Lucía Pérez: la defensa pide la nulidad del juicio por “intromisión” del gobierno nacional
La defensora oficial acusó al presidente Alberto Fernández de realizar una “abierta coacción” contra los jueces del caso.
El mensaje del presidente Alberto Fernández tras una reunión con la familia de Lucía Pérez en el que afirmó que “no se va a permitir la impunidad” y que “cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio” derivó en un pedido de nulidad del segundo debate realizado en las últimas semanas en Mar del Plata y del que se espera la sentencia para el viernes 17. Es que la defensora oficial Laura Solari acusó al presidente realizar una “abierta coacción” contra los jueces del caso. También denunció una “alarmante intromisión del Poder Ejecutivo” en el proceso.
La presentación fue formalizada este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata por Laura Solari, la defensora oficial de Matías Farías, el principal acusado, quien ya en su alegato de cierre del juicio había cuestionado en duros términos la intervención del Poder Ejecutivo a lo largo del proceso.
En este caso, la principal crítica de la defensa que deriva en el pedido de nulidad se basa en el mensaje difundido este miércoles por el presidente de la Nación tras haber recibido en Chapadmalal a la mamá y al papá de Lucía Pérez.
“La garantía de imparcialidad del juzgador se ha visto avasallada de manera burda”, definió la defensora y acusó “que el Presidente de la Nación ha ejercido una abierta coacción sobre los magistrados a decidir en la presente causa”.
También sostuvo que, ante este escenario, “no cuentan a las claras Matías Farías ni Juan Pablo Offidani con la seguridad mínima de que se respete su derecho a un debido proceso” y así definió que la imparcialidad de los jueces “se encuentra institucionalmente afectada”.
El pedido presentado ante los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone puntualmente requiere que “se decrete la nulidad del debate celebrado”, del que se espera conocer la sentencia el próximo viernes 17 de marzo, y que, además, se “haga lugar a la recusación de los magistrados”.
Pero también la funcionaria judicial pide que se remitan actuaciones a la Justicia Federal “a fin de investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla”.
Para la defensa, las manifestaciones del presidente chocan con “límites expresos” que fija la Constitución Nacional. “‘En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’ (artículo 109)”, citó en el escrito.
La defensora oficial Laura Solari
“GRAVEDAD INSTITUCIONAL”
La presentación formulada por Solari si bien hace foco en el mensaje difundido por el presidente de la Nación también enumera diversos puntos, algunos de los cuales ya había expuesto en su alegato de cierre del juicio, y que hacen a su entender a una “intromisión” del gobierno nacional en el juicio.
“Ya desde el inicio de este segundo juicio, las defensas técnicas denunciamos el avasallamiento que advertíamos se estaba efectuando sobre los derechos de los acusados y sobre la grosera e indebida injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, definió.
En su alegato Solari había cargado en duros términos contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Conti, que estuvo presente en la primera audiencia. “Que haya manifestado públicamente que la estrategia de la defensa era ‘canalla e indigna pero que se sabía que lo que rompe con eso es estar acá’ no puede interpretarse de otra manera que como una abierta presión hacia los magistrados”, dijo la funcionaria judicial en ese momento y lo replicó ahora en el escrito para reforzar el pedido de nulidad.
También en el escrito concluyó que “no puede menos que concluirse que se encuentra seriamente violentado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador” y apuntó que “esta es una cuestión de suma gravedad institucional y la consumación de esta violación se perfecciona con la sola comprobación de la injerencia del Poder Ejecutivo en una causa pendiente, tan luego durante el proceso de deliberación previo al dictado de la sentencia”.
RECUSACIÓN DE LOS JUECES
Al pedir la nulidad de este segundo juicio -tras el primero de 2018 cuya sentencia fue parcialmente anulada- la defensora también solicitó la recusación con causa de los tres jueces que lo encabezan. “Es a todas luces ilusorio pensar que nuestros representados tengan la esperanza de confiar que –aún con las mejores intenciones- los magistrados se mantengan imparciales y dicten una sentencia acorde a derecho cuando ni más ni menos que el mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes“, planteó Solari.
De todas maneras, reparó en que ese “temor de parcialidad” en torno a los jueces “no debe ser interpretado como un ataque a la honestidad ni honorabilidad de los magistrados integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Mar del Plata en el desarrollo de sus funciones, sino más bien como un remedio que se intenta para mantener a resguardo la garantía constitucional de ser juzgado por un juez absolutamente imparcial y, por ende, de gozar de un debido proceso adjetivo”.
La defensora recordó que dos de los jueces del anterior juicio, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, esperan la realización de un jury de enjuiciamiento por su actuación en el primer debate, proceso por el cual están suspendidos de sus funciones.
“Es muy importante dejar a salvo la más absoluta consideración y respeto intelectual que se mantiene por los tres nuevos magistrados actuantes, no dudamos que en sus fueros más íntimos querrán e intentarán mantenerse absolutamente ajenos a cualquier clase de presión; pero, luego, es innegable que todo este cuadro de situación contextual ejerce un sutil e insuperable condicionamiento: este caso se ha convertido en la muestra paradigmática de que cualquier nueva sentencia que no les complazca los hará ir por la cabeza de esos otros magistrados quienes, a diferencia de algunos de los sectores presionantes, sí tienen mucho para perder -sus trayectorias, carrera judicial, su prestigio-“, sostuvo la defensora.
EL CASO
Como parte del juicio en el que Tribunal Oral en lo Criminal N°2 deberá dictar la sentencia, la existencia o no de un abuso sexual en medio del cual se produjo la muerte de Lucía Pérez , de 16 años, fue el eje del proceso.
La investigación del caso da cuenta que el principal acusado, Matías Farías, había conocido a Lucía Pérez el viernes 7 de octubre de 2016 al venderle marihuana junto a una amiga afuera de la Escuela Media N°3. A eso le siguió un intercambio de mensajes que derivó en que al día siguiente, el sábado 8, la pasaran a buscar en la camioneta del segundo acusado, Juan Pablo Offidani -en la misma que se desplazaban al momento de la venta de drogas-, para ir hasta la casa de Farías.
Desde el inicio del debate las partes acusadoras sostienen que Farías concretó allí el abuso sexual tras la provisión de drogas -cocaína-, lo que causó una “asfixia tóxica” que provocó la muerte de la adolescente en medio de una situación de vulnerabilidad. Para las defensas se trató, en cambio, de “relaciones sexuales consentidas”.
En los alegatos, el fiscal Leandro Arévalo pidió la condena de prisión perpetua para Farías por considerarlo autor de los delitos y 20 años para Offidani como partícipe secundario. Las abogadas de la familia de Lucía, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini, solicitaron perpetua para los dos al entender que Offidani fue partícipe necesario y no secundario. Las defensas, a cargo de Solari (Farías) y César Sivo (Offidani), requirieron la absolución de ambos al entender que no existió delito en la muerte de la adolescente.
