Choferes fantasmas: piden que intervenga la Justicia Federal
El abogado que representa a un grupo de personas desempleadas que perdieron sus beneficios sociales por figurar como empleados en blanco en las empresas de transporte considera que se trata de “un posible delito federal”.
El abogado que representa a un grupo de personas que perdieron sus beneficios sociales por haber aparecido como empleados en blanco en las declaraciones juradas de las empresas de colectivo de la ciudad, pide que la investigación por los “choferes fantasmas“ pase a la Justicia Federal, ya que quedó demostrado que el incremento de empleados impacta en la cifra de subsidios que reciben y eso es “un posible delito federal”.
El abogado de la Casa del Trabajador, Julio Hikkilo, asegura que “existen indicios fuertes que dan cuenta que esta maniobra podría haber sido realizada no solo para lograr el aumento del boleto de colectivo, sino además, para obtener -mediante a un ficticio número de empleados- millonarias sumas en concepto de subsidios nacionales. Siendo esto un posible delito federal, debe ser investigado por los fiscales y Jueces de dicho fuero”.
El pedido de Hikkilo va en la misma sintonía que las conclusiones a las que llegaron en la Fiscalía de Delitos Económicos. La Justicia Provincial ya está en condiciones de definir el tipo de delito y concluir si se trata de competencia Federal o no.
El fiscal que investiga el caso, Fernando Berlingeri, concluyó que los 390 “choferes fantasmas” que figuraban como contratados por las empresas de colectivo entre diciembre de 2015 y enero de 2016 (algunos nombres se repiten en más de una empresa) impactó directamente en el monto de subsidios que recibieron. Según los números que maneja el Ministerio de Transporte de la Nación, las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y Libertador habrían cobrado por ese período cerca de $11.500.000 en subsidios nacionales por empleados que nunca contrataron.
CHOFERES FANTASMAS
Certificado de baja de una empresa de transporte de una persona que asegura que jamás trabajó ahí (Foto: QUÉ Digital)
La investigación comenzó en abril, cuando el abogado de la Casa del Trabajador, Julio Hikkilo, denunció a las empresas de colectivo de la ciudad –25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y Libertador- por haber incluído en sus declaraciones juradas a empleados en blanco que jamás habían contratado. Esos empleados -en principio unos 20, luego terminaron siendo 390- eran desempleados que habían dejado su curriculum para trabajar como choferes.
Las vidas de estos “fantasmas” se vieron perjudicadas por estar en blanco en empresas que nunca les dieron trabajo: perdieron las asignaciones universales por hijo, el seguro de desempleo y otros beneficios de ayudas sociales que gozaban por no tener empleo.
La mayoría de estas personas, luego de tener que volver a tramitar todo en Anses, recuperaron la Asignación Universal por hijo, pero en algunos casos, como en el seguro de desempleo, tuvieron que pagar una multa al Estado por no haber avisado que tenían un trabajo en blanco. Es decir, tuvieron que pagar una multa al Estado por no avisar que tenían un trabajo en blanco del que desconcían y por el que nunca cobraron un centavo.
