Vacunación contra el covid-19: anularon la cautelar dictada por el juez López
La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto la medida que apuntaba a frenar la vacunación hasta los 16 años.
“No resulta razonable sostener que la información disponible no sea la adecuada”. Bajo esa afirmación, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el polémico juez Alfredo López hace un mes por medio de la cual apuntaba a suspender la campaña de vacunación contra el coronavirus en relación a las personas menores de 16 años.
La cuestionada decisión del titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo López, había sido dictada el 30 de noviembre en el marco de un amparo colectivo patrocinado por un abogado de activa militancia antivacunas -al igual que el magistrado- y puntualmente dispuso “la suspensión de la promoción de la campaña/plan de vacunación contra el covid-19 en bebés y niños cuyo rango etario se encuentre comprendido entre los seis meses y 16 años de edad” al afirmar que existía “falta de información” para el acceso de la población a la inmunización.
El término “promoción” de la campaña de vacunación usado por el juez se explica en la no obligatoriedad de la campaña de vacunación, por lo que la inoculación siguió adelante en todo el país.
Contra esa cautelar dictada por López los abogados del Ministerio de Salud formalizaron un recurso de apelación en el que pidieron que se revoque la decisión, lo cual terminó por ocurrir este jueves aunque los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez no archivaron la causa como también requerían las autoridades sanitarias.
Los jueces resolvieron dejar sin efecto la cautelar al coincidir con el recurso de apelación respecto a que al no ser obligatoria la campaña de vacunación una medida de ese tipo no presenta “verosimilitud en el derecho”.
Al tomar esa decisión los jueces se apoyaron en tres elementos: el primero fue que “toda campaña de vacunación existe un claro interés público comprometido” por lo cual los jueces deben “tener aún mayor prudencia a la hora de evaluar los actos”; mientras el segundo fue que el hecho de no ser obligatoria la aplicación de la vacuna permite a cualquier persona “ante menor sospecha o si consideraran insuficiente la información suministrada al respecto decidir no llevar a cabo la vacunación, sin necesidad siquiera de manifestar las razones para ello”.
Y el tercer argumento fue que las propias personas que iniciaron los amparos aportaron “una profusa información que el gobierno ha puesto al alcance de los ciudadanos respecto de la vacunación contra el covid a lo que debe sumarse los datos u opiniones divulgados en los medios masivos de comunicación y la información que individualmente los médicos y agentes de salud brinden en cada caso particular”.
De esta manera, concluyeron que “no resulta razonable sostener en esta instancia cautelar que la información disponible no sea la adecuada para llevar a cabo el plan de vacunación propuesto por el Estado en este caso”.
Al igual que ya lo plantearon ante otras actuaciones del juez López en diversas causas, los camaristas plantearon en su resolución que “el Poder Judicial no está legitimado para diseñar, en general, las políticas públicas (en este caso, las referidas al derecho a la salud y –más puntualmente- al acceso a la vacunación contra el covid), pues tal tarea pertenece a los restantes poderes del Estado”.
“En el restrictivo marco de actuación que tiene el Poder Judicial en estos casos a efectos de no violentar el principio constitucional y republicano de división de poderes, no existen elementos suficientes para interferir judicialmente en la campaña de vacunación llevada a cabo por el Gobierno Nacional respecto de las personas menores de 16 años”, reafirmaron al señalar que “la información disponible (en todos los medios) luce a priori suficiente para tomar la decisión de vacunarse o no (puesto que la vacunación es voluntaria)”.
