Piden elevar a juicio la causa contra el fiscal general Fernández Garello
La fiscalía y las querellas solicitaron al juzgado de San Martín que elevación a juicio de la investigación por delitos de lesa humanidad.
Concluido el desarrollo de la instrucción luego de la que Cámara Federal de Apelaciones confirmara los procesamientos, la fiscalía y las querellas pidieron que sea elevada a juicio la causa por delitos de lesa humanidad que se le sigue al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y a otros seis ex agentes de inteligencia, acusados por el secuestro y la tortura de tres militantes comunistas ocurridos entre el 23 y el 24 de julio de 1981.
Según informaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -organismo impulsor de la denuncia-, en los últimos días y luego de que la jueza federal de San Martín Alicia Vence cerrara la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal, la CPM, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires requirieron la elevación a juicio de la causa.
Fabián Fernández Garello está acusado de haber participado en los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista. Los hechos se produjeron cuando el actual fiscal general se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
La acusación se centra en los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos” respecto a los hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de julio de 1981.
El caso alcanza también a otros seis acusados: Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Daniel Cammarota, Guillermo Horacio Ornstein, Ricardo Alberto Coronel y Jorge Norberto Apa.
En sus respectivas presentaciones, las querellas coincidieron en señalar la existencia en la investigación judicial de pruebas suficientes para avanzar con el proceso y llegar a la instancia del juicio oral y público. En ese sentido, valoraron las declaraciones de las víctimas y destacaron “la incontrastable información” que surge de los documentos del archivo de la Dippba que fueron presentados por la CPM.
De acuerdo a estos documentos, para las querellas se puede reconstruir cómo fue el circuito represivo que el 23 de julio de 1981 terminó con el secuestro y tortura de los militantes.
“La planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una ‘comisión conjunta’ con personal ‘idóneo’ de la Dippba San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo. Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención”, expusieron desde la CPM.
Los objetivos de estos operativos, según señalaron en su presentación, eran estrictamente políticos: forzar a las víctimas a suministrar información sobre otros “blancos” mediante “interrogatorios de inteligencia” que, en la mayor parte de los casos, implicó la tortura física y psicológica. En el pedido de elevación a juicio, la CPM remarcó que “los interrogatorios debían arrojar datos precisos para la continuación del raid represivo, tal como lo requería el Destacamento de Inteligencia 201”.
En este marco, sobre las torturas durante estos operativos, señalaron la declaración de Jorge Bulacios fue “contundente”: la víctima recordó que lo alojaron en un baño donde lo golpearon, después lo subieron a un auto y, con la puerta abierta, lo amenazaban con meter su cabeza debajo de la rueda.
“La participación del actual fiscal general de Mar del Plata en estos grupos de tareas le valió la felicitación promovida por el jefe de la Delegación Dippba San Martín, comisario Ramón Roberto Bustos —ya condenado por crímenes de lesa humanidad— y firmada por el director general de la DIPPBA. En la valoración anual de sus tareas, obtuvo un ‘sobresaliente’“, remarcaron desde el organismo querellante.
Por su parte, en el pedido de elevación a juicio el Ministerio Público Fiscal señaló: “Las pruebas demuestran que los hechos ocurridos no fueron un procedimiento de rutina sino que fue un operativo que siguió los lineamientos de los planes militares de la época. Es más, la modalidad delictiva empleada y la forma en que esta restricción se llevó adelante confirman que fueron vulnerados derechos humanos fundamentales”.
OTRO PEDIDO PARA QUE AVANCE EL JURY
Mientras se espera la decisión de la jueza Vence sobre el requerimiento de elevación a juicio, desde la CPM recordaron que todavía está pendiente por resolverse el inicio de un jury contra Fernández Garello. Es que luego de que por falta de quórum en septiembre y noviembre pasado no se reuniera el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia de Buenos Aires, una tercera audiencia había sido prevista para hace algunas semanas atrás, aunque previamente fue suspendida y debe ser reprogramada.
“Las instituciones de la democracia no pueden seguir protegiendo al fiscal general de Mar del Plata, sostenido institucionalmente por el procurador general Julio Conte Grand y políticamente por el bloque legislativo de Cambiemos, que evitó el juicio político. En la persecución y condena de los crímenes de lesa humanidad no puede hacer excepciones ni justificaciones. Fernández Garello debe ser inmediatamente suspendido de su cargo”, reafirmaron desde la CPM.
