Megacausa Anses: empezó el juicio contra 40 acusados por millonaria estafa al Estado
En total fueron 70 los imputados elevados a juicio, pero algunos resolvieron su situación previamente. La acusación y las características del debate.
Lo que en abril de 2018 empezó con la detención de cuatro abogados a partir de maniobras irregulares para el otorgamiento de prestaciones previsionales, retiros por invalidez y certificaciones de servicios truchos ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se convirtió en una megacausa por la que este martes se inició un juicio en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata con unas 40 personas acusadas (en total habían sido 69 las elevadas a juicio) por un total de 370 hechos de fraude y estafa contra el Estado por un monto total que alcanzó los $90 millones.
El debate arrancó este martes ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces subrogantes Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Mario Tripputi (más Karina Yabor como jueza suplente). El único juez titular, Roberto Falcone, se encuentra excusado del caso al igual que el fiscal ante el Tribunal, Juan Manuel Pettigiani, por lo que en este debate el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Nicolás Czizik, quien llevó adelante la investigación en su primera etapa cuando encabezaba la Fiscalía Federal N°2.
Una particularidad fue que tanto los jueces como el fiscal no estuvieron presentes en la sala del Tribunal en Mar del Plata y estuvieron conectados por videconferencia desde la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñan regularmente.
El debate comprende los dos tramos en los que la megacausa se investigó y había sido elevada a juicio y tiene en total a unas 40 personas acusadas: la mitad señaladas por integrar la asociación ilícita, entre las que se encuentran abogados, médicos, contadores y exfuncionarios y empleados de la AFIP, y las restantes que fueron beneficiarias de los trámites realizados de manera fraudulenta ante la Anses.
Los hechos de fraude que terminaron llegar a la instancia de juicio son 370 y en total fueron 69 los imputados (24 por formar parte de la asociación ilícita) aunque muchos de ellos resolvieron su situación procesal antes de llegar al juicio oral y público, incluso algunas horas antes del inicio de la primera audiencia.
Así, según explicó el fiscal Czizik, 11 firmaron en la previa juicios abreviados -que deberán ser homologados o no al final del debate por los jueces- al reconocer la acusación y acordar penas menores con el Ministerio Público Fiscal, 17 fueron sobreseídos por haber acordado la realización de una “reparación integral” del daño acusado a los fondos públicos y 3 fallecieron a lo largo de la tramitación de la causa.
Por su parte, de los casi 40 imputados que tiene el juicio iniciado este martes, unos pocos se encuentran detenidos con prisión domiciliaria. Se trata de los principales acusados, los abogados Rubén David Cagni, Miguel Iros, Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis Balbuena.
Tres de ellos (Iros, Cagni y Balbuena) estuvieron presentes este martes en la sala del Tribunal al igual que otros tantos imputados -incluso algunos de los que suscribieron juicios abreviados y debieron comunicarlo a los jueces-, mientras que otra tanda de acusados estuvieron conectados mediante la plataforma Zoom.
Según explicaron fuentes judiciales, el juicio se estima que se extenderá por espacio de más de un año teniendo en cuenta que se realizará una audiencia por semana (los martes a las 10) y que serán más de 100 las y los testigos que deberán pasar por el debate.
Algunos de los acusados de integrar o encabezar la asociación ilícita enfrentan también múltiples imputaciones por los delitos de defraudación contra la administración pública reiterado, uso de documento falso, alteración dolosa de registros, tenencia ilegítima de DNI ajenos y cohecho, mientras que a quienes fueron los beneficiarios para los cuales realizaron los trámites truchos se los acusa de defraudación contra la administración pública.
En el juicio la Anses participa como querellante -al igual que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y desde allí señalaron que la causa representa “una de las mayores estafas de la historia” contra el organismo. “La participación en el juicio se enmarca en las acciones que viene llevando adelante el organismo en pos de una mejora continua de los estándares de transparencia pública, la defensa del patrimonio estatal y la protección de las y los destinatarios de la Seguridad Social”, señalaron en la previa.
LA ACUSACIÓN
En el primer tramo de la investigación que se destapó con cuatro detenciones de abogados concretadas en abril de 2018 y otras cuatro provocadas días después, la Justicia determinó que en el estudio jurídico situado en la avenida Paso 2882 y 2890 funcionaba una organización delictiva denominada “Organización Jurídico Previsional”, integrada, en principio, por Balbuena, Cagni, Iros y Diez Suárez.
El allanamiento se realizó en 2018
Ellos cuatro, de acuerdo a la acusación, recibían la colaboración, entre otros acusados, de los médicos José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Rodrigo Néstor Jones, Luis Alberto Funes y Ariel José Fati más la contadora Daniela Andrea Livi y los funcionarios de la AFIP Alejandro De la Torre Kriskovich y Ramón Gerardo Tula.
En relación a la organización ilícita, según se desprende de la causa, la misma llevó adelante diversas maniobras, como la alteración de registros de la AFIP, tenencia de DNI, utilización de documentación y sellos médicos. Además, sus integrantes instalaron un consultorio médico no habilitado, ejercieron “influencia” sobre diversos funcionarios públicos a través de ofrecimientos económicos, y también se le atribuye la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros.
A través de las maniobras que se le imputan a los acusados para lograr los beneficios previsionales ilegítimos, además de generarle un “perjuicio patrimonial” millonario al Estado, la organización procuraba quedarse con el pago del retroactivo de la Anses, motivo por el cual también impulsaban la dilatación de los trámites.
Para la Justicia, desde su sede en Juan José Paso al 2800, la asociación “se valía principalmente de dos maniobras defraudatorias”, con colaboración de una importante cantidad de personas con roles específicos para concretar, entre otros aspectos de la organización, la confección de recibos de sueldo apócrifos o los propios trámites en la Anses.
En ese sentido, se pudo establecer que las maniobras consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa a los efectos de generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que luego resultaron ser los beneficiarios, con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.
Es así que en muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, proporcionando haberes que superaron el monto mínimo legal, y no realizando sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes.
Entre las maniobras detectadas por la investigación aparecieron la alteración de registros del sistema de AFIP, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados y la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico para lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica Nº 12 que conllevaron a elevar el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio a realizar y ofrecimientos de dinero a médicos de esa dependencia como modalidad para el caso de que tuvieran que intervenir sobre algún expediente de su estudio.
