realiza un examen de probabilidad suficiente para determinar si el proceso debe avanzar al debate público, tal como ocurre con el procedimiento penal de cualquier persona que, sin apoyo político y judicial, enfrenta una sospecha de haber sido partícipe de la comisión de un delito”.
De esta manera, el gremio judicial bonaerense planteó la “pregunta” respecto a que “si esta decisión no forma parte del potente entramado de protección política y judicial que sostiene a Fernández Garello en su puesto pese a las graves acusaciones que pesan sobre el magistrado”.
Y sostuvieron: “Las sospechas apuntan a Carlos Mahiques –uno de los integrantes del voto mayoritario-, quien se desempeñó hasta 2016 como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y cuya alianza política impidió a través de la ausencia reiterada de sus legisladores la apertura del jury de enjuiciamiento que debía resolver el pedido de destitución del fiscal general impulsado por la AJB y un conjunto de organismos de derechos humanos”.
Fabián Fernández Garello está acusado junto a otras seis personas en el marco de la denuncia impulsada por la Comisión Provincia por la Memoria (CPM) de haber participado entre el 23 y el 24 de julio de 1981, cuando se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), de los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista.
La acusación se centra en los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos”.
