Torturas en Malvinas: Abuelas de Plaza de Mayo pide avances a la Corte Suprema
El máximo tribunal tiene pendiente definir si considera los hechos denunciados por excombatientes como delitos de lesa humanidad.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo reclamó avances y pidió presentarse como “amicus curiae” -amigo del tribunal- en las causas que investigan torturas contra conscriptos argentinos -al menos dos de ellos marplatenses– en la Guerra de Malvinas por parte de sus superiores. Es que las investigaciones siguen a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a si considera los hechos denunciados como delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, si están en condiciones de ser juzgados.
Tras haberse cumplido el fin de semana 41 años del inicio del conflicto bélico, desde Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “la convocatoria a audiencias públicas en la causa sobre las torturas a excombatientes” a la espera de una resolución y, además, solicitaron que la institución sea aceptada para ocupar el rol de “amicus curiae”.
Bajo esa figura, expresaron, buscan poder expresar su opinión “dada la experiencia recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura”.
“A 41 años de comenzado y finalizado el conflicto bélico del Atlántico Sur, más de un centenar de víctimas, exsoldados conscriptos combatientes de Malvinas aguardan una respuesta efectiva por parte del Poder Judicial de la Nación, respecto de la práctica de torturas a las que han sido sometidos merced al obrar de las Fuerzas Armadas Argentinas”, sostiene el escrito y resalta que en el expediente hay al menos 95 militares denunciados “que han eludido la acción jurisdiccional”.
Esta causa, remarcaron desde Abuelas, “detenta un importante valor en términos del derecho a la verdad tanto para las víctimas como para el pueblo argentino”.
“Siendo Abuelas una asociación compuesta por víctimas y familiares creemos ser idóneos para aportar lineamientos que echen luz sobre determinados aspectos del caso judicial”, define el escrito elevado al máximo tribunal de Justicia del país.
Las denuncias fueron radicadas a partir de 2007 en la Justicia Federal de Tierra del Fuego, involucran a unos 130 militares de los cuales 95 fueron imputados y tres habían llegado a ser procesados hasta que la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión.
El 30 de mayo de 2022, la sala I de Casación hizo lugar, por mayoría, a un recurso de cuatro imputados -los tres procesados y uno al que le habían dictado falta de mérito- y se basó para ello en un fallo anterior de ese mismo tribunal. En ese expediente, se había revocado la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de no declarar la prescripción de la acción penal.
En aquella resolución la Cámara de Apelaciones había denegado la extinción de la acción penal por considerar que no era extensiva o aplicable la decisión de la Sala I de la Casación que, en septiembre de 2009 y con una integración distinta, había dispuesto que los hechos imputados no eran delitos de lesa humanidad.
Pese al paso del tiempo, la Corte Suprema sigue sin analizar la cuestión de fondo que permita impulsar -o no- el juzgamiento de los militares por esos crímenes contra ex combatientes de Malvinas.
Son más de 160 los soldados conscriptos que declararon como víctimas o testigos de torturas como estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas, de los cuales al menos dos son parte del Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata, según confirmaron tiempo atrás a Qué digital.
Sin embargo, todavía se estima que hay muchos testigos y víctimas que aún no se animaron a denunciar a sus superiores, por eso recurrentemente se acude a campañas de concientización y de impulso a las denuncias para sumarlas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia contra el terrorismo de Estado desplegado de manera sistemática desde inicios de los 70 y sobre todo en la dictadura militar 1976-1983, y también en la guerra de 1982.
